El pleno de la Diputación de Alicante aprobó este viernes en sesión extraordinaria y urgente los informes definitivos de revisión de las dotaciones económicas a los grupos que obligan al PP a devolver 45.000 euros relativos a gastos sin justificar, mientras el PSPV tendrá que abonar 14.500 euros, todo procedente del anterior mandato. Pero, además, los portavoces abrieron el debate sobre la necesidad de un cambio en el reglamento orgánico de la institución provincial para establecer los criterios sobre los porcentajes de determinados gastos que se pueden considerar actividades compartidas entre los grupos de la Diputación y los partidos, una propuesta de Ciudadanos que PP y PSOE aceptarán.
Durante años, Compromís ha emprendido una batalla para denunciar que los partidos se estaban financiando irregularmente. Después de un largo recorrido judicial y político, esta auditoría y el posterior informe de Intervención vienen a confirmar que PP y PSOE no justificaron una serie de gastos desde 2015 hasta 2018. El artículo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los grupos políticos de la corporación establece que la transferencia a los partidos políticos de fondos asignados a los grupos con representación plenaria deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido, pero no aclara el porcentaje de las transferencias que se pueden considerar compartidas, por lo que la idea es detallar esa letra pequeña para fijar el mismo criterio para todos los partidos. El debate sobre la necesidad de cambiar el reglamento se ha abierto después de que el PSOE haya denunciado que el PP ha logrado justificar la mayoría de alquileres de sus sedes de la provincia y de las líneas telefónicas al argumentar que su uso se destinaba a acciones conjuntas con la Diputación, mientras al PSOE solo se le han aceptado un 50% de los gastos, lo que, a su entender, resulta contradictorio.
Ante esta polémica, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, destacó la necesidad de poner sobre la mesa un cambio en el reglamento orgánico que regula las dotaciones económicas a los grupos políticos tras la lectura del informe auditor externo, ratificado por Intervención, y en el que no queda claro el porcentaje de transferencias que se pueden justificar como gastos compartidos. Por ese motivo, Gutiérrez propuso una modificación del nuevo reglamento a fin de que «estén claras las reglas que se deben cumplir para dotar de la mayor transparencia al uso de este dinero público. Reglas claras, concretas y, sobre todo, que den seguridad jurídica». Tanto PP como PSOE están de acuerdo con esta medida.
Además, la resolución del informe de Intervención que avala la auditoría para que el PP y el PSOE devuelvan unos 60.000 euros contó con el voto favorable del equipo de gobierno frente al rechazo de la oposición. La diputada de Administración General y Hacienda, María Gómez, insistió en que asumir el reintegro no significa asumir responsabilidad alguna: «No compartimos el resultado de la auditoría, pero lo asumimos por coherencia política y por respeto al acuerdo plenario de marzo», dijo Gómez. El grupo popular presentó el pasado 18 de junio alegaciones por disconformidad con las conclusiones del informe, que fueron rechazadas junto a las presentadas también por el grupo socialista. El PSOE reclamó un único expediente y justificó el voto en contra de su partido al considerar que ha habido disparidad de criterios y que algunos gastos no están lo suficientemente acreditados: «Deberían ser los técnicos de la Diputación los que fiscalizaran las cuentas y sacaran las conclusiones», dijo Toni Francés. Asimismo, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, mostró su rechazo al entender, entre otros argumentos, que la auditoría externa no es el procedimiento habitual y anunció que recurrirá la medida al considerar que no se han aplicado los mismos criterios a los grupos fiscalizados.
Unanimidad para resolver el Plan Más Cerca con 450 actuaciones
La institución también aprueba las bases del programa Más Agua y una línea de ayudas para luminarias solares
La Diputación ha aprobado por unanimidad el segundo y último paquete de ayudas destinadas a inversiones del Plan Más Cerca, con lo que se resuelve definitivamente este fondo inversor que permitirá impulsar en todos los municipios de la provincia más de 450 actuaciones con un presupuesto de 30 millones.
Tal y como ha explicado el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, se ha dado el visto bueno a 92 actuaciones en 28 municipios de la provincia con un importe que supera los 8,3 millones, que se suman a los 17,5 millones de euros para 230 actuaciones, en 129 municipios, resueltos el pasado 17 de junio. Por su parte, la línea dirigida a gasto corriente, aprobada el pasado 5 de mayo y de la que ya se están abonando las ayudas, contempla un total de 129 actuaciones por más de 4 millones, de los que se beneficiarán 42 ayuntamientos. En total, son más de 450 actuaciones en la provincia y después de esta última aprobación ya puede comenzar la fase de ejecución de los proyectos.
La Diputación también ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos políticos, las bases y convocatoria del Plan Más Agua, que en este caso distribuirá 9,5 millones entre los municipios para impulsar más de un centenar de obras hidráulicas.
En materia de Carreteras, se ha dado también el visto bueno a una nueva línea de ayudas, dotada con 500.00 euros, para la instalación de luminarias solares en vías y caminos rurales en los municipios más pequeños.
