El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido este jueves un doble espaldarazo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que en noviembre presentará la definición del criterio de población ajustada con relación al nuevo sistema de financiación autonómica que desde la Comunidad se pretende que, de una vez por todas, acabe con el agravio histórico en materia de reparto de fondos del Estado. El cambio de modelo para poner fin al maltrato económico que viene soportando la región valenciana se ha convertido en una cuestión clave en la agenda del jefe del Consell, que ha intensificado su discurso reivindicativo y exige que todas las regiones tengan igualdad de oportunidades. Hasta el punto que, recientemente, ha propuesto estudiar un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías el «efecto capitalidad» en el marco de una reforma fiscal a nivel nacional; una idea que ha desatado la ira del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pero que ha acabado recibiendo el respaldo público del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat: «Abordar la financiación con base en la población ajustada es un paso adelante muy positivo»
El anuncio de Montero de presentar en noviembre una de las «partes nucleares» de la financiación autonómica, que es el criterio de población ajustada, coincide con la petición que Puig realizó en la reciente conferencia de presidentes regionales para que se haga una propuesta firme antes de que finalice el año y empleando ese parámetro. La ministra, en declaraciones a Efe, ha confirmado que así se hará, una vez termine la ronda de reuniones bilaterales con las comunidades y teniendo en cuenta la población ajustada como modelo para repartir los recursos, lo que implica atender a elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad o la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste de la prestación de los servicios públicos. «Va en la línea de lo que hemos estado exigiendo», valora el líder valenciano.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda: «El efecto de capitalidad de Madrid genera capacidad recaudatoria que no tienen otras regiones»
No cabe duda de que el paso adelante de Hacienda supone un balón de oxígeno para el jefe del Consell. Si bien es cierto que la reivindicación es compartida por los diferentes actores políticos y agentes sociales de la escena autonómica, también es una realidad que el presidente ha sido el epicentro de los ataques de la oposición y de sus propios compañeros de Gobierno, que le han recriminado su supuesta tibieza frente a Sánchez a la hora de defender los intereses valencianos. Tanto es así que Compomís, contrarrestando el optimismo evidenciado por Puig, ha recordado este jueves a la ministra que lo acordado en el Congreso de los Diputados fue que la propuesta sobre el nuevo modelo debe estar lista antes de finalizar 2021. «Una propuesta completa y no solo de algunas de sus variables», subraya Fran Ferri.
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social: «Tiene mucho recorrido la propuesta de Ximo Puig sobre el impuesto a Madrid por capitalidad»
Montero defiende que una vez que se abre el melón de la reforma financiera es el momento «adecuado» para abordar el debate sobre armonización fiscal, mostrando en ese sentido su rechazo a que existan «islas fiscales» en España, en este caso pensando en Madrid, «que, por el efecto capitalidad, hace que se atraiga una mayor inversión, un mayor volumen de renta, una mayor capacidad recaudatoria a la que no tienen acceso otras comunidades autónomas». Ese es, precisamente el argumento del que viene haciendo bandera Puig. Es exactamente el mismo relato seguido por Escrivá, que ayer visitó la Comunidad y durante una comparecencia en el Palau consideró que analizar un impuesto a las rentas altas de Madrid «es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido». El ministro cree que no tienen sentido que a nivel internacional se avance en evitar la competencia fiscal y que en el plano autonómico se recorra el camino contrario. O lo que es lo mismo, en palabras de Puig, «no tiene sentido que en España haya dumping fiscal» porque, añade, «los regalos fiscales siempre acaba pagándolos alguien». La respuesta desde Madrid no se hizo esperar. «El Gobierno de Sánchez nos quiere poner un impuesto a los madrileños por ser madrileños, es una persecución fiscal», advirtió el consejero de economía madrileño, Fernández-Lasquetty,.
La Generalitat asumirá la gestión del Ingreso Mínimo Vital
La Comunidad creará una ventanilla única para gestionar la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital, que beneficia a 100.000 y 70.000 valencianos, respectivamente, una vez que el Consell asuma la gestión de la tramitación de esas últimas ayudas, gestionadas ahora por el Gobierno. Falta por concretar es qué compensación recibirá la Generalitat, en medios económicos o como refuerzo de personal, para atender un cometido de competencia estatal. Ese fue uno de los asuntos tratados ayer durante la reunión que mantuvo el ministro de Seguridad Social, José Luis escriva, con Ximo Puig, Mónica Oltra, Vicent Soler y Rafa Climent en el Palau.
