La Sindicatura de Comptes ha realizado un informe de fiscalización de las cuentas de las entidades locales, donde se incluyen municipios, empresas públicas, mancomunidades, consorcios y diputaciones, para proporcionar una visión global del sector público local de la Comunidad Valenciana y, en concreto, sobre su composición, cumplimiento del ciclo presupuestario y calidad de las cuentas rendidas en 2019. El trabajo publicado al que ha tenido acceso este diario pone de manifiesto un incumplimiento de los plazos, ya que la gran mayoría de las entidades locales, exactamente un 73%, no aprobaron su presupuesto dentro del plazo legal. La cifra no varía cuando se centra solo en los ayuntamientos, ya que un 71% no sacaron adelante sus cuentas en tiempo y forma. También resulta relevante que un 40% de las entidades no aprobaran a tiempo la liquidación y un 16% no sacaran adelante tampoco la cuenta general.
El documento publicado por este órgano analiza la situación de 2019, justo antes de comenzar la pandemia. De hecho, la declaración del estado de alarma obligó al organismo a ampliar el plazo para presentar la documentación requerida en 99 días. No obstante, y pese a tener más tiempo para adjuntar los datos, a 1 de marzo de 2021, un total de 33 entidades locales de la Comunidad todavía no habían presentado la cuenta general de 2019 y, de esta cifra, 20 entidades correspondía a municipios, aunque cabe indicar que, con posterioridad, a finales de mayo de este año, presentaron la cuenta 18 de estos ayuntamientos, lo que quiere decir que dos organismos todavía no han aportado la documentación. Por lo que respecta a la provincia de Alicante, la Sindicatura ha revelado que un total de 132 entidades locales han presentado incidencias en sus cuentas generales de 2019. Entre las entidades locales que rindieron cuentas fuera del término legal se encuentran los ayuntamientos de Elche, Orihuela, Orxeta, Agres, Monóvar, Algorfa, Villena, Santa Pola, Agres, l’Alfàs del Pi, Altea, Beneixama, Camp de Mirra, Cocentaina, Bigastro, Catral, Gaianes, Redován, Salinas, Callosa de Segura y Canyada, además de otras mancomunidades y empresas de servicios municipales.
El informe alerta de que la falta de presentación de las cuentas es un «incumplimiento muy grave» de una obligación esencial de quien gestiona los fondos públicos. La Sindicatura asegura haber tenido una «actitud proactiva» con el objetivo de facilitar la obtención de las cuentas, efectuando los recordatorios y requerimientos habituales e insistiendo en que su aspiración es que el número de entidades que no cumplen la obligación de remitir las cuentas se reduzca a cero. Tal y como menciona el informe, esta situación puede suponer un riesgo a la hora de percibir subvenciones de la Generalitat en el caso de no estar al día en la rendición de cuentas a la Sindicatura. No obstante, el órgano observa un notable incremento en el cumplimiento del plazo legal de rendición de la cuenta general con relación al ejercicio 2018.
En la revisión de las cuentas, la Sindicatura ha verificado que las incidencias presupuestarias más frecuentes son la existencia de un remanente de tesorería para gastos generales negativo, un resultado presupuestario ajustado negativo y la falta de estimación del importe de dudoso cobro en la determinación del remanente de tesorería.
Este órgano ha comparado los datos aportados por las instituciones que han rendido cuentas en los últimos dos años. Para arrojar cierto optimismo en este análisis, el resultado presupuestario de 2019 de los municipios es positivo, aunque un 8,9% inferior en relación con el ejercicio anterior, al pasar de 629 millones de euros en 2018 a 573 millones de euros en 2019.
También aporta datos positivos el estudio sobre el remanente de tesorería para gastos generales agregado al haber mejorado en 2019 en todos los tipos de entidades, excepto en las provincias y los organismos autónomos. La variación del remanente en los municipios ha experimentado un incremento del 6,6%, aunque cabe indicar que en 2018 el aumento fue superior, un 11,3%.
Otra magnitud que refleja la mejora del sector local de la Comunidad Valenciana es la reducción del endeudamiento, suma de las deudas a corto y a largo plazo, al disminuir en 2019 la dependencia de esta fuente de financiación para el conjunto de entidades locales en un 12,8%. Recuerda la Sindicatura que las entidades locales deben destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, para atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
Por último, el informe reitera la necesidad del cumplimiento del ciclo presupuestario, la potenciación del control interno y la adopción de las medidas necesarias para subsanar las anomalías que se ponen de manifiesto. Y añade que debería revisarse la estructura del sector público local empresarial de modo que «la creación y actuación de estas entidades responda, de manera efectiva, para la mejora de la gestión pública, eficiencia y sostenibilidad financiera».
