Una representación de sindicatos, empresarios, partidos políticos y entidades sociales han hecho un frente común esta mañana para concentrarse frente al Congreso de los Diputados en Madrid y exigir un sistema de financiación que sea justo con la Comunidad.
El objetivo de esta protesta era alzar la voz para que el Gobierno comprometa una fecha de presentación de su propuesta de nuevo modelo de de financiación y comience así la negociación con las comunidades autónomas y que, además, en los presupuestos generales de 2022 se recoja una nivelación de la financiación de todos los territorios, para que los valencianos dispongan de más recursos "que hagan posible unos servicios públicos de calidad, necesarios para garantizar la igualdad y los avances sociales, tal como se ha puesto de manifiesto especialmente en esta pandemia", según han indicado la Plataforma por una Financiación Justa.
Además de PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, a este acto reivindicativo hoy se ha sumado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, pese a que el PP no forma parte de la plataforma. Representando a los sindicatos han acudido Juan Cruz e Ismael Saéz y también ha asistido Salvador Navarro, presidente de la CEV. Además de otros cargos políticos han estado presentes el síndic socialista Manolo Mata, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, o la secretaria del Bloc-Compromís, Águeda Micó.
Los asistentes han querido trasladar un mensaje de urgencia y recordar que si se suma infrafinanciación e infrainversión, la discriminación de la Comunidad aumenta, teniendo en cuenta que la renta per cápita es 12 puntos inferior a la media. "Sin embargo, somos la autonomía que menos recursos por habitante recibe; la única que, a pesar de ser pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía valenciana", han dicho los manifestantes, que han insistido en que los valencianos se han visto en la obligación de enfrentarse a los retos que tienen como sociedad "cargando con la mochila de la discriminación". Los datos son categóricos: cada valenciano recibe 237 euros menos que la media de ciudadanos del Estado, o 839 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y 29% menos de recursos, respectivamente. Esas diferencias son la causa fundamental de los mayores déficits presupuestarios, generados año tras año en la Comunidad.
Con estos motivos, los sindicatos, la patronal y los grupos políticos han querido recoger el sentir de la movilización social del 18 de noviembre de 2017 para reivindicar una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos tener unos servicios públicos fundamentales dignos. "Una reforma para que nunca más haya ciudadanía discriminada solo por el hecho de pertenecer en un territorio", han dicho. También han insistido en la importancia de aprobar un reparto de las inversiones y una ejecución presupuestaria que compense el déficit inversor en la Comunidad Valenciana y dedique una cantidad de recursos ajustada a su peso poblacional, tal como recoge la reforma de nuestro Estatuto de autonomía aprobada por las Cortes.
