El exiguo presupuesto que la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) inyecta en la provincia, con la financiación de proyectos por un montante limitado a 8,8 millones de euros frente al total de 52,3 millones previstos para el ejercicio 2021, ha generado una reacción unánime entre el sector académico y empresarial del sur de la Comunidad. La distribución de fondos en el conjunto autonómico resulta tan desequilibrada que el territorio alicantino carece de las mismas oportunidades para potenciar la actividad investigadora y, por consiguiente, transferir los resultados a un tejido productivo que precisa salir fortalecido de la grave crisis pandémica. La disparidad en el reparto de subvenciones, que relega a la provincia a recibir tan solo el 16,8% de la partida económica de esta entidad de derecho público de la Generalitat, despierta indignación, irrita; hasta el punto que numerosos cargos de relevancia reclaman un proceso de revisión de los procesos de distribución para corregir lo que consideran a todas luces un agravio y exigen más transparencia.
Organizaciones empresariales coinciden en que el desequilibrio en el reparto no ayuda a la salida de la crisis
Las universidades públicas de la provincia, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), son a todas luces las instituciones que salen peor paradas al percibir, en su conjunto, el 13% de las ayudas destinadas al ámbito académico frente al 83% que acaparan las de la provincia de Valencia. La rectora de la UA, Amparo Navarro, no pone en duda que los proyectos de la Universidad de Valencia y de la Politécnica de Valencia sean buenos. «Eso no es discutible», apostilla; pero valora que «algo pasa porque nuestras universidades tienen suficiente potencia en materia de transferencia en innovación a nuestras empresas». Navarro califica la asignación de fondos de la AVI de este 2021 como «decepcionante» debido a lo que considera una distribución «desproporcionada», al tiempo que subraya que no es algo nuevo, pues ya ha venido sucediendo en convocatorias anteriores. «Cuando eso pasa, merece la pena hacer una reflexión y ver si el baremo o la forma de distribución de recursos es la adecuada», añade. Su homólogo en la UMH, Juanjo Ruiz, aboga por que las convocatorias de la AVI, una entidad presidida por el jefe del Consell, Ximo Puig, además de criterios de excelencia y calidad, incluyan algún parámetro de territorialidad para no centrar todas las subvenciones en el mismo área. Tampoco él esconde que esta realidad no es nueva para la provincia. «Ya nos hemos quejado en privado alguna vez», admite.
«El reparto es decepcionante y no es algo que haya ocurrido solo este año»
«Tiene que haber algún criterio de territorialidad además del de excelencia»
El rector cree que en los procesos de evaluación de proyectos de la AVI «hay que contar con más asesores que sean de otras universidades». Aunque valora los guiños del Ejecutivo valenciano en aras de la descentralización, al ubicar la sede de la Conselleria de Innovación, e incluso la de la propia AVI, en Alicante, reconoce que, en cualquier caso, el reparto de recursos para investigación en esta materia está claramente en desequilibrio.
Más tajante se muestra el director del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid), el exrector de la UA Manuel Palomar. «Flaco favor le estamos haciendo a la innovación cuando se hace un reparto injusto, poco equitativo y poco democrático» de los fondos de la AVI. Palomar pone sobre la mesa el resultado del informe de Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español 2021 U-Ranking, impulsado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA para evaluar a las universidades en sus actividades docentes y de investigación e innovación. El informe otorga una puntuación de 1,6 sobre 2 a la Universidad Politécnica de Valencia; un 1,3 a la UMH y un 1,2 a la UA. «Dicho ranking demuestra que las dos universidades de la provincia son sumamente innovadoras, como la Politécnica de Valencia», indica. El director del Cenid incide en que en cualquier estudio sobre innovación se destaca también la capacidad de las empresas alicantinas y sostiene igualmente que el reparto de convocatorias anteriores, y en concreto la de 2020, fue todavía más injusto con Alicante. La situación lleva a Palomar a requerir mayor transparencia al respecto de todo este asunto. «Se debe conocer cuál ha sido el proceso de asignación de subvenciones, quiénes han sido los miembros y si de una forma u otra han formado parte de la petición de proyectos, esa es la clave», recalca.
«Flaco favor le haces a la innovación con un reparto injusto»
«No cabe otra situación que demandar un reparto justo en inversiones»
Trato más justo
En el ámbito empresarial, el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, estima que, vista la distribución de fondos , «no cabe otra situación que demandar un trato justo en el reparto de todas las inversiones y ayudas públicas a las empresas, más si cabe en un tema tan importante para la competitividad empresarial como es la innovación». Desde CEV, prosigue, se entiende que la planificación debe responder a unos criterios de proporcionalidad, y si existen motivos razonables para esa diferencia, se debe compensar lo antes posible. No obstante, añade que para establecer una conclusión sobre lo que está ocurriendo se hace necesario conocer qué proyectos se han presentado desde Alicante y por qué se han descartado, si ha sido así. También Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), tilda de «inexplicable que la proporción sea tan escasa para Alicante», y apunta a la importancia de la complicada coyuntura que se atraviesa y la oportunidad que supone potenciar la innovación.
«Uno más en el largo capítulo de olvidos sistemáticos del Consell»
«Ese reparto tiene una gran repercusión para salir de la pandemia»
El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, destaca que «lo que hay que exigir es transparencia, y que nos expliquen quién conforma la comisión que se encarga de decidir el reparto del dinero, así como los criterios que maneja. Si a partir de ahí la distribución ha sido correcta, no diremos nada, pero en caso contrario, reclamaremos lo que nos corresponde». Riera, además, señala que el Consell «debe ser en estos momentos más equilibrado que nunca en el reparto de los fondos, porque estamos en pleno proceso de recuperación y hablamos de innovación, un instrumento necesario para las empresas para posicionarse correctamente en el mercado».
El secretario de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, Paco García, lamenta que la provincia de Alicante sea la «pagafantas» tanto del Estado como de la Comunidad Valenciana, y que ese agravio se mantenga en el tiempo. En este sentido, califica de «inaceptable» que la discriminación en el reparto de fondos se produzca «incluso cuando hablamos de innovación y la conselleria la tenemos en Alicante», por lo que, como el resto, exige «transparencia, y que los agentes sociales puedan estar presentes en la comisión que decide dónde va el dinero».
«Exigimos luz y taquígrafos en el reparto de fondos y en un momento crucial»
«Es inaceptable discriminar incluso en fondos para innovación»
En parecidos términos se expresa Ismael Senent, secretario de UGT en la Muntanya, Vinalopó y Vega Baja. «Exigimos luz y taquígrafos a la hora del reparto de los fondos, y por supuesto, que se nos deje de discriminar a la provincia de Alicante de una vez por todas. Más en un momento tan crucial como el que estamos atravesando por culpa de la pandemia», enfatiza.
«La distribución es otra muestra clara de la política sectaria del Consell»
Las reacciones al reparto de subvenciones de la AVI también han trascendido al ámbito político, como política es la gestión de esta entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la Generalitat. Así, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), ha acusado este martes a Puig de volver a discriminar a la provincia de Alicante en el reparto de las ayudas a la innovación y ha reclamado al Consell que desvele quién forma parte del comité que otorga las ayudas, así como los criterios por los que se rige para adjudicarlas. «En su día ya dijimos que el hecho de que la AVI se instalara en Alicante no era más que otro anuncio publicitario ya que los funcionarios, los técnicos que deciden y realizan los informes, están en Valencia». En su opinión «esta resolución evidencia el profundo desconocimiento que en esa agencia existe sobre el tejido productivo de la provincia de Alicante y todos sus proyectos innovadores».
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), valora que este es «uno más en el largo capítulo de olvidos sistemáticos del Consell de Puig y Oltra, que margina a Alicante y no construye ni un centro de salud, ni un colegio, ni una vivienda social; sólo anuncios y ninguna realidad». El presidente del PP provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, denuncia «el descaro» con el que actúa la Generalitat a la hora de arrinconar y maltratar a la provincia, de igual forma que considera que «se ha jugado a vender en Alicante a bombo y platillo la sede de la AVI, pero luego la ha dejado sin medios ni presupuesto que permitan al tejido productivo provincial remontar en igualdad de condiciones esta compleja situación, lo que la convierte en un organismo ineficaz que fracasó desde el primer momento que se creo».
El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, regidor de una ciudad que acoge una sede universitaria y uno de los polígonos industriales más importantes de la Comunidad, ha declinado hacer declaraciones sobre el reparto que no pocos califican de agravio a la provincia.
La Generalitat defiende el reparto de los técnicos
La AVI alega que la concesión de proyectos fue equitativa en relación al número de peticiones
Las instituciones, organizaciones y empresas alicantinas presentaron un total de 134 solicitudes de ayuda a la convocatoria de subvenciones de la Agencia Valenciana de la Innovación, lo que supone un 16% del total de los expedientes recibidos por la AVI en la convocatoria de este año, según han destacado fuentes de la Generalitat, que estiman que «los datos territorializados de la distribución de las ayudas concuerdan, por tanto, en líneas generales con el volumen de proyectos presentados».
Desde el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig subrayan que en Alicante se ha concedido un 36,2% del total de lo solicitado, en Castellón un 31,1%, y en Valencia un 41,4%, según explicaron las mismas fuentes tras recibir la solicitud de información de este diario. Fuentes que, si embargo, no aclararon cuál es el montante económico que suman los proyectos solicitados por la provincia.
Los datos aportados por la Generalitat evidencian pues que se han concedido ayudas económicas a proyectos de instituciones académicas, investigadoras y empresariales en prácticamente la misma proporción de solicitudes registradas por provincias, si bien las cifras indican que las iniciativas financiadas son radicalmente distintas, al menos en cuanto al peso económico. Y es así porque mientras Alicante recibirá 8,8 millones de euros en total, el resto de la Comunidad, es decir, Valencia y Castellón, suman 43,5 millones de euros.
Desde el Ejecutivo valenciano precisan que cabe tener presente que estos datos, los de la distribución de porcentajes, «sólo comprenden exclusivamente las solicitudes de ayuda, pero los beneficiarios de estos fondos destinarán parte de estas cantidades a la contratación de grupos de especialistas y entidades colaboradoras para la ejecución de los trabajos, por lo que el impacto y la distribución de las ayudas en el conjunto del territorio será presumiblemente mayor». De igual forma, se defiende que la composición de los miembros que conforman el comité de evaluación de proyectos se publica en el Diario Oficial de la Generalitat junto a la convocatoria y las bases reguladoras de cada línea de ayudas, y aseguran que los proyectos han sido evaluados por técnicos, todos ellos funcionarios, y que no han intervenido asesores, como permiten las bases.
