La polémica por el sistema de ayudas a los municipios con los criterios que marca el Consell, el denominado Fondo de Cooperación Municipal, tiene todos los ingredientes para convertirse en un laberinto judicial y político. Las Cortes celebrarán un pleno extraordinario la próxima semana, en concreto el jueves 22 de julio, para iniciar la tramitación de la Ley del Fondo de Cooperación con el objetivo de obligar a la Diputación de Alicante a sumarse y dejar atrás el boicot de los últimos cinco años por el que las poblaciones alicantinas han dejado de percibir 70 millones de euros correspondientes a este plan. La inclusión en el pleno fue acordada este martes por la junta de síndics tras haber finalizado el plazo de enmiendas.
Si se mantiene la vía de la imposición para adherirse al plan, recurriremos
La Generalitat y la Diputación tienen visiones contrapuestas sobre cómo invertir sus fondos en los municipios, pero, más allá de los criterios de reparto, la clave de este pulso político es la intención de Ximo Puig y Carlos Mazón de marcar distancias uno frente al otro. En este primer pleno se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por Vox para, posteriormente, llevar el resto de enmiendas a la comisión y, una vez debatidas, elevar la ley al pleno. Esta tramitación ha provocado que Carlos Mazón, que cabalga sobre una ola de euforia desde que tiene resuelto su encaje como presidente del PP valenciano, haya amenazado con recurrir a la vía judicial con base en dos criterios. Por un lado, el PP defenderá la voluntariedad de adscripción al Fondo de Cooperación, frente a la obligatoriedad que propone el Consell con esta ley, y, en segundo lugar, abogará por el reparto de los fondos siguiendo un criterio poblacional que beneficie a los municipios más pequeños, similar al Plan Más Cerca de la Diputación. «Si se mantiene la vía de la imposición, recurriremos», según afirmó Mazón ayer a este medio, cuando supo de la agilidad que las Cortes están dando a la tramitación de la ley mientras, dicho sea, la comisión bilateral en la que las dos instituciones debían acercar posturas sobre este tema sigue atascada porque el Consell no la ha convocado.
Mazón siempre acaba oponiéndose pese a ser un proyecto bueno para el municipalismo
En las intervenciones que se produjeron en las Cortes durante el debate del plan autonómico, dentro de la fase de participación ciudadana previa a la tramitación del proyecto de ley, el dirigente alicantino denunció la imposición que supondría esta ley, aunque durante los cinco años en los que este fondo no era obligatorio y permitía a la institución aplicar sus criterios de reparto, la Diputación tampoco quiso sumarse. Este es uno de los asuntos que más está desgastando la relación institucional entre el Consell y la Diputación. A la negativa de sumarse a este sistema, el director general de Administración Local, Toni Such, contestó ayer criticando la postura del presidente de la Diputación: «Tanto si es una cosa como la otra, Mazón siempre acaba oponiéndose pese a ser un proyecto que es bueno para el municipalismo. Él no está de acuerdo nunca, se dedica a posicionarse en contra de una financiación estable». Toni Such aseguró que la apuesta del Consell será hacer una transferencia incondicionada de los fondos, primando los intereses de los pequeños municipios y teniendo en cuenta factores de población. El director general confirmó que, con esta sesión plenaria y la discusión de las enmiendas, se agilizará la tramitación de la ley que, según las previsiones del Gobierno valenciano, podría estar aprobada antes de finalizar el año.
En el próximo pleno de las Cortes también se aprobará un convenio entre la Generalitat y las juntas de Castilla y León y Andalucía para colaborar en el fomento de las competencias digitales y, además, se decidirá si convalida o no el decreto ley, aprobado el pasado viernes por el Consell, que califica el consumo de alcohol en la vía pública, el conocido como botellón, como infracción grave. También se debatirá el decreto que autoriza la modificación de las bases de concesión de ayudas al ocio nocturno para incrementar en 4,8 millones de euros la cuantía.
El Plan de Acción de la Agenda 2030 arranca con una veintena de aportaciones
La Diputación de Alicante ha iniciado este martes el Plan de Acción de la Agenda 2030 con una reunión en el Palacio Provincial en la que se ha abordado la transformación energética y el cambio climático, la protección del patrimonio histórico-cultural y natural, el desarrollo sostenible, la atención a las personas o el reto demográfico y el agua como grandes ejes de trabajo. El diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, ha resaltado que, en total, se han recibido 22 aportaciones durante la consulta provincial, de las cuales ocho han sido de ayuntamientos, cinco de departamentos de la propia Diputación, cuatro de entidades dependientes, una de un grupo político y dos de la comisión técnica de la Agenda 2030.
