El Consell depende en buena medida de los fondos europeos para salir de la crisis económica y social ocasionada por el coronavirus, si bien la normativa necesaria para agilizar la gestión de estos recursos se ha topado con obstáculos. Unos son de tipo interno, es decir, por la falta de acuerdo entre los socios, y otros porque, una vez la normativa ha sido aprobada, ha despertado dudas jurídicas. El resultado es que en consellerias que ya han recibido parte de estos fondos cunde el temor de no poder gestionar las ayudas eficazmente.
El decreto-ley clave para ejecutar actuaciones financiadas por instrumentos europeos, el 6/2021, ya sufrió un frenazo por las discrepancias de los socios, fundamentalmente entre el PSPV y Compromís, sobre su contenido. Una vez aprobado, el Gobierno central ha invitado al Botànic a sentarse en una comisión bilateral para tratar de dirimir las discrepancias y evitar así un recurso ante el Constitucional. Uno de los artículos cuestionados es el relativo a la tramitación de urgencia de los expedientes, piedra angular del decreto. Fuentes de Presidencia, sin embargo, apuntan que esta cuestión está solventada, ya que tiene la cobertura de la ley de acompañamiento de los presupuestos.
Eso sí, el Consell tendrá que negociar con el Gobierno cómo interpretar el artículo 28, que atañe a la gestión de la plantilla. Con esta regulación, el Botànic busca eludir las rigideces de las leyes de función pública (tanto autonómica como estatal) sobre movilidad del personal. Así, se busca que las consellerias para la gestión de proyectos financiables con fondos europeos provenientes del instrumento Next Generation puedan acordar la asignación de funciones a tiempo parcial o total al personal adscrito al departamento, diferentes a las correspondientes al puesto de trabajo que ejerza. Según las alegaciones del Gobierno, la flexibilidad que pretende el Consell es cuestionable, sobre todo en lo referente al personal interino. Además, el Ministerio de Política Territorial, del que parte la invitación al Consell para renegociar el decreto, recuerda que hay que tener «máxima cautela en el recurso a la figura de la interinidad». El Gobierno recuerda al Consell «el mandato directo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las autoridades españolas para que adopten medidas efectivas para la prevención y, en su caso, sanción del uso abusivo de la temporalidad». Precisamente, el artículo 28 abre la puerta a la contratación de personal temporal para agilizar los expedientes europeos a través del Labora. El ministerio no hace mención a este asunto, pero sí desliza que este decreto no puede ser un nuevo coladero de personal interino. Fuentes de Presidencia apuntaron que este asunto se resolverá también sin problemas, ya que se trata de una cuestión interpretativa e indicaron que en septiembre podría haber acuerdo.
Mientras tanto, y cuando el Consell está a punto d e irse de vacaciones, Compromís y PSPV siguen sin ponerse de acuerdo en el decreto que regula la contratación del personal directivo de los programas europeos, una figura recogida en el decreto ley pensada para que personas especializadas piloten la gestión de los fondos. Tal como adelantó este diario, el borrador está ultimado, pero la discrepancia en torno al número de altos directivos susceptibles de ser contratados ha acabado bloqueando la norma. El asunto todavía no se ha resuelto, por lo que sigue pendiente de aprobación. El retraso puede ser crucial, ya que la Unión Europea es muy estricta en la gestión de sus fondos. Fuentes del segundo escalón admiten que carecen de personal cualificado y que es urgente poder disponer de estos profesionales. Cabe apuntar que, tras aprobarse el decreto, se iniciará el proceso de selección que tendrá sus propias dificultades, ya que no sobran los aspirantes que desde el sector privado quieran dar el salto a la Administración.
El Consell también tiene pendiente desplegar el decreto ley y, entre otras cuestiones, aprobar la norma por la que se crean y regulan los órganos de gobernanza para la estrategia valenciana, entre ellas, la oficina para la recuperación, así como la comisión interdepartamental.
