La ley de Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat encarrila su recta final para su debate y votación en el Parlamento autonómico. El proyecto de ley ha sido validado hoy en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local durante una sesión en la que no ha habido sorpresas. El Botànic se ha quedado solo en la defensa de su propuesta, Cs ha optado por la abstención, y PP y Vox han votado en contra. Tal y como ya estaba anunciado, los populares han advertido que llevarán este asunto a los tribunales al estimar que es "ilegal" y que "atenta" contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la ley de Bases de régimen local, mientras que la coalición de izquierdas ha defendido que "cumple rigurosamente" con lo dispuesto en la Carta Magna y tiene el aval del Consell Jurídic Consultiu y el apoyo del Estatuto. Se espera que la ley se someta a debate definitivo en la Cámara en octubre.
La polémica por el sistema de ayudas a los municipios se ha convertido en uno de los principales asuntos de confrontación entre el Ejecutivo de la Generalitat y la Diputación de Alicante, con Carlos Mazón (PP) al frente. La aprobación del proyecto legislativo del Botànic supondría de facto obligar a la institución provincial a aportar fondos para ejecutar el reparto a los municipios, algo a lo que hasta ahora se ha negado. En total, han sido cinco años los que la Diputación ha venido boicoteando esta iniciativa, convirtiéndola en uno de sus arietes contra el Gobierno de Puig. No obstante, todo apunta que queda por delante un largo laberinto judicial. El diputado del PP José Antonio Rovira ha indicado que están a favor de que haya un Fondo de Cooperación Municipal en la Comunidad Valenciana, pero la forma en que se ha redactado esta ley "atenta contra la independencia de las diputaciones" y contra la Constitución, el Estatuto y la ley de régimen local, por lo que la llevarán a los tribunales, según ha advertido hoy.
Ha asegurado que esta norma "atenta contra la autonomía financiera" de las diputaciones; ha reivindicado que la Diputación de Alicante cuenta con su propio fondo, al que destina "más dinero que el que le tocaría aportar aquí"; y ha cuestionado que el "único criterio básico" para repartir el fondo es la población, lo que "perjudicará" a los municipios pequeños.
“Comenzó la Legislatura y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo que iba a abrir cauces de diálogo con aquellos que no estábamos de acuerdo con cómo organizar el Fondo de Cooperación, pero esos cauces de diálogo no se han abierto en ningún momento. Y ahora, de forma urgente se trae esta ley del Fondo de Cooperación, que llevaremos a los tribunales”, ha señalado. Rovira ha subrayado que, dado que todas las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario han sido rechazadas, solicitarán que se debatan en sesión plenaria.
"Aplicar el rodillo"
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mamen Peris ha indicado que están a favor del Fondo, pero con "mejoras" en esta ley, como fijar ya los criterios de reparto y no remitir a un reglamento posterior, y ha acusado al Botànic de aplicar "el rodillo", lo que supondrá que esta norma no sea "afectiva" por la falta de consenso y además "puede acabar en el Constitucional".
A juicio de Peris, al final la ley se ha elaborado para "obligar" a entrar en este Fondo a la Diputación de Alicante, que ya aplica medidas como el Plan Más Cerca, por lo que ha acusado al Botànic de actuar de forma electoralista y de no apoyar el municipalismo al rechazar las enmiendas.
Para el diputado de Vox José María Llanos, se trata de una ley "inconstitucional", que persigue "el control" de las diputaciones, a las que se "exige" participar en una suficiencia financiera de la que "tienen que ser beneficiarias", por lo que no pueden "participar de esta ilegalidad".
Por el contrario, el diputado del PSPV Ernest Blanch ha aseverado que esta ley "cumple rigurosamente" la Constitución, tiene el "aval" del Consell Juridic Consultiu y de la Abogacía de la Generalitat y el respaldo del Estatuto de Autonomía, y no entiende de colores políticos, sino que está pensada para que ningún municipio se quede atrás y todos puedan disponer de un fondo incondicionado.
Ha defendido que, desde que este Fondo se aprobó en 2016, han llegado más de 240 millones de euros a todos los pueblos de la Comunidad, pero los alicantinos han perdido 70 millones al no haberse adherido la Diputación de Alicante, y ha opinado que la alternativa del PP es "clientelismo y arbitrariedad", y "seguir dando lo que quiere a los amiguitos".
Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha afirmado que “espero que Mazón tenga el altura de miras y no torpedeé la Ley del Fondo de Cooperación Municipal”.
"Dejar de ser un lastre"
“Mazón debe dejar de ser un lastre para los intereses de los municipios alicantinos y dejar de utilizar el Fondo como elemento de confrontación con el Consell. El daño se lo está haciendo a los 141 ayuntamientos de la provincia”, ha denunciado Francés.
Para el responsable de los socialistas en la Diputación de Alicante, el proyecto de ley que hoy se vota en comisión, es “especialmente importante para los pueblos y municipios alicantinos, que llevan 70 millones de euros perdidos en cinco años en fondos para utilizar de manera autónoma y con total libertad. Cinco años en los que el PP nos ha negado tener los mismos derechos y recursos que los ayuntamientos de Valencia y Castellón”, ha reprochado Francés.
El diputado de Compromís Silverio Tena ha indicado que se trata de una ley "muy necesaria", que permitirá a los municipios tener recursos "estables, con unas reglas de distribución objetivas y justas", y ha cuestionado la postura de la Diputación de Alicante, que a su juicio supone una "clara discriminación" a los alicantinos. Tena ha detallado que en la comisión celebrada hoy se han aprobado las enmiendas que el grupo parlamentario Compromís ha presentado a la Ley del Fondo de Cooperación Municipal. "Es un paso adelante porque significa incorporar a la ley la perspectiva del despoblamiento”, ha valorado el diputado.
Las enmiendas de Compromís aprobadas esta mañana en la Comisión piden, por un lado, incluir a la Dirección General con competencias en materia de despoblamiento dentro de la Comisión de Colaboración y Cooperación como encargada de gestionar el fondo; y, por otro lado, establecer un importe base para garantizar que los municipios más pequeños tengan un mínimo para su desarrollo.
“Todo esto beneficiará a las localidades que sufren despoblamiento y que, por lo tanto, tienen unas necesidades añadidas al resto. Evidentemente, no es la herramienta para luchar contra ello, pero incorporarlo al Fondo de Cooperación significa asumir la diversidad de la necesidad que hay en los municipios del País Valenciano. Es darle la importancia que se merece la cuestión del despoblamiento en nuestro territorio”, ha explicado Tena.
Para Irene Gómez, de Unides Podem, es necesario un sistema de financiación local que sea "suficiente y estructurado", y esta norma profundiza en la garantía de esa estabilidad. EFE
