La auditoría externa encargada por la Diputación de Alicante para fiscalizar las cuentas de 2015 a 2018 acredita que el PP debe devolver a las arcas públicas 45.000 euros de gastos sin justificar de los cerca de 466.000 euros que ingresó desde la Diputación en su cuenta durante esos años. El grupo popular ya ha dado orden de reintegrar ese dinero, que equivale al 10% de la asignación recibida, mientras el PSPV tendrá que abonar 14.500 euros.
La presión que Compromís ha ejercido en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción denunciando la financiación irregular del PP forzó al equipo de gobierno en la Diputación a contratar este informe para la revisión de los fondos percibidos. Ahora, al tener que reintegrar estos 45.000 euros, los populares quisieron dejar claro este jueves que han justificado sus cuentas, aunque reconocieron que acatarán las conclusiones: «Seremos los primeros en hacer el reintegro, pero no estamos de acuerdo con los resultados porque el PP ha justificado y demostrado cada céntimo gastado», afirmó la diputada de Hacienda, María Gómez.
No obstante, desde el grupo popular aseguraron que el resto de partidos también tendrá que pagar otras cantidades, en este caso referentes a las facturas en las que Intervención había detectado errores por falta de justificación, por lo que EU tendrá que devolver la totalidad de la subvención que ascendía a unos 42.000 euros mientras en el caso de Compromís la cifra alcanza los 5.200 euros y en Ciudadanos, unos 2.000 euros.
Pero en el caso de la auditoría externa que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos adjudicó a la empresa Faura Casas al margen del informe de Intervención, a través de un contrato por valor de 13.915 euros, se analizan los datos conjuntos de los partidos. Este documento da el visto bueno a gastos en telefonía del PP por valor de 60.000 euros, lo que ha despertado las críticas de Compromís al considerar que este dinero sirvió para pagar el teléfono de todo el partido pese a que el reglamento de la Diputación precisa con claridad que estas transferencias deben destinarse a actividades compartidas entre el partido y el grupo de la institución. Con este nuevo documento, Compromís prosigue su cruzada contra la contabilidad del PP. Su portavoz, Gerard Fullana, denunció este jueves que, de los 46.000 euros que los populares tienen que devolver, 28.000 euros sirvieron para pagar comidas y desplazamientos que no tienen nada que ver con la actividad política de los diputados. La coalición considera que Eduardo Dolón, secretario provincial del partido entonces y vicepresidente de la institución, «mintió» cuando certificó que el trasvase de dinero al partido estaba justificado al ser, según Dolón, un gasto conjunto e indivisible. Estos datos se aportarán a la investigación que actualmente realiza la Fiscalía Anticorrupción sobre este asunto. Aunque los valencianistas creen que el informe no pone luz y taquígrafos en el uso que el PP hace del dinero público, sí consideran que constata parte de las irregularidades que vienen denunciando desde hace años en la institución alicantina, como es la financiación irregular del partido con dinero público y falsedad documental en la acreditación de ese gasto. Ante estas declaraciones, la diputada de Hacienda arremetió ayer contra Fullana para acusarlo de «montar cuentos con acusaciones falsas» y aseguró que el grupo popular ha entregado la documentación solicitada y acatará «por coherencia política» este análisis.
