La Conselleria de Hacienda ha decidido impulsar el proceso para aprobar una nueva ley capaz de poner orden en el sector público instrumental de la Generalitat, un proyecto legislativo que lleva más de cinco años bloqueado y que incluso había desaparecido de los compromisos del Consell en los distintos seminarios, incluido el último celebrado en Benassal este fin de semana. Contra todo pronóstico, ayer, en el marco de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentó a los sindicatos el borrador de la nueva ley y entregó parte del documento para que lo estudien y presenten alegaciones. La negociación se activará en septiembre y el compromiso es cerrar el texto antes de que acabe el año.
La reordenación de esta pata de la Administración, que fue en el pasado foco de todo tipo de corruptelas, era una de las prioridades políticas del primer Botànic en 2015, pero, aunque en 2016 se presentó el borrador, este quedó bloqueado por diversas cuestiones, entre ellas, diferencias entre los sindicatos y entre los socios de Gobierno (PSPV y Compromís) sobre qué hacer con una plantilla heredada y que en su mayoría había llegado sin someterse a ningún proceso selectivo.
La norma incorporará los avances en materia de gestión de personal y regulará las auditorías en las firmas
Tras el revuelo que se generó entonces, el departamento dirigido por Vicent Soler optó por retirar el texto y buscar atajos para la reestructuración del sector vía instrucciones y acuerdos sindicales. Sin embargo, las propias entidades, que a menudo funcionan como reinos de taifas, han ido frenado muchos de los acuerdos, entre ellos, las ofertas de empleo público que, de ejecutarse, forzarán a gran parte del personal a aprobar una oposición para seguir en el puesto. La figura del directivo público regulada a través de una ley pondría también en aprietos a alguno de los actuales cargos y reduciría el margen de actuación.
En su presentación, Soler mantuvo que el objetivo de la nueva ley es refundir y clarificar los avances y acuerdos alcanzados en el ámbito del sector público y subrayó que el texto recoge las últimas novedades legislativas en materia de recursos humanos. Junto al apartado de personal, también se detalla el modelo de auditoria interna a la que deberán someterse las empresas y entidades.
En la reunión también se abordó la situación de las oposiciones en el sector público, tras la ventana abierta para los temporales por el decreto Iceta sobre medidas urgentes para reducir la temporalidad. Hacienda se comprometió a revisar los acuerdos sobre reducción de temporalidad y, en concreto, aquellos sobre ofertas de empleo público y bolsas de empleo temporal con el fin de conocer su grado de cumplimiento y su adaptación a la nueva normativa estatal.
En todo caso, Hacienda recordó en su comunicado que estas ofertas están plenamente vigentes y que es necesaria su aplicación. Con todo, y pese a la voluntad de diálogo, las ofertas en marcha seguirán adelante según lo acordado. Intersindical había pedido que, dada la incertidumbre con respecto a la normativa estatal, se paralicen las opes en el sector público. El sindicato reclama un concurso de méritos para consolidar plaza y, en su defecto, la conversión de estos trabajadores y trabajadoras en fijos a extinguir.
