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La Diputación pone sobre la mesa un cambio en el reglamento sobre las transferencias a los partidos

El pleno aprueba los informes de la revisión de las dotaciones económicas para que PP y PSOE devuelvan un total de 60.000 euros a la institución.

Pleno de la Diputación de Alicante

Pleno de la Diputación de Alicante

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria y urgente los informes definitivos de revisión de las dotaciones económicas a los grupos popular y socialista del anterior mandato y, además, ha abierto el debate sobre un posible cambio en el reglamento orgánico para establecer los criterios sobre los porcentajes de determinados gastos que se pueden considerar actividades compartidas con los grupos de la Diputación, una propuesta de Ciudadanos que PP y PSOE han asegurado que aceptarían.

El artículo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los grupos políticos de la Corporación establece que la transferencia a partidos políticos de fondos asignados a los grupos con representación plenaria deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido, pero no aclara el porcentaje de los gastos que se pueden considerar compartidos, por lo que la idea es establecer esa letra pequeña.

Por su parte, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha destacado la necesidad de poner sobre la mesa un cambio en el reglamento orgánico que regula las dotaciones económicas a los grupos políticos tras la lectura del informe auditor externo, ratificado por Intervención, y en el que no queda claro el porcentaje de transferencias que los grupos pueden justificar como gastos compartidos.

Por ese motivo, Gutiérrez ha propuesto una modificación del nuevo reglamento a fin de que "estén claras las reglas que se deben cumplir para dotar de la mayor transparencia al uso de este dinero público. Reglas claras, concretas y, sobre todo, que den seguridad jurídica".

La resolución del informe de Intervención que avala la auditoria para que el PP y el PSOE devuelvan unos 60.000 euros ha contado con el voto favorable del equipo de gobierno frente al rechazo de la oposición.

La diputada de Administración General y Hacienda, María Gómez, ha insistido en que asumir el reintegro no significa asumir responsabilidad alguna: "No compartimos el resultado de la auditoría, pero lo asumimos por coherencia política y por respeto al acuerdo plenario de marzo”. El grupo popular presentó el pasado 18 de junio alegaciones por disconformidad con las conclusiones del informe, que fueron rechazadas junto a las presentadas también por el Grupo Socialista.

Desde el grupo socialista, su portavoz, Toni Francés, ha reclamado un único expediente y ha justificado el voto en contra de su partido al considerar que ha habido disparidad de criterios y que algunos gastos no están lo suficientemente acreditados. “Deberían ser los técnicos de la Diputación los que fiscalizaran las cuentas y sacaran las conclusiones”.

Asimismo, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha mostrado su rechazo al entender, entre otras cosas, que la auditoría externa no es el procedimiento habitual y ha anunciado que recurrirá la medida al considerar que no se han aplicado los mismos criterios a los grupos fiscalizados.

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