Carlos Mazón llegó al despacho noble de la Diputación de Alicante hace justo dos años sabiendo que iba a ser el presidente regional del PP. La operación de Génova ya estaba en marcha. A partir de ahí, todos sus movimientos se han articulado sobre esa base. La primera etapa estuvo marcada por su perfil contemporizador y su voluntad por llegar a acuerdos con la Generalitat para venderse como un político bregado en alianzas.
La jugada era que el Palacio Provincial le sirviera como trampolín para convertirse en el líder del PP valenciano. Desde entonces, todos los pasos que ha ido dando responden a su voluntad por consolidar su liderazgo y ganar visibilidad en la escena autonómica, sin perder de vista el Palau de la Generalitat en ningún momento. Cuando el objetivo era pactar, él consiguió el hito de tener de su lado a nada menos que a Compromís para la elaboración de los presupuestos. ¿Su meta? Demostrar que está dispuesto a mantener una interlocución con sus adversarios aunque ello no siempre conlleve ceder. ¿Que la estrategia es pasa por las reivindicaciones de esta Comunidad? Mazón se sube a un tractor para garantizar que su postura en defensa del trasvase es contundente o se va a Madrid a manifestarse contra el sistema de financiación autonómica, aunque en determinados momentos esta estrategia le haya hecho pecar de sobreexposición. Si el foco se pone en consolidar apoyos, hace una defensa a ultranza de sus diputados pese a que eso le suponga incumplir acuerdos de pleno o dar argumentos inverosímiles en cuestiones como la vacunación de Bernabé Cano. Sin obviar la munición que ha dado a la oposición que también ha criticado su incapacidad de atajar los desmanes o frenar los comentarios xenófobos de diputados como Alejandro Morant. También sus enfrentamientos con la Generalitat han sido gestos para posicionarse en el mapa.
La institución ha invertido más de 54 millones en la lucha para minimizar el impacto del covid
En el ecuador del mandato, el dirigente alicantino ha dejado la situación en el punto donde quería. Su liderazgo es indiscutible y su gestión en la Diputación, con sus fortalezas y sus debilidades, le ha ayudado a convertirse en el contrapoder del Botànic. No obstante, no se desprende de las críticas de la izquierda por convertir su acción política en una lucha electoralista. Tiempo de balance. En estos dos años, Mazón ha logrado la estabilidad del pacto de gobierno, diferentes acuerdos con la oposición o con determinadas consellerias y ha evidenciado una decidida apuesta por el turismo o el agua. Pero estos años también han estado marcados por el retraso en las ayudas a los municipios, su boicot al Fondo de Cooperación o por sus incumplimientos sobre determinados proyectos. Esta es la radiografía de los objetivos cumplidos y las tareas que todavía siguen pendientes:
RETOS CUMPLIDOS
Acuerdos con los grupos de la izquierda
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, firmaron un acuerdo, calificado por ambos de «histórico», para la ordenación y el traspaso de las competencias impropias. Mazón también ha reivindicado su perfil dialogante en áreas como Turismo con acuerdos como el Fondo de Cooperación Turístico con Francesc Colomer o con la Conselleria de Transparencia con Rosa Garijo. El presidente también logró el hito de pactar los presupuestos de estos dos años con Compromís y en este último ejercicio también con el PSOE. Con este gesto, ha trasladado un mensaje muy claro al Palau: su capacidad negociadora y su reivindicación del diálogo.
Ayudas extraordinarias por el covid
La Diputación ha invertido más de 54 millones en la lucha para minimizar el impacto del covid desde diferentes perspectivas. Durante este año y medio, la institución ha lanzado ayudas para los autónomos, el turismo, las familias más vulnerables o también se puso en primera línea para luchar contra el virus con la compra masiva de mascarillas.
Refuerzo de la agenda social
En la nueva etapa que Carlos Mazón ha iniciado para consolidar su liderazgo en la Comunidad y hacer frente a las políticas del Botànic, una de sus principales apuestas ha sido la agenda social, con la que toca uno de los temas más sensibles de la izquierda. La Diputación destina un total de 42 millones a su agenda social, lo que equivale a casi un 18% de su presupuesto global.
Planes de ayudas a los municipios
La Diputación de Alicante ha activado recientemente un programa dotado con diez millones para reforzar las ayudas destinadas a la ejecución de infraestructuras hidráulicas. El Plan Más Agua sigue la línea de los planes especiales que vienen desarrollando PP y Cs como el plan Más Cerca, con 30 millones, y la convocatoria del Más Deporte para inyectar en los municipios un total de 10 millones para la construcción, mejora, ampliación o reforma de instalaciones deportivas.
Defensa del turismo, el trasvase y la financiación
Mazón ha hecho del turismo, del sistema de financiación y del trasvase sus principales banderas para plantar cara a las políticas impulsadas por Ximo Puig. Entre otros proyectos, la Diputación destina medio millón al programa de ayudas turísticas de la Generalitat con el objetivo de reforzar las subvenciones que llegan a las empresas de la provincia. A la vez, no ha dejado de defender el trasvase Tajo-Segura ante los recortes del Gobierno y ha pedido un nuevo sistema de financiación al Gobierno. En otras áreas, destaca la bajada de impuestos que ha impulsado o el Centro de Inteligencia Digital (Cenid) en pro del desarrollo económico.
El Consell ha agilizado la Ley del Fondo de Cooperación mientras el PP amenaza con ir a los tribunales
TAREAS PENDIENTES
Fondo de cooperación municipal
Las posiciones políticas de la Generalitat y la Diputación de Alicante están cada vez más alejadas y una de sus principales discrepancias es el Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el Consell y que la Diputación se niega a aprobar desde el año 2017, con Césár Sánchez como presidente de la institución provincial. La Generalitat está agilizando la tramitación de la ley para forzar a Carlos Mazón a sumarse a este plan autonómico para repartir 13,7 millones anuales entre los municipios. Las críticas de la izquierda por este tema no dejan de aumentar. De hecho, más de un centenar de alcaldes y concejales del PSOE y Compromís de diferentes municipios se movilizaron hace varios meses para denunciar esta situación. Ahora Mazón amenaza con ir a los tribunales si la adhesión a este fondo es obligatoria.
21 meses para pagar las ayudas por la DANA
La Diputación de Alicante aprobó hace tan solo un mes la resolución definitiva para la concesión de ayudas a los municipios afectados por la DANA. Este ha sido uno de los asuntos que más confrontación ha creado entre los grupos políticos, y un argumento que, sobre todo Compromís, ha utilizado para denunciar la «incapacidad de gestión» del PP por el retraso de 21 meses en las ayudas a las 36 localidades afectadas. Además, la institución transfirió en abril a los ayuntamientos los 14,7 millones del Plan Resistir, por detrás de Valencia y Castellón. Lo hizo dos meses después de la firma de este plan de rescate y de que la Generalitat pusiera los fondos a disposición de los gobiernos municipales a través de la fórmula bancaria confirming, un mecanismo financiero a interés cero. Este retraso también ha suscitado todo tipo de reproches desde los ayuntamientos socialistas por el agravio comparativo con el resto de provincias.
Colapso en la ejecución de obras
El equipo de gobierno, formado por PP y Cs, tiene previsto poner en marcha más de 800 obras en los dos próximos años. Cuando Carlos Mazón llegó a la presidencia, la institución provincial acumulaba un atasco en la ejecución de proyectos de ejercicios anteriores correspondientes a la época de César Sánchez. Es cierto que el equipo de gobierno ha logrado desatascar la cola de proyectos pendientes, pero la oposición insiste en que no es suficiente y que todavía quedan muchos municipios que siguen esperando sus obras. Sobre el Planifica, la oposición critica que este plan de obras está colapsado puesto que ni tan siquiera se ha aprobado ni un solo proceso de licitación, por lo que calculan que la primera obra empezará en marzo del año 2022. En el caso del Plan Más Cerca la situación se complica todavía más, al haber acumulado el plan de obras del año pasado, cuyos proyectos se están redactando ahora.
El observatorio de la transparencia continúa en el limbo
La batalla política y judicial iniciada por Compromís en su lucha por una gestión transparente ha dado más de un quebradero de cabeza al presidente. La formación valencianista acusa al PP de buscar «todas las maneras posibles» para no devolver los 446.000 euros sin fiscalizar que fueron ingresados entre los ejercicios 2015 y 2018 en la cuenta del partido desde el grupo de la Diputación Provincial de Alicante.
La gran apuesta del equipo de gobierno para crear un Observatorio de la Transparencia sigue en el limbo con un bloqueo permanente. Es verdad que la vicepresidenta , Julia Parra, ha dado pasos para avanzar principalmente en mejoras tecnológicas como la creación de una aplicación para mejorar el acceso a la información, pero el gran proyecto anunciado al inicio del mandato brilla por su ausencia.
Un pacto de gobierno sólido en el que ya nadie quiere aventuras
El PP y Ciudadanos han logrado consolidar su acuerdo pese a que en el camino ha habido algún roce sin consecuencias
El mediático presidente de la Diputación se ha manejado entre bambalinas para evitar que Alicante fuera el escenario de una ruptura de gobierno de consecuencias imprevisibles. Después del terremoto murciano, ya nadie quiere aventuras y, de hecho, ni tan siquiera la oposición pica ya en ese anzuelo. Es cierto que la fluida relación entre Carlos Mazón y la cúpula de Ciudadanos, controlada por antiguos cargos populares, ha servido para amarrar el pacto de gobierno pese a los flirteos de la oposición con los dos diputados naranja, sobre todo durante el primer año. La relación personal del presidente con Emilio Argüeso, excoordinador autonómico de Ciudadanos, facilitó en un primer momento la firma del pacto y, a posteriori, provocó que el acuerdo quedara cerrado bajo siete llaves.
Sin embargo, eso no quiere decir que el camino haya estado exento de dificultades. Ahora se respira euforia y calma en los despachos de los populares. Pero, antes de llegar a este punto, se han vivido muchos nervios. El síndic de Ciudadanos en las Cortes, Toni Cantó, fue el que abrió la caja de los truenos al acusar al presidente de «cerrazón» por no adherirse al Fondo de Cooperación y lo responsabilizó de que los municipios alicantinos recibieran menos dinero que los valencianos o los castellonenses. En esa época, la formación naranja todavía soñaba con la posibilidad de ganar visibilidad y marcar distancias con el PP, nada que ver con la situación actual. Además de los constantes roces por la justificación del dinero que el PP ingresó desde la cuenta de la Diputación, uno de los temas que más ha separado a los populares de los dos diputados naranja (Javier Gutiérrez y Julia Parra) es la vacunación del diputado y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. PSOE, Ciudadanos y Compromís votaron a favor de exigir a Bernabé Cano su renuncia al acta como diputado provincial y, de no ser así, instar a los populares a desligarlo de la disciplina de grupo y expulsarlo del partido. El PP votó en contra de las mociones de PSOE y de Compromís en las que, con el apoyo de Ciudadanos, pidieron expresamente la dimisión de Cano. Los de Mazón se quedaron solos, por primera vez en un año y medio de mandato. Sin embargo, aquel acuerdo de pleno ha quedado en aguas de borrajas y los responsables de Ciudadanos ahora miran hacia otro lado cada vez que se les insinúa el tema.
Los socialistas han puesto en varias ocasiones sobre la mesa la posibilidad de provocar una moción de censura, pero la formación de Arrimadas la ha descartado en todo momento, y mucho más ahora tras la moción de Murcia y las posteriores elecciones en Madrid. En lugar de elevar el precio de sus apoyos, Ciudadanos se está dedicando a aceptar los términos y alinearse de forma unánime con la postura de sus socios de gobierno
