El conato de incendio desatado en el Botànic a cuenta del arranque para la negociación de los presupuestos de 2022 parece haber sido sofocado, al menos por el momento. El Ejecutivo autonómico alcanzó este viernes un acuerdo que, a priori, implica cambios sustanciales en la fórmula empleada hasta ahora para acordar el reparto de fondos entre las consellerias. Por primera vez, se impulsará un foro de debate político, una comisión creada «ad hoc» e integrada por representantes del PSPV, Compromís y Unides Podem en el Consell, que deberán establecer las prioridades globales presupuestarias y consensuar hasta el último euro que se destina a cada departamento. Por tanto, la Conselleria de Hacienda y su titular, Vicent Soler, perderán parte de las atribuciones que tenían reservadas hasta ahora. En definitiva, pierden poder.
La comisión para enhebrar los que serán los séptimos presupuestos del Botànic comenzará la próxima semana. No participará ningún conseller y todo apunta a que estará integrada por miembros del siguiente escalafón del Gobierno autonómico: subsecretarios autonómicos, secretarios o directores generales elegidos por cada uno de los socios del tripartito. El acuerdo para impulsar este foro fue adoptado ayer en el pleno del Consell por unanimidad de todas las partes, según informó la portavoz, Mónica Oltra. Si bien, nada ocurre por casualidad y ha sido precisamente la valencianista la que ha forzado la máquina durante los últimos días para cambiar la forma en la que se elaboran las cuentas. Especialmente, después de su sonoro plantón a Soler el pasado jueves, cuando estaba prevista una reunión entre ambos que la vicepresidenta desconvocó al conocer que el conseller había citado el mismo día al vicepresidente segundo, Héctor Illueca. Esa maniobra, en cualquier caso, vaticinaba una nueva guerra en torno a las cuentas, una batalla para restar capacidad de arbitraje a Soler. En realidad, Illueca y el conseller de Hacienda ya habían acordado durante su encuentro articular una negociación transversal sobre los números autonómicos, pero Oltra reapareció ayer como portavoz del Ejecutivo para explicar que había sido ella quien había expuesto su propuesta al Consell y eso era lo que, precisamente, se había sido avalado por unanimidad.
Lo que la vicepresidenta primera pidió es que el presupuesto se elabore de forma «colectiva y colegiada» para que cuando llegue el momento de su aprobación todos los miembros del Consell conozcan el contenido global y no solo el de su departamento. En ausencia de consellers, será la directora general de Presupuestos, Eva Martínez, la que dirija el proceso y explique a los participantes cuáles son los ingresos previstos y, por tanto, hasta dónde se pueden cuadrar gastos. Fuentes de Hacienda no consideran, por contra, que se les haya restado poder, y afirman que la responsabilidad sobre ese complejo proceso de repartir el dinero será ahora compartida.
La propuesta de Oltra ahonda en que primero deberá de existir un acuerdo político sobre cómo se distribuyen los fondos para que «todo el mundo sepa qué vota en los presupuestos» y que después «no haya sorpresas». Solo tras esto se procederá con el proceso técnico y administrativo de plasmarlo todo en papel e iniciar su tramitación parlamentaria. Y no vio ningún problema en que, llegado el caso, se retrase la aprobación de las cuentas. «Si coincide antes del 31 de octubre, estupendo. Pero si se presentan el 7 de noviembre y se tiene que aprobar el presupuesto del 29 de diciembre, tampoco pasa nada», aseveró Oltra. Sin embargo, eso es algo que desde Hacienda advirtieron ayer que no será posible porque existe una ley de Hacienda que establece que las cuentas deben estar presentadas el 31 de octubre. «El diálogo nos parece estupendo siempre que se cumplan los plazos legales», zanjaron fuentes de la conselleria.
Puig descarta un adelanto electoral, pero admite que todo es posible
El jefe del Consell asegura que no se da ninguna circunstancia que haga pensar en sacar las urnas
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó este viernes en la cadena SER que «en estos momentos» no está en su agenda un adelanto electoral, pero advirtió que «es evidente que en política no se puede decir de este agua no beberé». No obstante, quiso cerrar el paso a cualquier tipo de especulación y recalcó que, en este momento, «mi única obsesión es la superación definitiva de la pandemia. Ojalá pronto entremos en una fase de reactivación económica y social, y en una recuperación emocional. Esta es la única prioridad». El runrún sobre una posible modificación de la fecha prevista para los comicios autonómicos, en principio en primavera de 2023, se mantiene vivo entre los círculos políticos de la Comunidad Valenciana. Hay incluso voces como la del exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que han pedido públicamente al jefe del Consell que adelante las elecciones, si bien Puig insistió ayer en que en estos momentos «en ningún caso está en mi agenda, en mis pensamientos o en mis sueños».
La campaña impulsada por el PPCV para promocionar al que será su cabeza de cartel electoral, Carlos Mazón, ha servido a este partido para proyectar la imagen de que en cualquier momento el jefe del Consell puede sacar las urnas. Su estrategia ha consistido en colocar 269 vallas y mupis publicitarios a lo largo y ancho del territorio autonómico presentando al alicantino como candidato. Puig, por su parte, insiste en que no hay elecciones anticipadas a la vista.
