La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha evidenciado hoy su aparente sintonía con la propuesta realizada por el Jefe del Consell, Ximo Puig, para que el personal funcionario de la Administración tenga la obligación de informar de sus reuniones con lobbies, es decir, con grupos de interés que se relacionen con los poderes públicos. En ese sentido, la portavoz autonómica ha manifestado que no ve "mala idea" incluir esa propuesta en el marco de la nueva normativa que está preparando el Consell. Sin embargo, ha subrayado sus dudas de que ese extremo pueda ser incluido en el decreto que desarrolla la ley que regula los grupos de interés en la Comunidad Valenciana.
Por el momento, según ha indicado la también consellera de Igualdad y Políticas inclusivas, no existe fecha para que el citado decreto llegue al seno del Gobierno valenciano para plantear su aprobación, y eso es algo que ocurrirá "cuando esté maduro", ha señalado. Se trata de una normativa que lleva meses atascada y que está siendo impulsada por la Conselleria de Participación y Transparencia, liderada por Rosa Pérez Garijo.
La vicepresidenta ha ido más allá y ha indicado que, incluso, "no le parecería una mala idea" que se extendieran las obligaciones de transparencia patrimonial también a altos funcionarios que toman decisiones técnicas o deciden adjudicaciones.
No obstante, ha considerado que para este tipo de modificaciones podría ser necesaria una norma con rango legal: "No creo que se puedan introducir por decreto". Respecto a la anonimidad del denunciante, ha indicado que ya lo prevé la propia ley, por lo que "una disposición de rango inferior no puede enmendar la plana a una de rango superior".
Vuelta de tuerca
En concreto, Presidencia de la Generalitat quiere que el personal funcionario tenga la obligación, al igual que la tienen los altos cargos, de informar de sus reuniones con los grupos de interés, es decir, con aquellas entidades o personas físicas que se relacionan con los poderes públicos y ejercen una actividad de influencia.
Esta petición formulada a la Conselleria de Participación y Transparencia supone una vuelta de tuerca al decreto que desarrolla la ley que regula los grupos de interés en la Comunidad Valenciana, ya que la norma actual señala a las personas que ocupan cargos públicos como las responsables de hacer constar en un registro la información relativa a este tipo de encuentros.
El texto, aún pendiente de aprobar, insta al personal empleado público a que dé cuenta a su responsable directo si ha tenido contactos con los lobbies. Su identidad también debe aparecer en los informes que reflejan una actividad de influencia, por ejemplo, en la elaboración de leyes, pero en todo caso la norma no le obliga a dar cuenta de sus contactos, informa Julia Ruiz.
