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El Botànic da un paso más con el Fondo de Cooperación y el PP lo fía todo a los tribunales

PP y Vox votan en contra por «inconstitucional» y Cs se abstiene

Diputados participan en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, ayer, en las Cortes valencianas. | INFORMACIÓN

La ley que ha servido de queroseno a la batalla política entre la Generalitat y la Diputación, el proyecto legislativo que regula el Fondo de Cooperación Municipal, ha dado este lunes su último paso antes de someterse a debate y votación en las Cortes. Lo ha hecho en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, donde el Botànic ha impuesto su mayoría para tumbar las 38 enmiendas registradas por el PP, Cs y Vox. La coalición de izquierdas sigue así en solitario su hoja de ruta para la aprobación de una normativa que, de facto, pretende obligar a la institución provincial a aportar fondos para ejecutar el reparto a los municipios; una maniobra con la que se trata de poner fin al boicot sistemático de la Diputación hacia este plan tras cinco años negándose a participar. Se da por hecho que el texto legal saldrá adelante con la mayoría que suman PSPV, Compromís y Unides Podem, pero el PP ya ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Lanzará una ofensiva judicial al considerar que contraviene la legalidad.

El trámite parlamentario para sacar adelante esta ley se ha venido desarrollando en paralelo a un aumento de la confrontación entre la institución que encabeza Carlos Mazón y la que preside Ximo Puig, una guerra que trasciende al mero plano institucional y tiene mucho que ver con la pretensión de marcar posicionamientos entre los líderes de los dos principales partidos en la Comunidad. La Diputación es en estos momentos la joya de la corona del PP, la principal institución que gobierna en el territorio autonómico, el fuerte que emplea como ariete para plantar cara a las políticas del Consell. La Ley del Fondo de Cooperación es, precisamente, la munición que ha posibilitado un constante cruce de acusaciones. La relación institucional se ha enconado hasta el punto de que ha sido necesario convocar una comisión bilateral para tender puentes, pero lo cierto es que, por ahora, no ha dado frutos. Por tanto, el proyecto llega a la Cámara sin acuerdo, lo que augura una contienda judicial con final imprevisible, pero enmarcada, en cualquier caso, en la antesala de los próximos comicios autonómicos.

El diputado del PP José Antonio Rovira indica que están a favor de que haya un Fondo de Cooperación Municipal, pero enfatiza que la forma en que se ha redactado esta ley «atenta contra la independencia de las diputaciones» y contra la Constitución, el Estatuto y la Ley de Régimen Local, por lo que la llevarán a los tribunales. Los populares, básicamente, están en contra de dos cuestiones. La primera, que se obligue a la Diputación a aportar dinero porque, consideran, atenta contra su autonomía financiera. La segunda, los criterios de reparto, pues sostienen que se entregan los fondos atendiendo a un criterio poblacional y, con ello, se perjudica a los municipios pequeños. También Vox tilda el proyecto de inconstitucional.

Desde las filas de Cs, formación que se ha abstenido en la votación de este lunes, defienden que están de acuerdo con el Fondo de Cooperación, pero «siempre que se establezcan unas líneas claras que vayan a mejorar la redacción de la ley y que acaben con los dedazos y el clientelismo a la hora de financiar a los diferentes ayuntamientos», expresa la diputada Mamen Peris. No obstante, el foco también está puesto especialmente en este partido dado que cogobierna la Diputación de Alicante con el PP y está por ver cuál es su posicionamiento final en las Cortes.

Por el contrario, el diputado del PSPV Ernest Blanch asevera que esta ley «cumple rigurosamente» la legislación. Sostiene que los alicantinos han perdido 70 millones al no haberse adherido la Diputación de Alicante, y opina que la alternativa del PP es «clientelismo y arbitrariedad» y «seguir dando lo que quiere a los amiguitos». El portavoz del PSOE en la Diputación, Toni Francés, cree que con su negativa, Mazón está siendo un lastre para los intereses de los municipios alicantinos. Compromís, por su parte, ha conseguido que se apruebe una enmienda para establecer un importe base para garantizar que los municipios más pequeños tengan un mínimo para su desarrollo, subraya Silverio Tena. Para Irene Gómez, de Unides Podem, es necesario un sistema de financiación local que sea «suficiente y estructurado», y esta norma profundiza en la garantía de esa estabilidad.

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