La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha planteado este martes a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, la posibilidad de regular la situación administrativa de los migrantes llegados en el buque Aquarius en 2018 por razones humanitarias, como permite un real decreto de 2003, como solución para los refugiados a los que se les ha denegado el asilo.

Oltra ha atendido a los medios de comunicación tras entrevistarse con la delegada de Gobierno, en una reunión que ha calificado de "cordial" y "muy productiva" ya que ha destacado que Calero se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta solución para los migrantes a los que se le ha denegado el asilo, situación en la que se encuentran unas 50 personas en la Comunidad Valenciana.

En ese sentido, ha explicado que la figura de Autorización de Residencia por Razones Humanitarias está recogida en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que "se podría aplicar a esta situación, puesto que en el Aquarius llegaron 630 personas".

Así, ha destacado que este Real Decreto "podría ser una solución" temporal "mientras se abre la vía de la regularización por arraigo, por el tiempo que llevan viviendo aquí" ya que ha pasado más de tres años desde el que buque arribó al puerto de València el 17 de julio de 2018.

De este modo, con la aplicación de este decreto se podría regularizar administrativamente su situación tanto de residencia, como de trabajo y hasta de atención social "a través de la figura de protección por razones humanitarias en personas desplazadas".

Esta solución es una propuesta trabajada junto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y trabajada con la Asociación de Supervivientes del Aquarius.

La figura consiste en conceder esta autorización con una vigencia de un año, que en el caso de las personas que carecen de pasaportes o cualquier otra documentación acreditativa personal, se acompañaría automáticamente de la concesión de una cédula de inscripción.

De esta forma, se concedería una Autorización de Residencia Humanitaria en España y se dotaría a la persona interesada de una documentación personal que sustituye a la carencia del pasaporte, que es la llamada Cédula de Inscripción, y del Título de Viaje para el caso de que necesiten moverse por terceros países con excepción de su país de nacionalidad. Esta Autorización se renovaría hasta que el gobierno lo considerara, lleva aparejada la Autorización de Trabajo y podrían reagrupar a sus familiares.

La aplicación de esta norma está indicada para aquellas personas de la población civil víctimas de las situaciones de conflicto bélico a las que se ven sometidas en sus países, de las cuales huyen, llegando a nuestras costas de diferentes maneras. En estos casos, los estados miembros tienen la obligación de acoger y proteger a estas personas conforme al Derecho internacional humanitario y de la Convención de Ginebra.

Por otra parte, durante la reunión han acordado la constitución, a partir del próximo lunes, de "un grupo de trabajo estable para tratar este y otros temas relacionados con la situación de personas migrantes en la Comunitat Valenciana".

De esta forma, se coordinará de "forma cotidiana" los trabajos de las redes de atención de la Generalitat, tanto las oficinas Pangea como las oficinas provinciales que se van a poner en marcha próximamente, con las oficinas de extranjería" dependientes del Estado.