La Coordinadora de Empleados Públicos en Fraude de Ley y los sindicatos Intersindical, CNT y CGT, así como otros colectivos, protagonizaron este viernes en varios actos de protesta en Alicante para reclamar la «fijeza» de sus contratos, en concentraciones que coincidieron con una convocatoria de huelga general del personal público.
Los interinos reclaman la «fijeza» con base en la directiva europea que indica que no se puede hacer uso de los contratos temporales más allá de los tres años: «No pedimos que nos hagan funcionarios, pedimos que el personal se quede como está, incluso con la figura de personal fijo a extinguir hasta la jubilación», afirmó a este diario Victoria Lorenzo, delegada sindical en Alicante. La plataforma también reclama la paralización de los procesos selectivos hasta que se produzca la modificación del EBEP anunciada por el ministro Miquel Iceta y que, a su vez, el Gobierno aplique medidas para el personal que está en fraude de ley por abuso de temporalidad en la actualidad. «Se pide la fijeza o permanencia en los puestos que ocupan dado que no tienen que acceder a la Administración porque ya están dentro», apostilló Victoria Lorenzo, para añadir que «es una pena que gente que lleva treinta años de servicios prestados en la Administración tenga que pasar un examen enfrentándose a gente mucho más joven cuando ya ha demostrado sobradamente su capacidad».
Unas 600 personas, según la organización, participaron en la concentración convocada por la mañana en la Plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, y una posterior manifestación que comenzó a las siete de la tarde en las escaleras del Jorge Juan.
La Coordinadora Valenciana de Empleados Públicos en Fraude de Ley y los tres sindicatos también convocaron para este viernes una huelga general en las administraciones públicas en protesta por «el abuso de la temporalidad» que afecta a la Administración General del Estado, la Administración autonómica, las diputaciones, la Administración local, agencias y empresas públicas, entidades de derecho público y universidades, y a los trabajadores públicos sea cual sea la modalidad de su relación laboral. Los manifestantes también mostraron su desacuerdo con el proceder de la Diputación en lo referente al llamado proceso de estabilización que se está llevando a cabo. «Tras años trabajando en esta Administración y, tras años sin tener la oportunidad de consolidar el empleo, ahora nos obligan a examinarnos», aseguraron.
