El PP se unió ayer a Vox en la enmienda a la totalidad que los ultraderechistas presentaron en las Cortes contra el proyecto de ley para regular el Fondo de Cooperación Municipal. No obstante, el pleno rechazó la enmienda con los apoyos de los grupos del Botànic y, con ello, activó la tramitación de su ley para forzar a la Diputación de Alicante a sumarse a este plan autonómico que se ha convertido en una de las principales pugnas políticas entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el líder regional del PP, Carlos Mazón.
Pese a que la iniciativa partía de Vox, todas las críticas de los socialistas se dirigieron al PP, y particularmente al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, a quien acusaron de ser un «moroso» con los municipios. Tanto disparó la izquierda al PP que incluso el diputado ultraderechista José María Llanos tuvo que pedir la atención de los grupos tratando de ganar visibilidad en su propia propuesta.
El diputado del PP y mano derecha de Carlos Mazón en la nueva ejecutiva, el alicantino José Antonio Rovira, aseguró que es partidario del fondo, pero no de su concepción actual, recordando que este mecanismo lo incluyó su partido en el Estatuto de Autonomía cuando gobernaban. «Lo llevaremos al Tribunal Constitucional y lo ganaremos», avisó Rovira, además de resaltar que en otras comunidades la participación de las diputaciones no es obligatoria.
Como consellera de Administración, Gabriela Bravo destacó que este fondo ha repartido 40 millones al año a los municipios desde su activación en 2017 y lamentó los «desequilibrios territoriales» por la negativa de la Diputación de Alicante a sumarse. La también titular de Justicia resaltó que esta norma dota de rango legal al fondo y garantiza la suficiencia financiera de los ayuntamientos respetando su autonomía. Vox, por contra, consideró que es inconstitucional, que la Generalitat se «inmiscuye» y «revienta» el principio de autonomía local, además de advertir que los pequeños municipios se tendrán que someter al control del Tribunal de Cuentas para acceder a estos fondos. «Debe volver al cajón de los desatinos», dijo su diputado José María Llanos.
Desde los grupos del Botànic, el socialista Ernest Blanch celebró la ley como un éxito y una «reivindicación histórica del municipalismo» para superar «obstáculos del clientelismo», mientras Silverio Tena, de Compromís, acusó a la oposición de no tener en cuenta las necesidades financieras de los municipios. Desde Unidas Podem, Irene Gómez puso en valor la capacidad del fondo para corregir desequilibrios en la financiación local. Por su parte, Ciudadanos se dedicó a lamentar las competencias impropias que lastran el presupuesto de la Diputación de Alicante.
