El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lleva tiempo insistiendo en (ayer, volvió a reiterarlo) que no desea frentes territoriales a la hora de abordar la reforma del modelo de financiación. Sin embargo, sus contactos con comunidades que también salen mal paradas en el reparto de recursos con el actual sistema de financiación ha puesto en alerta a las comunidades más despobladas que temen que la reforma acabe perjudicándoles.
Los movimientos en las autonomías del noroeste ya comenzaron antes de verano, pero es, con el inicio de curso político y coincidiendo con la cumbre que Puig celebrará en Andalucía con José Manuel Moreno Bonilla, cuando se han reactivado. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, avanzó ayer su intención de emprender una ronda de contactos entre las comunidades cuya estrategia en este debate es distinta a la del criterio de la población, que defiende la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, entre otros territorios. García-Page admitió que esos contactos eran causa y efecto de los encuentros promovidos desde el Consell.
Cabe recordar que Puig ya selló una alianza antes del verano con Baleares, pero la cita con el andaluz es un salto cualitativo, ya que implica superar la dinámica partidista. Hasta ahora, el Gobierno central ha mantenido que abrir el melón de la reforma de la financiación es un error porque, en una España tan polarizada entre los bloques de la izquierda y de la derecha, el acuerdo no es posible.
En el último encuentro de los representantes de la Plataforma pel Finançament Just, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se agarró a este argumento para no poner un plazo. Ayer hizo lo mismo la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, al hablar de la «complejidad» del acuerdo y fiar a «los próximos años» la solución del problema. Sin embargo, la cumbre que el día 21 celebrarán Puig y Moreno Bonilla demuestra que los barones del PSOE y del PP están dispuestos a moverse por su cuenta al margen de las estrategias de su partido.
El resultado es que el presidente de la Generalitat, que incluso ha abordado el tema con el catalán Pere Aragonès, ha logrado situar el debate en la agenda nacional y ello a pesar del Gobierno central, que insiste en que es su prioridad.
Sin embargo, el riesgo de la batalla territorial está ahí, lo cual supone otro obstáculo para un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La guerra de territorios no interesa al Consell, de ahí que desde la Generalitat se insiste en hacer pedagogía y en convencer al resto de que su propuesta no implica detraer recursos a las comunidades mejor financiadas si no un cambio vertical en el reparto de fondos. Es decir, que la Administración del Estado renuncie a parte de los recursos que gestiona, ya que el grueso de los servicios fundamentales (educación y sanidad) lo prestan las comunidades.
Desde que el modelo caducó en 2014, ha habido muchos movimientos. En 2018, ocho territorios de distinto signo político (Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) se reunieron. Son los mismos a los que el socialista García- Page interpela de cara a una futura negociación.
