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La derecha ataca a Puig con los indultos y sus socios del Botànic le acorralan con la reversión de Torrevieja

El jefe del Consell defiende la necesidad de buscar «soluciones políticas» en Cataluña, critica la concentración de Colón, y enerva a Compromís y Unides Podem por esquivar sus preguntas sobre el sistema sanitario

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, durante la sesión de control en las Cortes. | MANUEL BRUQUE / EFE

El guion se cumplió. Los indultos a los presos del «procés» sobrevolaron este jueves la sesión de control al presidente de la Generalitat. La oposición acudía dispuesta a caldear el ambiente en la antesala de las concentraciones contra la medida de gracia que planea Pedro Sánchez, la de Colón y las convocadas también en la Comunidad. La derecha perseguía poner el foco en Cataluña y, por tanto, en la hoja de ruta del Gobierno central. Era su estrategia para embestir contra un Botànic que se posiciona a favor de «buscar soluciones políticas para un problema político», tal y como defendió el jefe del Consell. Ximo Puig confrontó con la bancada de PP, Cs y Vox, pero tuvo que lidiar también con los dardos envenenados de sus propios socios. Desde Compromís y Unides Podem trataron de acorralar al socialista con preguntas sobre la inminente reversión del departamento de salud de Torrevieja, pero obtuvieron respuestas esquivas, imprecisas, y los valencianistas se lo acabaron reprochando.

La jornada registrada en el Parlamento valenciano evidenció la estrategia de la derecha de buscar un cara a cara en clave nacional con tal de desgastar al titular del Consell, que una semana más acudió dispuesto a poner sobre la mesa el resultado de su gestión de la pandemia. En términos sanitarios, con la incidencia de contagios más baja de toda España y, al mismo tiempo, sacando pecho de los casi 1.000 millones de euros en ayudas articuladas para los sectores afectados por la crisis del coronavirus. Fueron argumentos que Puig enarboló en sus intervenciones, pero que el principal partido de la oposición, el PPCV, se esforzó en contrarrestar con viejas y nuevas líneas de ataque. Eva Ortiz volvió a poner sobre la mesa la polémica por el recorte el trasvase Tajo-Segura, la infrafinanciación autonómica y la subida del recibo de la luz, exigiendo a Puig que impulse un plan de ayudas para paliar ese encarecimiento en la Comunidad. La portavoz popular no tardó en entrar al barro con el asunto del secesionismo catalán, responsabilizando al presidente valenciano de «dar cobertura a los delincuentes condenados». El presidente contraatacó con datos sobre las medidas articuladas por su Gobierno para no dejar caer a los más vulnerables, censuró la falta de lealtad institucional del PP en torno a la cuestión catalana y acabó diciendo que, cuando gobierna precisamente ese partido, «crecen los independentistas». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, consideró que fue el recurso de los populares contra el Estatuto de esa autonomía lo que generó la situación de «enconamiento político con la cuestión de Cataluña»· La líder de Compromís recalcó en sus intervenciones que la del jueves era una sesión de control al Botànic, no al Gobierno central, pero la oposición continuó su batalla. Según el Consell, porque no tienen por dónde atacar con la pandemia.

Ruth Merino, de Cs, afeó al presidente que apoye los indultos: «Menos apoyar a delincuentes condenados y más solucionar sus líos botánicos», le espetó, a lo que el jefe del Consell le contestó cuestionando de qué sirvió el apoyo que los votantes catalanes dieron a su formación cuando ganó allí las elecciones, si no consiguieron hacer nada para encontrar soluciones. «Se van a volver a hacer el domingo la foto en Colón», una foto que, según Puig, promueven «los radicales del lado contrario». Llegados al punto actual, defendió, «no podemos mirar hacia otro lado», dijo sobre los indultos y habló de la falta de lealtad institucional.

Fran Ferri, síndic de Compromís, preguntó a Puig si se va a cumplir el acuerdo para devolver la gestión pública la sanidad de Torrevieja siguiendo el modelo Alzira, y Pilar Lima, de Unides Podem, exigió aplicar esa misma fórmula, la única que contempla su grupo frente a opciones «mercantilistas», apostilló. A ese respecto, el presidente reiteró, una vez más, que lo importante es que los tres socios coinciden en la importancia de acabar con la concesión sanitaria, pero eludió el compromiso a aplicar el modelo propuesto por sus socios e insistió en que habrá que buscar la opción más eficiente. «Es evidente que Puig no ha contestado a mis preguntas sobre el nefasto servicio de cercanías, la sanidad pública o la industria audiovisual. Espero tener más suerte en próximas ocasiones», acabó diciendo Ferri en redes sociales.

El presidente descarta el adelanto electoral

El titular del Consell, Ximo Puig, contestó con un taxativo «no» a la pregunta formulada por Vox en el pleno, que se interesó sobre si pensaba adelantar las elecciones en la Comunidad, una cuestión que, según la síndica de la ultraderecha, Ana Vega, debería hacer para «ahorrar sufrimiento» a la ciudadanía y «devolver la voz» a los valencianos. El jefe del Consell le replicó que parece que viva en un «país imaginario», como el de «Libertonia» de los Hermanos Marx por plantear un escenario «catastrófico». En otra respuesta a Compromís, Puig auguró que el Botànic es un pacto «que va mucho más allá de seis años», negando de nuevo el adelanto electoral.

Valenciano, ni un problema ni un obstáculo

Cs volvió a agitar el debate de la lengua al reprochar al Consell sus intentos de imponer el valenciano. María Quiles acusó al Botànic de vulnerar la normativa al dirigirse exclusivamente en valenciano para citar en el proceso de vacunación contra el covid. Gabriela Bravo contestó que la nueva Ley de Función Pública garantiza el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración en ambas lenguas. Aseguró que se va a constituir un grupo de expertos para trabajar en criterios razonables para que el valenciano «ni sea un problema para la ciudadanía, ni un obstáculo, ni tampoco el demonio. Es un derecho que se va a garantizar con la nueva ley». 

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