Había tan pocas expectativas puestas en la reunión entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante que el simple hecho de ver al director general de Administración Local, Toni Such, y al presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, hablando con cierta cordialidad ya resultaba llamativo. Pero, más allá de las formas, la esperada comisión bilateral se desarrolló según lo previsto: mucha confrontación y pocos acuerdos de calado en temas cruciales como el Fondo de Cooperación para repartir ayudas a los municipios o como la problemática del agua.
Ninguna de las instituciones parecía tener demasiada voluntad por reconducir sus relaciones, sino más bien todo lo contrario. Solo necesitó Carlos Mazón un minuto, lo que tardó en empezar a hablar, para reprochar a la Generalitat la ausencia de Ximo Puig, el retraso en la constitución de esta comisión y para dejar claro que no existe acuerdo alguno en la polémica por el Fondo de Cooperación Municipal, por lo que la Diputación seguirá negándose a repartir 13,7 millones a los municipios alicantinos. Mazón defendió que el Fondo de Cooperación no puede basarse en un criterio de imposición ni obligatoriedad y amenazó con ir a los tribunales si el Consell sigue adelante con la ley en las Cortes. Como era de esperar, la Generalitat tuvo otro punto de vista y pidió reiteradamente a la Diputación que se sume a este mecanismo financiero que ya ha abonado en su integridad con un asignación de 40 millones destinados a los ayuntamientos.
Toni Such centró su mensaje en la importancia de que las poblaciones alicantinas reciban el mismo trato que las valencianas y castellonenses. Así lo afirmó después de la reunión entre ambas instituciones, que se prolongó durante dos horas, y en la que participaron también el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix; el secretario autonómico de la Vicepresidencia, Iván Castañón; y la directora general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia, Adoración Guamán, por parte de la Generalitat. Por parte de la Diputación asistieron Carlos Mazón; la vicepresidenta, Julia Parra; la vicepresidenta segunda, Ana Serna; y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez.
La Generalitat incidió en el aumento de la inversión destinada a estas ayudas con las aportaciones al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos, así como al Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios. Such señaló que este mecanismo «garantiza una distribución equitativa y posibilita la coordinación y colaboración entre instituciones» y fue tajante al lamentar que, «por desgracia, la Diputación de Alicante no se ha sumado de manera voluntaria en ninguno de los años» mientras que las de Valencia y Castellón «consideraron que era muy importante ayudar a los municipios a través de ayudas objetivas», pidiendo a la institución que se incorpore incluso a través de los remanentes, una posibilidad que no pareció convencer a Carlos Mazón. Por su parte, el presidente de la Diputación, quien pidió fijar un cuadro de reuniones para cerrar asuntos de relevancia con la Generalitat, acusó a Ximo Puig de mentirle por articular el proyecto de ley sin un acuerdo y defendió que las diputaciones provinciales, como entes locales, deberían ser receptoras de los fondos y no las que aporten los mismos, al tiempo que planteó su defensa desde la disyuntiva entre el Fondo de Cooperación y su plan inversor Más Cerca para reclamar que se consideren los criterios de distribución que beneficien a las localidades con menor número de habitantes, y con mayor riesgo de despoblación.
El reparto de ayudas fue el tema que más controversia generó, aunque las instituciones tampoco llegaron a un acuerdo en lo referente a los problemas hídricos de la provincia. El dirigente alicantino planteó presentar un recurso conjunto frente al Ministerio para la Transición Ecológica por el cambio en las reglas de explotación del Tajo-Segura, mientras que el director general de Administración Local del Consell, Toni Such, replicó que en esta materia las competencias son del Gobierno valenciano, que está trabajando en ello con el sector, y aseguró al líder del PPCV el «compromiso firme» en la defensa del trasvase por parte de Ximo Puig.
Por otro lado, respecto a las competencias impropias de la Diputación, Mazón explicó que se planteó la posibilidad de una mesa para las competencias de salud mental de la institución alicantina para que la operatividad y organización de estos profesionales sanitarios en la provincia «mejore». También existió buena sintonía en el apartado de fondos europeos, en el que hablaron de la posibilidad de presentar propuestas concretas de municipios y anunciaron que el jueves se celebrará la primera reunión coordinadora.
Trabajo conjunto en el Plan Resistir para afectados por la crisis
El director general de Administración Local, Toni Such, destacó tras la comisión bilateral el trabajo conjunto realizado por ambas administraciones con relación a las ayudas Paréntesis, que ya se han distribuido en un 70%. «La Comunidad Valenciana es la que más recursos ha puesto a disposición de los afectados por la pandemia y eso hay que ponerlo en valor», recordó Such. Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, recordó que su participación en el Plan Resistir «fue voluntaria, positiva y ha ayudado a cumplir objetivos».
