La Conselleria de Sanidad no autorizó a que el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, (PP) se saltara su turno en la vacunación contra el covid. Al menos así lo han declarado técnicos de la conselleria citados como testigos en la causa que se sigue al también diputado provincial en un juzgado de La Vila. La Fiscalía le denunció por un delito de cohecho impropio.
Cano recibió la primera dosis el 6 de enero en una residencia de mayores de La Nucía cuyo acceso estaba restringido y donde se personó en pleno proceso de vacunación. La Fiscalía sostiene que tanto Cano con los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, a los que también ha denunciado, se aprovecharon de su cargo para saltarse la cola e inmunizarse cuando no les correspondía según el protocolo fijado.
Los coordinadores de este proceso que testificaron el martes así como la técnica de Salud dejaron claro que por parte de la Sanidad ninguna orden se dio para que al munícipe se le administrara la vacuna cuando supuestamente no le correspondía.
El médico de la residencia de mayores a la que Cano acudió junto con otras personas aquella tarde del día de Reyes, también citado como testigo, se ha limitado a decir que él nada tenía que ver con la administración de la vacuna, que es competencia de Sanidad.
La instrucción abierta por la magistrada Consuelo María Martínez continúa este miércoles con más declaraciones, entre ellas la de Cano, que ha comparecido en calidad de investigado. Paralelamente, la jueza ha solicitado un informe al centro para que identifique a todo el personal de Enfermería que intervino en la administración de la dosis al regidor. Unos testimonios que aún están pendientes.
También ha pedido a la Dirección General de Salud Pública que concrete si finalmente Cano ha acabado recibiendo la segunda dosis. Y a la Conselleria de Políticas Inclusivas, que aclare si el Ayuntamiento de La Nucía tiene algún tipo de responsabilidad en la gestión o supervisión de la actividad asistencial de la residencia donde fue vacunado.
La Fiscalía sostiene que por parte de los tres políticos denunciados se aceptó la vacuna «como una dádiva o regalo».
