La infrafinanciación que arrastra la Comunidad y la urgencia por articular mecanismos que garanticen un reparto justo y equitativo de los recursos del Estado ha vuelto a la primera línea de la agenda política valenciana. El desajuste económico forzado por la crisis derivada de la pandemia, y, por tanto, la necesidad de obtener fondos para apuntalar la estrategia de recuperación poscovid, explica en parte el resurgir de una histórica reivindicación que es compartida por los diferentes actores políticos y agentes sociales de la escena autonómica, aunque con posiciones ciertamente enfrentadas. El contexto es el mismo que hace unos meses, pero las últimas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha admitido que ni si quiera se está trabajando en una propuesta para presentar antes de final de año, tal y como se reclamó desde el Congreso de los Diputados, ha marcado un punto de inflexión. Compromís ha endurecido su discurso y aprieta al Consell para que se eche a la calle con tal de presionar al Gobierno central. Unides Podem, más comedido, apuesta por forzar la maquinaria a nivel institucional y el PSPV, socio de ambos en la Generalitat, hace equilibrios entre reivindicar lo que es de justicia y evitar, hasta donde sea posible, sacar los colores al presidente del Gobierno. Con ello, el caldo de cultivo perfecto para apuntalar el discurso de la derecha, que ha recrucedido sus críticas poniendo en el disparadero a Pedro Sánchez y Ximo Puig, a quien acusan de ser irrelevante en Madrid.
La infrafinanciación ha llevado a esta región a acumular una deuda de 51.117 millones, el 49,4% del PIB
La radiografía que hace la Conselleria de Hacienda determina que la capacidad financiera de las diferentes autonomías para afrontar la reconstrucción económica y social en un momento crucial, cuando se empieza a ver la luz al final del túnel debido, principalmente, al avance de la vacunación, no es precisamente homogénea entre territorios. La desigual financiación que reciben del Estado alcanza diferencias de hasta un 20% entre la región mejor financiada, Cantabria, que percibe 3.305 euros por habitante, en comparación con la que sale peor parada, la Comunidad Valenciana, con 2.582 euros. Dicho de otro modo, si el territorio presidido por el barón socialista recibiera la misma financiación que el liderado por Miguel Ángel Revilla, ingresaría cada año 3.550 millones adicionales, según se refleja en un informe realizado por el departamento de Vicent Soler, a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Fedea, tomando como base la población ajustada.
Entre las conclusiones del citado estudio se destaca que los recursos que el Gobierno inyecta en comunidades como Cantabria, La Rioja, Baleares, Extremadura y Canarias son suficientes para cubrir los gastos en materia de servicios públicos fundamentales. Es más, van sobrados. Perciben una media de 350 euros adicionales por habitante para el desarrollo de políticas de gasto adicionales. Al otro lado del tablero se sitúan la Comunidad Valenciana y Murcia, que para cubrir los servicios básicos tienen que aportar fondos de su bolsillo. Exactamente, 85 y 72 euros por habitante, respectivamente.
«A la espera de una solución global para toda España, necesitamos soluciones para el problema valenciano: fondos de nivelación y condonación de deuda»
No es una situación nueva. Viene repitiéndose por la aplicación de un modelo caduco desde 2014 que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez han abordado para insuflar el oxígeno que la Generalitat precisa. La fórmula está basada en un enrevesado patrón en el que convergen parámetros como el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, las transferencias de nivelación y un reparto discutible en el que confluyen la capacidades tributarias de los diferentes territorios y sus características geográficas. En resumen, un complejo sistema con diversas aristas que la hacienda valenciana quiere corregir con tal de que el nuevo modelo sea «sencilllo, transparente y predecible», reclama Soler.
Una de las derivadas de esta maraña normativa radica en que la Comunidad Valenciana se ve obligada a recurrir sistemáticamente al endeudamiento para poder seguir prestando servicios básicos -principalmente a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)-, lo que, unido al dispendio megalómano registrado durante años, sitúa a la región como la más endeudada con relación a su riqueza. La deuda autonómica alcanza los 51.117 millones de euros, lo que supone el 49,4% del PIB. En definitiva, el pez que se muerde la cola. A menos recursos, mayor déficit. Y nadie lo soluciona.
«Debemos exigir que el Gobierno cumpla el calendario pactado con Joan Baldoví y que el Consell lidere una gran manifestación ciudadana»
Exactamente, son 1.336 millones de euros los que el Botànic reclama como financiación adicional por anualidad al Gobierno de España, que es aproximadamente la cantidad que cada año se incluye en el presupuesto autonómico como «partida reivindicativa». Es un dinero con el que no se cuenta, no se ingresa en la caja de la Generalitat, pero desde Hacienda explican que se incluye en las cuentas autonómicas para poder afrontar los gastos ordinarios de servicios. El posicionamiento es claro. El Botànic se niega a ejecutar recortes en sanidad, educación o políticas sociales por el hecho de que el Estado no envíe lo que consideran que corresponde. El Ministerio de Hacienda lo sabe, y, es más, lo permite. Al final, se acaba financiando el déficit de recursos vía FLA. Con ello, la deuda sigue engordando. Y así sistemáticamente.
Una de las reivindicaciones más urgentes pasa por reclamar al Gobierno un fondo de nivelación que iguale a los valencianos en recursos y que sería, precisamente, de 1.336 millones de euros para corregir ese déficit estructural. También se viene reivindicando el reconocimiento de la deuda histórica -más de 25.000 millones- que se ha generado, precisamente, por el agravio en la distribución de fondos. No obstante, desde las filas socialistas se defiende que el Ejecutivo central ha cambiado su actitud, ya que, por primera vez, reconoce el maltrato a la Comunidad y en los fondos extraordinarios que ha venido repartiendo, los fondos covid, ya se ha tenido en cuenta el peso poblacional de la región.
«Las sintonías bilaterales pueden sumar, pero la negociación real empezará cuando haya un documento de inicio y multilateral»
Esa es una de las líneas en las que trabaja el PSPV, al tiempo que Puig promueve encuentros bilaterales con autonomías para tratar de poner sobre la mesa del Ministerio una propuesta que genere el mayor consenso posible. Es decir, se trabaja por un lado en parchear el problema valenciano y, por otro, para alcanzar una solución global. En la hoja de ruta del presidente están ya programadas las cumbres de Baleares y Andalucía para aproximar posturas.
El acercamiento del líder valenciano al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), se interpreta desde los círculos socialistas como una muestra del talante de Puig para negociar acuerdos más allá del enfrentamiento partidista, pero el PPCV ha hecho su propia lectura para señalar que el jefe del Consell necesita acercarse a mandatarios populares para intentar tener la fuerza que no consigue proyectar por sí solo. Además, el PPCV, liderado ahora por Carlos Mazón, ha cambiado el rumbo con respecto a la financiación. Mientras su partido se mostraba dócil con Mariano Rajoy y se quedó fuera de la foto de la manifestación del 2017 en Madrid, el nuevo líder participa en concentraciones como la organizada la pasada semana por la Plataforma por una Financiación Justa frente a la Cámara Baja. Es más, se muestra incluso dispuesto a acudir a la manifestación que está promoviendo Compromís, al igual que Cs y Unides Podem, pero que los socialistas no han defendido hasta el momento con la misma contundencia.
«Ximo Puig debe dejar la sumisión ante Pedro Sánchez, tiene que declararse en rebeldía. El PPCV lo tiene claro y lo vamos a defender donde sea necesario»
La hemeroteca constata que la vehemencia en las reivindicaciones de PPCV y PSPV, los dos grandes partidos que han manejado los hilos del país, para denunciar el perjuicio que viene sufriendo la Comunidad se ha ido modulando en función del morador de La Moncloa. Como resultado, la afrenta en el reparto de fondos sigue, al menos por el momento, sine die.
Los socialistas apuestan por la negociación con el Gobierno para que corrija el déficit financiero con la Comunidad e impulsan cumbres bilaterales con otras comunidades para consensuar una reforma global del sistema de reparto.
«El PSOE y el PP deben dejarse de partidismos, que se sienten a trabajar por la financiación. Que no nos mientan, ni unos ni otros»
La coalición ha redoblado la presión contra el Gobierno central y exigido la dimisión de Montero. Alienta una manifestación como la de 2017 para reclamar a Sánchez que cumpla su palabra y envíe a la Comunidad los fondos que le corresponden.
La coalición quiere que el Botànic elabore una propuesta que sirva para iniciar las negociaciones, unidad de estrategia y que el Gobierno central acate el mandato del Congreso para que se presente una iniciativa antes de finalizar el año.
«Que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada es una realidad que ni el PP ni el PSOE han querido solucionar nunca estando ambos en el Gobierno»
Los populares defienden que el Gobierno debe aprobar un fondo de nivelación para compensar a la Comunidad mientras no haya una reforma del sistema. Piden a Puig que exija de forma inmediata una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los liberales exigen la convocatoria de la comisión mixta entre las Cortes y el Consell de cara al encuentro entre la Comunidad y Andalucía, y quiere que se presente antes de 2021 la propuesta con un nuevo modelo para todas las autonomías.
Creen que la infrafinanciación demuestra el «fracaso» del Estado de las autonomías. Estima que no se pueden utilizar los fondos covid y de la UE para paliar ese hecho porque tienen una finalidad concreta y no se puede hacer un desvío económico.
Patronal y sindicatos apoyan una movilización pero piden consenso
Ni los representantes de los trabajadores ni el colectivo de empresarios descarta nuevas acciones para volver a alzar la voz para exigir un sistema de financiación que no siga causando perjuicios a la Comunidad Valenciana y, en definitiva, garantice las mismas oportunidades de futuro que en el resto del territorio estatal. En conversaciones informales ya se ha puesto sobre la mesa la oportunidad de organizar una gran manifestación que sume a los representantes de la sociedad civil y los partidos políticos e incluso Compromís, que forma parte del Gobierno del Botànic, ha propuesto que se celebre el próximo noviembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la sonora protesta de 2017 contra el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, asegura que, si se hizo con el Gobierno de Rajoy en el poder, no hay ningún problema en hacerlo con el de Sánchez si no hay una posición clara en cuanto a la solución, si bien apunta que cualquier decisión se ha de tomar en el seno de la Plataforma por una Financiación Justa. De igual forma se expresa Ismael Sáez, de UGT-PV, que ya avanza que la organización iría a cualquier manifestación con ese propósito, aunque recalca que todavía no se ha propuesto en firme esa opción. Juan Cruz, de CC OO-PV, aboga, asimismo, por hallar puntos de encuentro para acabar con el agravio. Si es necesario, saliendo de nuevo a la calle.
