Prometer la transformación de un territorio para convertirlo en referencia de algún sector o disciplina en la que pueda destacar, brillar con luz propia, es una estrategia ciertamente recurrente en el ecosistema político. El caso alicantino es, probablemente, uno de los más paradigmáticos. Generar expectativas en una demarcación que históricamente ha venido sufriendo constantes agravios puede llegar a funcionar, pero es también un arma de doble filo. Especialmente, cuando los compromisos se incumplen y la euforia inicial da paso a la indignación. La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) es un buen ejemplo de ello. Nunca fue un proyecto para Alicante, ni su verdadera sede se ubica en la provincia, ni contribuye como probablemente debería a impulsar la capacidad investigadora y a reforzar el tejido productivo, a pesar del inestimable peso de la contribución provincial al PIB autonómico, en torno al 30%. Las cifras son las que son. Incuestionables e indiscutibles. De los 52,3 millones de euros repartidos este año como subvenciones a universidades, institutos de investigación y empresas de la Comunidad, la provincia sólo recibirá 8,8 millones de euros, lo que se traduce en el 16,8% del total de los recursos.
El análisis de los datos relativos a la resolución de los programas de concesión de ayudas impulsados por la AVI durante el presente ejercicio explica la indignación e irritación que destacados miembros de los órganos de gobierno de las universidades alicantinas, investigadores punteros y organizaciones empresariales han venido manifestando durante los últimos días, tras documentar este diario el reparto desigual, a todas luces discriminatorio, que afecta a la provincia. Una distribución de fondos que dificulta la igualdad de oportunidades en un contexto trascendental, cuando se busca el fortalecimiento del tejido productivo para allanar el camino hacia la pista de salida de la crisis pandémica. En realidad, la desafección de no pocos con esta entidad de la Generalitat Valenciana no es nueva. El origen de las suspicacias se remonta prácticamente a su fundación, hace exactamente cuatro años.
Descentralizar
Agosto de 2017. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, organiza un acto en el edificio Prop de Alicante. Acude para escenificar su apuesta por la descentralización de las estructuras del Consell y para reivindicar, con aparente convicción, el papel que la provincia debe jugar en su idea de vertebrar la Comunidad. Un año antes, en la Noche de la Economía Alicantina, el jefe del Consell había anunciado uno de sus proyectos estrella. Lo proclamó ante la flor y nata del empresariado, frente a quienes se comprometió a instalar en Alicante la sede de la nueva Agencia de la Innovación. El inicio de la andadura de la flamante entidad, controlada directamente por Presidencia, se escenificó el día en que el líder autonómico acudió a las oficinas ubicadas en la Rambla acompañado de Andrés García Reche para firmar el decreto de su nombramiento como vicepresidente ejecutivo. Era el elegido para dirigir la sala de máquinas de un organismo concebido para mejorar el modelo productivo con una clara apuesta por la sociedad del conocimiento, pero lo cierto es que desde ese uno de agosto de 2017, la fecha en que se formalizó el nombramiento ante las cámaras, son contadas las ocasiones en las que García Reche ha acudido a ese despacho. Posiblemente, porque las oficinas de la AVI en Alicante son poco más que una sucursal del auténtico centro de toma de decisiones, ubicado en València. Allí, en la ciudad del Turia, se encuentra la bautizada como «sede operativa» de la Agencia de la Innovación, mientras que en el sur, en Alicante, la «sede institucional». Es el juego de palabras empleado por la propia Administración valenciana para poder explicar la coexistencia de ambas sedes.
Aquel uno de agosto, el día que Puig acudió a la provincia para ungir a García Reche como responsable del nuevo organismo, el propio presidente definió Alicante como «una tierra de raíces innovadoras» que, según enfatizó, «merecía la capitalidad en la innovación», y, por tanto, acoger el centro neurálgico de la AVI. El líder autonómico en ningún momento mencionó que, en realidad, el pleno del Consell ya había aprobado para ese entonces la creación de la otra sede, la valenciana. Tampoco lo dijo nada García Reche, el que fuera conseller de Industria y Turismo con Joan Lerma y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Fue él quien aseguró que la oficina en Alicante «no sería en absoluto una fachada». Lo hizo, por descontado, antes de que trascendiera que la Agencia de la Innovación tendría cuatro veces más empleados en València que en Alicante.
«Engañados»
Farsa, mentira, pantomima o estafa fueron algunos de los calificativos que las principales patronales alicantinas emplearon para definir el engaño tras conocer la verdadera intención del Consell de compartir con València el organismo encargado de cambiar el modelo productivo. Son precisamente algunas de esas organizaciones empresariales como la CEV, la Cámara de Comercio o Aefa las que han vuelto ahora a la carga contra el Consell por el reparto realizado de recursos que relega las oportunidades de Alicante. Los informes apuntan a que solo la Universidad Politécnica de Valencia recibirá prácticamente los mismos fondos que la provincia de Alicante a nivel global. De hecho, si se analiza el reparto por instituciones académicas, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) recibirán el 13,3% del presupuesto total destinado a universidades, mientras que la Politécnica de Valencia absorbe el 62,4% y la Universidad de Valencia, el 20,7%.
No es una situación nueva. Tanto es así que la rectora de la UA, Amparo Navarro, calificaba esta semana el reparto de «decepcionante», al tiempo que advertía que no era la primera vez que ocurría. Su homólogo en la UMH, Juanjo Ruiz, reclamaba que se aprobara algún «criterio de territorialidad» en el reparto además del de excelencia. Ni uno ni otro han puesto en duda el valor de los proyectos presentados por las universidades valencianas, pero sí coinciden en que se debe abrir un periodo de reflexión con la Generalitat para corregir la situación.
Los tres cargos más importantes de la Agencia Valenciana de la Innovación -Ximo Puig, como presidente; la consellera de Innovación, la alicantina Carolina Pascual, como vicepresidenta; y García Reche como vicepresidente ejecutivo- han permanecido en silencio durante los últimos días mientras arreciaba el temporal en la provincia por el polémico reparto de fondos. Un bofetón más a un territorio en el que Ximo Puig mantiene diversos frentes abiertos como el del agua; una provincia que ha visto cómo se perdía la batalla en defensa de la llegada de recursos del Tajo y que, a la postre, ha asistido ojiplática a un riego de socorro del Júcar a precio de oro. En concreto, al triple de lo que se paga por la del Tajo. Y todo ello sin salir de la Comunidad. ¿Puede permitirse políticamente Puig defender ahora el reparto de fondos para la innovación que, de nuevo, lesionan los intereses de Alicante? ¿Es sostenible que la provincia continúe vendiéndose como un polo de innovación para atraer empresas a Distrito Digital cuando la propia Generalitat envía el 83% de los fondos de la AVI a Valencia y Castellón? Eso es algo que ocurre, además, cuando la propia sede de la Conselleria de Innovación está en Alicante.
Nuevo frente en las Cortes
La oposición política no ha dejado pasar la oportunidad de abrir un nuevo frente en las Cortes y dirigir su ataque contra el Ejecutivo de Puig. El PP lo ha hecho reclamando la comparecencia de Carolina Pascual en las Cortes para dar explicaciones y clarificar el proceso de evaluación de ayudas de la AVI. Cs, exigiendo conocer qué se hará para que la provincia cuente con fondos acordes a su tejido productivo y su potencial innovador. En las filas del Botànic todavía no han trascendido voces discrepantes, pero todo es posible porque ya ha ocurrido antes. La gestión de la Agencia Valenciana de la Innovación ha sido motivo de enfrentamiento entre los de Ximo Puig y los de Mónica Oltra. Desde el inicio, Compromís censuró las atribuciones que se daban a la AVI en detrimento de las que ostentaba el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, controlado por los valencianistas a través del departamento del conseller Rafa Climent. La confrontación llegó al punto que la Conselleria de Economía presentó alegaciones a un plan de ayudas de la AVI al considerar que se estaba incurriendo en duplicidades en la gestión. Censuró, incluso, el uso poco eficiente del dinero y redobló la presión cuando, poco después, se negó a dar su visto bueno a los proyectos de este organismo. Era junio de 2018 y , para ese entonces, solo se había contratado a personal, mientras que la Agencia como tal apenas tenía actividad. Algún analista político comparaba en ese entonces este organismo encabezado por Puig con un «chiringuito» más de la Administración.
La tensión entre el PSPV y Compromís se disparó todavía más a raíz de que los valencianistas apoyaran una enmienda de Cs, que contó también con el respaldo del PP. Era una enmienda que proponía cambiar la ley de creación de la Agencia Valenciana de la Innovación con el fin de que incluyera el traslado de su sede operativa de València a Alicante. En la práctica, se trataba de acorralar a Puig y obligarle a cumplir su promesa de instaurar en Alicante la dirección del ente, pero el presidente hizo caso omiso. Defendió entonces que la única sede de la Agencia de la Innovación es Alicante, como su equipo defiende ahora que el reparto de fondos de la AVI es ajustado al tratarse de un proceso de concurrencia competitiva. En la provincia, en cambio, es sabido que en la oficina del Prop, actividad, hay más bien poca.
Ni actividad ni fondos suficientes para Alicante. Es la dualidad de la AVI, tan lejos y tan cerca de la provincia.
