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La España periférica reclama un avance descentralizador tranquilo

La gran divergencia es la autonomía fiscal, con el «dumping» de Madrid de fondo

Puig, Moreno Bonilla, Armengol y la moderadora en el Cercle d’Economia de Barcelona. Feijóo intervino telemáticamente. | ZORRAKINO / E.P.

Quizá las reformas de la financiación y de los grandes temas de la agenda autonómica no son tan complejas como el Gobierno, desde el centro de España, quiere extender. Que el diálogo calmado es posible y que hay un sustrato común de ideas quedó claro en el encuentro que ayer mantuvieron los presidentes de la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Andalucía (dos del PSOE y dos del PP), propiciado por el Cercle d’Economia de Catalunya. Que los mensajes de diálogo y puntos de encuentro surgieran en Barcelona tiene un significado especial hacia los defensores de la ruptura como forma política. Es de suponer que algo así buscaba la institución con estas jornadas que ya han provocado una fotografía del rey con el presidente catalán. No es mucho, pero es algo.

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Ximo Puig, Francina Armengol, Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla no dejaron grandes ideas nuevas. Se movieron en el terreno de los discursos manejados con fluidez. Lo nuevo fue la coincidencia pública. Esta lanza un mensaje al Ejecutivo central (el ministro Miquel Iceta estaba en el acto) de que es posible hacer algo en financiación y descentralización, aunque sea más cómodo pensar que no se dan las condiciones. Como dijo el presidente andaluz, se requiere «generosidad y audacia», pero el Gobierno de España ha de asumir un papel de «liderazgo». Es importante la reflexión después del jarro de agua fría que la ministra de Hacienda lanzó el martes pasado a la delegación valenciana que acudió a su despacho a reclamar un nuevo modelo.

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Ximo Puig perfiló el estado de la cuestión después de escuchar a sus homólogos en Andalucía y Galicia, de un partido contrario al suyo. «Hay un consenso en contra del sistema [de financiación], ahora hay que pasar a un consenso a favor», afirmó.

La euforia en torno a la reforma obviamente es mayor en los representantes de los territorios perjudicados que en el que no lo está (Galicia). Aún así, Núñez Feijóo admitió el acuerdo general para revisar el modelo. A partir de ahí, hizo hincapié en la responsabilidad de los presidentes autonómicos en el control del gasto y en que la población no puede ser el único criterio. Y dejó una idea para la discusión: «España no tiene recursos para el nivel de servicios públicos que estamos prestando».

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Puig discrepó. «España creo que puede pagarse este sistema del bienestar», dijo. Pero para ello consideró necesaria una reforma fiscal.

La idea de la armonización fiscal derivó así en otro eje del debate. La socialista Francina Armengol defendió que debería haber unos tipos impositivos mínimos para todos. Es una forma de combatir la «deslealtad» de Madrid. Puig también hizo varias referencias al avance del centralismo durante los años de consolidación de la España autonómica. Frente a ellos, Moreno Bonilla insistió en la «autonomía fiscal» de cada territorio. Puig le contestó que «no puede ser que armonicemos impuestos en Europa y sí aceptemos el dumping en España». Señaló que no tiene interés en subir impuestos, pero es necesario un nuevo modelo fiscal.

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Donde no hubo divergencias fue en reconocer los avances logrados desde 1978 con el Estado de las autonomías. Y en rechazar las aventuras independentistas. Para Puig se trata de una de las disfunciones de un sistema que necesita actualización después de 40 años y que en algunos aspectos «está agotado». Fue quizá el que más lejos llegó en apreciaciones como que «el megacentro (Madrid) no da las suficientes oportunidades a la España periférica». Quizá por ello el valenciano y la presidenta balear fueron los únicos aplaudidos en la sala.

El estatus del País Vasco no se toca

¿Hay que cambiar el régimen del concierto y el cupo vasco y navarro para una nueva financiación? Fue una pregunta que se puso sobre la mesa de debate con una coincidencia total de los cuatro presidentes: no tocar lo establecido en la Constitución. Sería una reforma demasiado compleja. «Las enmiendas a la totalidad no mejoran el sistema», dijo Feijóo. Puig coincidió, pero defendió que sin cambiar el cupo se deben evitar privilegios. Armengol reclamó transparencia en el reparto.

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