Las comunidades toman posiciones sobre la financiación autonómica. La valenciana ha realizado acercamientos con Baleares y Andalucía y espera poder avanzar en el otoño con Cataluña. Por la otra parte, las del noroeste han revitalizado su alianza y han incluido a Cantabria. En este contexto, Murcia pactó ayer con Andalucía una posición común. Ambas cuentan con gobiernos comandados por el PP y son, junto con la valenciana, las peor tratadas por el sistema actual. Por eso exigen su reforma «urgente».
El Consell tiene prevista una cumbre con el Gobierno andaluz en septiembre para establecer un marco común sobre la financiación. Sin embargo, no ve tan clara una estrategia similar con Murcia. La razón es la ultraderecha. Vox apoya en el Parlamento el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla (PP). Pero Vox ocupa carteras del Ejecutivo murciano de López Miras (PP). Así que el president de la Generalitat, Ximo Puig, recela de esa aproximación por la financiación.
El acuerdo de Murcia y Andalucía alcanzado ayer supone empezar a trabajar conjuntamente para exigir al Gobierno central «la inmediata y urgente» aprobación de un modelo «de consenso que garantice la suficiencia de recursos y que sea igualitario, equitativo y justo».
Así lo anunciaron el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de Murcia, Luis Alberto Marín, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, en una reunión para definir y coordinar un frente común, informó Efe.
Al igual que la visita de la semana pasada de Bravo a València, el objetivo es organizar en los próximos meses una reunión entre los presidentes de ambas comunidades. Lo relevante es que la dejan abierta a regiones de distinto signo político «porque la cuestión de la financiación no entiende de colores», según Martín. La referencia a la Comunidad es obvia.
El consejero andaluz destacó que la reforma del sistema no persigue perjudicar a ninguna comunidad autónoma, pero sí debe acabar con el actual reparto de recursos que castigue especialmente a Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Son los mismos argumentos utilizados la semana pasada por el conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler.
Una de las exigencias de ayer de Andalucía y Murcia es la necesidad de reservar un porcentaje del fondo covid 2021 para crear una partida de nivelación que permita a las comunidades más castigadas disponer de más recursos y reducir así la diferencia con el resto de territorios.
El titular de Hacienda de Murcia aseguró que la reforma del sistema de financiación «es ahora más urgente que nunca», porque la «insostenible» situación de infrafinanciación que sufren desde hace más de diez años se ha visto agraviada por la pandemia.
Mientras, Aragón se alejaba ayer de estas posiciones y se acercaba a las del noroeste. El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, admitía contactos entre comunidades para acordar posiciones compartidas. «Defendemos que se atienda al coste de la prestación de servicios por habitante». Esta postura contrasta con la que defiende que prime el criterio poblacional, que es en la que están la Comunidad y Andalucía.
Las posiciones empezaban a verse el próximo miércoles, cuando la ministra de Hacienda, Marías Jesús Montero, ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No es el tema principal, sino los presupuestos, pero parece inevitable. Soler reunirá la víspera a la comisión Cortes-Consell para intentar fijar una posición común con los grupos políticos.
