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El PSPV plantea expulsar a los cabecillas de la revuelta contra el alcalde de San Vicente del Raspeig

El partido también plantea sancionar a cuatro de los concejales que tumbaron la modificación urbanística que llevó el alcalde al pleno, aunque la decisión final depende de Ferraz

Trabajadores municipales, grupos políticos y hasta ediles socialistas afines a José Luis Lorenzo asistieron a la concentración.

Castigo ejemplar. Eso es lo que propone el PSPV para ocho de los díscolos socialistas de San Vicente del Raspeig a los que se les abrió un expediente informativo tras la fractura en el seno del grupo municipal y los ataques al alcalde, Jesús Villar. Es el caso de la exjefa de prensa y secretaria general de Juventudes Socialistas en el municipio, Ana López; el que fuera concejal de Urbanismo y figura clave de la moción de censura contra el PSOE en 2001 al convertirse en tránsfuga, José Gadea; el exportavoz municipal Jesús Arenas; y el cabecilla de los «rebeldes», José Luis Lorenzo, los instructores consideran que han cometido una falta que puede llegar a ser muy grave, lo que podría llevar aparejada la expulsión del partido. Mientras tanto, determinan que los regidores Lucía Rubio, Guillermo García, Isabel Candela y PIlar Alcolea han incurrido en una falta grave, lo que podría suponer la suspensión de la afiliación y la inhabilitación de cargo público u orgánico en un periodo que podría ir de los dos meses a los 18 meses.

Todo comenzó en el mes de febrero, coincidiendo con la renuncia de la número dos y edil de Educación, Belén Arques, por desencuentros con José Luis Lorenzo. A partir de ahí, las cosas se precipitaron. La fractura abierta en el seno del grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig se agravó: de una parte, estaba el grupo de los ediles sanchistas comandados por José Luis Lorenzo, con José Gadea tratando de controlar el Ayuntamiento en la sombra; de la otra, el alcalde, Jesús Villar. Y así fue como empezaron a salir los mensajes en los que la ya exjefa de Prensa, Ana López, expresaba su deseo de «cortarle el cuello» al alcalde. O las descalificaciones de José Luis Lorenzo contra funcionarios municipales y la posterior reacción en cadena pidiendo su dimisión, lo que le costó tener que renunciar a su acta. O los chats de los regidores díscolos en los que se daba cuenta de procesos de licitación en grupos de WhatsApp que operaban al margen del alcalde y en los que había otras personas que no eran concejales, entre ellos Gadea. Unos chats -los de los ediles críticos- que, en la práctica, funcionaban como un grupo paralelo al margen del municipal, y en los que no sólo se descalificaba al alcalde, sino que incluso se daba información sensible sobre procesos de contratación. Y, de por medio, la humillación pública de los sanchistas a Villar, después de que le tumbaran en un pleno la propuesta que llevaba sobre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pese a que contaba con los informes técnicos favorables. Así pues, el PSPV decidió tomar cartas en el asunto y no sólo optó por apoyar públicamente al alcalde, sino que abrió un expediente informativo, que ahora se salda con una propuesta de sanción para ocho de los socialistas sublevados. Las conclusiones, no obstante, se han traslado a Ferraz, que es quien tiene la última palabra.

En concreto, en el caso de Ana López, el PSPV entiende que ha cometido una falta grave e incluso muy grave por las ofensas personales lanzadas contra Villar. Sólo un dato: entre los mensajes que llegaron a salir públicamente a la luz, había alguno en el que afirmaba que «lo que me pide el cuerpo es cortarle el cuello a Jesús Villar y a todos sus seguidores y enterrarlos en las tierras del Raspeig».

En paralelo, los instructores destacan en el apartado de José Gadea los mensajes de audio remitidos a un grupo en los que se hablaba de revisar bases de licitación de procesos de contratación, de las injerencias en materia urbanística o del acceso privilegiado que tenía a determinados datos que, en teoría, deberían estar reservados al equipo de gobierno. Todo estando fuera del Ejecutivo local. No sólo eso. También se pone el acento en que aún hoy se asocia a Gadea con la moción de censura que en 2001 apeó a los socialistas del Gobierno municipal y dio la vara de mando al PP. Se propone también, pues, la sanción correspondiente a una falta grave o muy grave.

Por lo que respecta a Jesús Arenas, ya exportavoz del grupo municipal y exedil de Contratación, en el expediente se hace hincapié en que filtraba expedientes e información sensible, pero también se resaltan los insultos al alcalde, por lo que propone una falta muy grave. Unas cuestiones que, a la sazón, los instructores consideran que constituyen conductas especialmente reprobables por lo que suponen de instrumentalización de una organización como el PSPV-PSOE, anteponiendo otros intereses a los generales del partido.

Finalmente, en cuanto al que siempre se ha apuntado como principal cabecilla de los díscolos, José Luis Lorenzo, en el expediente se recoge que era él quien daba las instrucciones para que determinada información se filtrara a personas ajenas al equipo de gobierno, entre las que destacan licitaciones y concursos. Plantea también una falta muy grave, y, al igual que en el caso de Arenas, el PSPV cree que se antepusieron intereses personales a los del partido.

En cuanto a cuatro de los concejales que votaron en el pleno en contra de la modificación urbanística que se había aprobado previamente en una comisión de urbanismo -Lucía Rubio, Guillermo García, Isabel Candela y Pilar Alcolea-, el expediente apunta a una falta grave por un comportamiento que consideran que carece de respeto, responsabilidad e integridad.

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