Este verano se ha cumplido el primer aniversario desde la entrada en vigor del decreto ley que permite a la Generalitat comprar vivienda de protección pública a través del derecho de tanteo y retracto. Un año en el que la Administración valenciana ha formalizado la adquisición de 281 inmuebles, 83 de ellos en la provincia. La normativa está permitiendo al Botànic, y en particular la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, con Rubén Martínez Dalmau al frente, afianzar su estrategia para aumentar el parque público de inmuebles. El Tribunal Constitucional, hasta el momento, sigue sin pronunciarse sobre el recurso registrado por el PP para tratar de tumbar esta práctica por considerarla contraria a derecho.
La lucha para combatir la denominada emergencia habitacional se erige como uno de los ejes estratégicos de la coalición de izquierdas que gobierna la Comunidad y, sobre todo, refuerza el discurso de Unides Podem. La política en materia de vivienda es una de las cuestiones clave en la agenda de los morado, que ponen el acento en la necesidad de plantar cara frente a determinadas prácticas bancarias y buscan frenar los abusos de los fondos buitre.
La normativa permite la compra preferente en viviendas de ejecuciones hipotecarias
En concreto, el decreto ley 6/2020 permite el ejercicio preferente del derecho de compra de las administraciones a la hora de adquirir una vivienda de protección pública, una vivienda procedente de crisis inmobiliarias por impago de deudas hipotecarias o viviendas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias. Hasta la entrada en vigor de esta normativa, ese derecho solo podía ejercerlo la Generalitat y únicamente respecto de las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública. Desde hace un año se han ampliado los supuestos para poder intervenir en el mercado y la conselleria de Dalmau busca ahora normativizar y extender ese derecho entre los ayuntamientos. Hasta el momento, una treintena de consistorios ya ha firmado convenios con la Generalitat en ese sentido. En la provincia han sido los de San Vicente del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, Elda, Teulada, Pedreguer, Benitatxell, Pilar de la Horadada, Benisa, Xàbia, Xaló y Altea. Los municipios que ejerzan esta práctica, deben destinar las viviendas a alquiler social entre las familias con mayor necesidad habitacional.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda afirma a este diario que: «No se puede construir un sistema público de vivienda sin contar con los ayuntamientos. Ellos son los que están más cerca de las personas que necesitan alojamiento público y los que más rápido pueden responder a cada uno de los casos». Asimismo, asegura que «los mecanismos de adquisición de vivienda que hemos puesto en marcha funcionan para ampliar el parque público de forma rápida y a la vez nos permiten identificar prácticas especulativas».
Pone un ejemplo sobre ello ocurrido en la provincia de Alicante: «Hemos identificado transmisiones de viviendas entre fondos buitre por un euro. Es intolerable que la gente no pueda acceder a una vivienda mientras las grandes fortunas se puedan permitir el privilegio de ir jugando a los negocios con un derecho».
Las compras en la provincia suman 4,7 millones. 11 Ayuntamientos adheridos Municipios alicantinos que ejercerán el tanteo
Desde la aprobación del decreto para impulsar la acción en materia de tanteo y retracto, la Generalitat ha triplicado la adquisición de viviendas sociales. Mayormente a través del mencionado decreto, que ha permitido comprar 246 viviendas en la Comunidad con una inversión global 9.557.928 euros a través de la Dirección General de Vivienda y regeneración urbana. A estas se suman otras 35 adquiridas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, con un coste global de 1,8 millones. Las 83 que se sitúan en territorio alicantino han costado 4.740.000 a las arcas públicas de la Comunidad.
Fuentes de la conselleria detallan que en la actualidad se está a la espera de escriturar 19 viviendas más y otras 99 están en trámite de adquisición por tanteo; operaciones que sumarían una inversión adicional de 5,4 millones más. Desde el departamento que dirige Dalmau se espera que esta práctica se multiplique con la participación de los ayuntamientos, al considerar que posibilita que la administración local gestione tanto las cuestiones relativas a su habitabilidad como su adjudicación. Además, al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente debido a una situación de riesgo de exclusión social o de desahucio de su vivienda habitual, el ayuntamiento «puede actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas», destacan desde la conselleria.
