En la nueva etapa que Carlos Mazón ha iniciado para consolidar su liderazgo en la Comunidad y hacer frente a las políticas del Botànic, una de sus principales apuestas ha sido la agenda social. El nuevo presidente del PP valenciano va a apoyarse en su gestión en la Diputación para tratar de ganar peso político y, además, acercarse a los votantes de sus rivales. Y, dentro de esa estrategia, ha decidido profundizar en uno de los temas más sensibles para la izquierda, como es la situación de los colectivos más vulnerables. El dirigente alicantino trata de evidenciar su giro hacia la moderación mediante reuniones con asociaciones en riesgo de vulnerabilidad que le aportan una imagen de moderación, aunque en cada entrevista que hace no cierra la puerta a futuros pactos con los ultraderechistas de Vox.
La Diputación destina un total de 42 millones a su agenda social, lo que equivale a casi un 18% de su presupuesto global. La institución ha incrementado este año un 50% las ayudas sociales para que los ayuntamientos de la provincia hagan frente a la crisis derivada del covid. Sin embargo, con este gesto no ha logrado su objetivo de acercar posturas con la oposición. Consideran, en este sentido, que las ayudas en esta materia son insuficientes y critican la gestión del PP. Los socialistas hacen hincapié en que ha sido el Gobierno de España el que ha abierto el grifo de la utilización de los remanentes de tesorería, liberando dinero que, entre otras cuestiones, se ha destinado también para la ayuda social.
La Diputación de Alicante destina en 2021 de forma extraordinaria un total de nueve millones para que los consistorios puedan sufragar la ayuda domiciliaria, la atención a las personas sin hogar, el refuerzo de las plantillas de los servicios sociales municipales y los servicios domiciliarios de rehabilitación, entre otros recursos dirigidos a atender a las personas vulnerables y las familias más desfavorecidas. A estos nueve millones, aprobados por unanimidad en el pleno de la Diputación, se suman los ocho millones del presupuesto ordinario del área de Bienestar Social, que dirige la diputada Mari Carmen Jover. Pero, además, las competencias impropias que tiene asumidas la Diputación en materia social tienen un coste de 25 millones anuales. La gestión del Hogar Provincial o del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, que la Diputación ha asumido durante lustros, es el principal argumento que ha utilizado Carlos Mazón para justificar su negativa al Fondo de Cooperación que impulsa el Consell.
La izquierda, pese a haber aprobado estas medidas, considera que son una «mera estrategia política» de Carlos Mazón para buscar la vía con la que llegar al Palau de la Generalitat. Ponen como ejemplo la negativa de la Diputación Provincial de Alicante a colaborar en el proyecto de construcción de centros sociales o el retraso de las líneas de ayudas para la concesión de subvenciones para artesanos ligados a las fiestas populares al ser un sector que a día de hoy continua con graves problemas ante el parón de todas las celebraciones. «Tampoco hemos entendido que se suprimieran las convocatorias de accesibilidad y las de políticas LGTBI. Por suerte esta última la hemos podido recuperar gracias a una moción del grupo socialista», asegura el portavoz socialista, Toni Francés.
El PP pide al Gobierno central un Pacto Nacional por el Agua
Los diputados y senadores mantienen una reunión para defender el trasvase Tajo-Segura
El PP ha presentado una proposición no de ley para exigir al Gobierno un Pacto Nacional por el Agua y que se cuente con todas las comunidades afectadas.
La PNL presentada exige también que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a retirar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que se convoque una mesa del agua para plantear los estudios hidrográficos del CEDEX y que se trabaje para alcanzar el tan necesario Pacto Nacional por el Agua. Los diputados nacionales por Alicante, César Sánchez y Macarena Montesinos, y los senadores, Pablo Ruz y Adela Pedrosa, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en la que se puso en valor la propuesta presentada en defensa del trasvase Tajo-Segura y de los regantes y agricultores de la provincia. El diputado nacional César Sánchez declaró que «disponer de una política de agua seria y solvente es clave para satisfacer las demandas y favorecer el desarrollo socioeconómico en todo el territorio, pero en especial en la provincia de Alicante». En otro orden de cosas, el presidente del PP provincial, Toni Pérez, pidió ayer al Gobierno de España que «no deje en la estacada» a la industria del calzado de Alicante ante la complicada situación que sufre por el conflicto arancelario con Estados Unidos y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «que luche con uñas y dientes la prórroga de la supresión de aranceles a una industria puntera y fundamental para la provincia de Alicante».
