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Los socios de Puig y la derecha elevan la presión contra la infrafinanciación y acorralan al PSPV

Compromís alienta una manifestación en Madrid frente a Sánchez y Podem aprieta en las Cortes para exigir una propuesta antes de fin de año - El PP reta al presidente del Consell a someterse a una moción de confianza tras las tensiones del Botànic

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, en las Cortes. | M.A.MONTESINOS

El portazo protagonizado hace una semana por la ministra de Hacienda, al admitir que una reforma del sistema de financiación autonómico es prácticamente imposible a corto plazo, ha acabado agitando todavía más un tablero político, el valenciano, que ya se encontraba ciertamente tensionado. La realidad expuesta por María Jesús Montero, que reconoció que este asunto no forma parte de la agenda urgente del Ejecutivo central, ha generado reacciones en cadena que ponen en un aprieto al presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig. Desde Compromís se redobló ayer la presión frente al mal endémico de la infrafinanciación y se alentó la convocatoria de una manifestación en Madrid contra el Gobierno, mientras Unides Podem, por su parte, anunció que intensificará la batalla en las Cortes. Con ese escenario, la derecha no dudó en hurgar en la herida al evidenciar la encrucijada en la que se halla el barón socialista, en un momento en el que sus propios socios le están reclamando que se manifieste en la calle contra Pedro Sánchez.

El síndic de la coalición valencianista, Fran Ferri, fue quien hizo un llamamiento para pasar de las palabras a los hechos y organizar una protesta en la capital como la de 2017, con Rajoy en la presidencia y Montoro al timón de Hacienda. «El incumplimiento de la palabra de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, en este caso con la ministra de Hacienda, debe tener consecuencias», advirtió Ferri. El portavoz de Compromís fue un paso más allá y recalcó que esa manifestación debería estar liderada por el propio Consell del Botànic y por la sociedad civil, proponiendo incluso que se celebre en noviembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la impulsada hace cuatro años por la Plataforma por una Financiación Justa. De hecho, desde la patronal CEV y las organizaciones sindicales CC OO Y UGT-PV se coincidió en que en absoluto se descarta esa opción y, es más, será algo que probablemente se ponga sobre la mesa en la próxima reunión. También desde las filas del PPCV y de Cs confirmaron a este diario que participarán en las posibles movilizaciones, al igual que Unides Podem.

En el PSPV, en cambio, evitan mostrarse tan categóricos sobre esta posible marcha reivindicativa. Si bien es cierto que el síndic socialista en las Cortes, Manolo Mata, acudió la pasada semana a la protesta a las puertas del Congreso, ayer prefirió pasar de puntillas sobre esta posibilidad, la de una nueva manifestación multitudinaria. Aunque lo vería «muy interesante», dijo, hizo hincapié en que el «gran reto» es el endeudamiento de la Generalitat, aunque prometió que los socialistas no abandonarán «nunca la batalla ni la bandera». Mata se escudó en lo que viene siendo el hilo argumental de su partido sobre todo este asunto, y es que el Gobierno central está teniendo en cuenta el peso poblacional de la Comunidad a la hora de repartir recursos extraordinarios como los fondos covid y, asimismo, permitiendo que la Generalitat gaste lo mismo que otras autonomías a pesar de recibir menos fondos. Así, la estrategia de los socialistas pasa por intentar tejer alianzas con otras comunidades para presentar en Madrid una propuesta de consenso e, igualmente, por que se reconozca la denominada deuda histórica por la infrafinanciación. Por su parte, Unides Podem, con su síndica, Pilar Lima, aboga por que se negocie el nuevo modelo de de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas mediante un acuerdo de Estado y una profunda reforma fiscal «sin partidismo ni competitividad». El grupo morado pretende seguir plantando batalla con este asunto en el Parlamento autonómico y ha presentado una iniciativa para instar al Gobierno a presentar su propuesta de financiación antes de fin de año, junto a un fondo transitorio de nivelación y una reforma fiscal progresiva para compensar a las comunidades infrafinanciadas. Exige, además, que resuelva el exceso de deuda derivada y que mantenga en los próximos años la suspensión de reglas fiscales.

En este contexto, el diputado del PPCV Rubén Ibáñez retó ayer a Puig a someterse a una cuestión de confianza en las Cortes si este año no hay nuevo modelo de financiación, y «tras ser cuestionado por sus propios socios de Consell, mientras el aspirante único a liderar el partido, Carlos Mazón, aseveró que, «tras el ninguneo con el agua y la financiación no sé qué espera Puig a declararse en rebeldía ante Sánchez». Entre el resto de la oposición, Cs también ve a Puig «sumiso a su jefe», defiende el frente con otras comunidades y propone una comisión mixta Consell-Cortes para que todos los diputados trabajen en una hoja de ruta por la financiación. Vox cree que la financiación demuestra el «fracaso» del Estado de las autonomías.

Soler busca las claves para redefinir el modelo

El conseller solicita a los expertos una propuesta de reforma ante la cumbre con Baleares y Andalucía 

El responsable de las finanzas de la Generalitat, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha activado la maquinaria para tratar de definir cuál es la propuesta de la Comunidad para acometer una reforma del sistema de financiación autonómica a nivel estatal. Para ello, ha solicitado a la Comisión de Expertos nombrada por las Cortes la elaboración de un «documento de referencia que incorpore y defina cuáles son los elementos clave de la propuesta valenciana para la reforma del sistema de financiación». El objetivo pasa por poder presentar en las próximas cumbres con Andalucía y Baleares «un documento consensuado que nos permita abordar desde la seriedad y la rigurosidad de los datos, la reforma del modelo», indicó ayer Soler.

El conseller aboga por llegar a acuerdos entre los distintos territorios y, para ello, considera imprescindible crear un espacio de diálogo institucional que permita a las comunidades «trabajar de manera conjunta con el objetivo de encontrar la solución definitiva y más justa para todos». La pretensión final, destacó Soler, es definir un modelo «en el que todas las autonomías, incluidas las mejor financiadas actualmente, se vean beneficiadas, pero por encima de todo que acabe con la discriminación que sufrimos autonomías como Andalucía, Murcia y especialmente la Comunidad Valenciana».

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