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Los retos legislativos del Botànic: cambio climático, lobbies o el requisito lingüístico

El agitado debate en torno al Fondo de Cooperación reanuda la actividad legislativa del que, a priori, será el último curso político completo antes de las elecciones

Los grupos parlamentarios y el Consell participan en una sesión plenaria en el mes de junio, una de las últimas celebradas antes del parón por el periodo estival. | INFORMACIÓN

La actividad legislativa en las Cortes valencianas vuelve a retomar el pulso tras el parón del periodo estival. Los grupos parlamentarios y el Consell aceleran estos días la preparación del debate más importante del año, el de política general, programado los días 27 y 29 de septiembre. En paralelo, las comisiones parlamentarias se sumergen de lleno en el proceso enmarcado en la tramitación de nuevos proyectos de leyes durante el que, a priori, será el último curso completo antes de las elecciones, previstas en principio en primavera de 2023. La aprobación de leyes que figuran en la agenda del Ejecutivo autonómico y el impulso de decretos necesarios para la puesta en funcionamiento de otras que ya están en vigor prometen agitar de nuevo el debate.

Fondo de cooperación

Recta final en las Cortes y antesala de un recurso judicial

El proyecto legislativo que regula el Fondo de Cooperación Municipal ha dado esta semana su último paso antes del debate y votación en las Cortes, en octubre. La ley obliga a las diputaciones a aportar fondos al plan de la Generalitat para ejecutar un reparto equitativo de recursos extraordinarios entre los municipios. La Diputación de Alicante, liderada por Carlos Mazón, ha boicoteado sistemáticamente ese plan, impulsado por Ximo Puig. También lo hacía su antecesor en el cargo, César Sánchez. Las diferencias de criterio han servido durante años de munición a la batalla política entre dos instituciones presididas por el PSPV y el PP. La guerra se trasladará ahora al terreno judicial puesto que los populares defienden que esta ley atenta contra la independencia de las diputaciones al restarles autonomía financiera y que, además, perjudica a las localidades de menor tamaño, que reciben menos fondos. El Botànic, en cambio sostiene que la permanente negativa de la Diputación ha provocado que los municipios alicantinos hayan perdido hasta ahora 70 millones.

La coalición de izquierdas cuenta con mayoría en la Cámara y, por tanto, puede impulsar la aprobación de la normativa sin precisar de apoyos externos. Está por ver qué hace Cs. La formación que gobierna junto al PP la Diputación no se muestra desde esta institución a favor de apoyar el plan de Puig, aunque el grupo en las Cortes se ha abstenido esta semana en la votación realizada en la Comisión de Justicia, a pesar de haber sido rechazadas sus enmiendas. Su posicionamiento final en la sesión clave para su aprobación en la Cámara continúa siendo, por ahora, una incógnita.

Economía circular

A la espera de la aprobación de la futura normativa estatal

La Ley de Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular que impulsa el Botànic se enfrenta a no pocos condicionantes. Tras superar una ardua negociación entre los socios de la coalición de izquierdas, en este momento se encuentra en fase de comparecencias hasta el 14 de octubre, pero el debate de enmiendas no se convocará hasta que esté aprobada la Ley General de Economía Circular del Gobierno central. Se pretende evitar que exista una colisión legal entre ambas normativas, tal y como ha recomendado en su informe el Consell Jurídic Consultiu. Lo que pretende el Ejecutivo al frente de la Generalitat es situar a la Comunidad en la línea marcada por la agenda europea en los compromisos para luchar contra el cambio climático y en las políticas contra los residuos.

Defienden que es necesaria una ley para actualizar las políticas de reciclaje y reutilización en la línea marcada por estas normativas. Además, y a propuesta del PSPV, abordará temas como la construcción y el desperdicio alimentario. El Consell Jurídic Consultiu ya planteó en junio la necesidad de introducir modificaciones a este ley y tumbó algunas disposiciones como la recuperación de envases reutilizables, subordinando esta cuestión a la normativa estatal. El PPCV se posiciona radicalmente en contra al defender que afecta a muchísimos agentes económicos, sociales, municipios y diputaciones, acusando al tripartito de poner la ideología por delante de los intereses de los valencianos.

Transparencia

A la espera del debate de enmiendas en la comisión

La proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, presentada por la consellera Rosa Pérez Garijo (Unides Podem), se encuentra a la espera de la celebración de la comisión en la que se debatirán las enmiendas presentadas por grupos políticos de la oposición, pero también de los que sustentan al Ejecutivo de izquierdas, que han registrado nada menos que 43. Entre otras cosas, han solicitado que la Generalitat tenga que hacer públicos los algoritmos que se utilizan y que tengan impacto en los servicios públicos. También la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) ha presentado enmiendas, entre las que plantea medidas encaminadas a frenar la conocidas «puertas giratorias». El objetivo de la normativa pasa por garantizar por ley la transparencia en la Administración y la publicidad de determinados contenidos así como reforzar el Consell de Transparencia. Tampoco está exenta de polémica. El principal partido de la oposición, el PP, ha denunciado que a lo largo de todo el texto se trasluce una estrategia que establece trabas y limitaciones en cuestiones como el derecho a la información pública o en el control de los poderes públicos.

Ley electoral

El transfuguismo en Cs frena cualquier opción

El Botànic ha perdido todas las opciones de aprobar una reforma de la Ley Electoral Valenciana. El intenso fenómeno del transfuguismo registrado en Cs ha enterrado cualquier expectativa. La reforma planteada supone rebajar el listón electoral del 5% al 3% y necesita ser aprobada por una mayoría de dos terceras partes de la Cámara, es decir, 66 diputados frente a los 52 del Botànic. Cs se presentaba como un actor clave puesto que PP y Vox están cerrados en banda. No es una cuestión baladí. Modificar las reglas que dan acceso al Parlamento autonómico tras unas elecciones podría decantar a un lado u otro de la balanza el próximo Gobierno en un momento en el que las encuestas auguran la significativa pérdida de apoyos para Cs y Podem. El grupo parlamentario naranja ha perdido este año cinco escaños por el paso de cinco diputados al grupo de no adscritos y, por tanto, las posibilidades de sacar adelante esta reforma son nulas.

Valenciano

Debate en torno a los requisitos para el funcionariado

La aprobación de la Ley de Función Pública, validada por las Cortes en marzo, generó uno de los debates más broncos de la legislatura a cuenta, principalmente, del requisito lingüístico para el acceso a la Administración. La obligatoriedad de presentar un título de valenciano para poder convertirse en empleado de la Generalitat ha sido la novedad más polémica del proyecto gestado en la Conselleria de Justicia. Aunque la normativa está formalmente aprobada, el Botànic se encuentra muy dividido en torno a qué requisitos lingüísticos exigir. Para no tensar más la situación, se dio un plazo de un año para desarrollar el reglamento que lo regule. Este verano se ha puesto en marcha la Comisión para la Acreditación Lingüística que establecerá los criterios para elaborar el informe que abordará esta cuestión. Además, esta semana se ha conocido que el Gobierno central discrepa de 14 artículos y de cuatro disposiciones de la ley y se deberá de someter a revisión mediante una comisión bilateral. No obstante, no pone trabas al requisito lingüístico.

Lobbies

Un decreto que lleva seis meses atascado por desavenencias

Prácticamente tres años han transcurrido desde que el pleno de las Cortes aprobó la ley que regula la actividad de los grupos de interés, conocidos coloquialmente como lobbies, pero, hasta el momento, la coalición de izquierdas no se ha puesto de acuerdo en la aprobación del decreto que debe regular la norma y tipificar quiénes son dichos actores. La principal fricción se da entre Presidencia y Transparencia a cuenta de si se obliga a funcionarios a informar también de sus reuniones con los grupos de interés, como ocurre con los cargos públicos.

Otros retos

Calidad agroalimentaria y diversidad familiar

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha iniciado el periodo de consulta pública previa que supone el inicio del proceso para la elaboración de la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias, con la que se quiere garantizar los derechos de todas las realidades familiares y diversidad de familias. Por otro lado, desde la Conselleria de Agricultura ha comenzado a trabajar en la redacción del borrador de la nueva Ley Valenciana de Defensa y Promoción de la Calidad Agroalimentaria.

Manolo Mata. Síndico del PSPV-PSOE

"La ley de Economía Circular es la más importante del nuevo curso político. La lucha contra el cambio climático es un reto al que nos enfrentamos todos, sin excepción"

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El socialista defiende que «está en nuestra mano solventar los problemas medioambientales, ser responsables con nuestro entorno y tomar conciencia de la importancia de tomar decisiones rápidas respecto a este asunto. Necesitamos un planeta verde».

Fran Ferri. Síndico de Compromís

"Todas las leyes son importantes para Compromís. En los próximos meses llegan a las Cortes algunas tan importantes como la de diversidad familiar"

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El valencianista destaca que próximamente también se impulsarán las leyes de Igualdad, Accesibilidad Universal o contra la Emergencia Climática. «Son necesarias para cumplir el acuerdo del Botànic y mejorar la vida de las personas».

Pilar Lima. Síndica de Unides Podem

"Las leyes de Economía Circular, Transparencia y la del Fondo de Cooperación son tres de los proyectos fundamentales para Unides Podem"

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Unides Podem defiende la importancia de transformar el modelo productivo hacia uno más respetuoso con el medio ambiente; quiere dar valor a la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecer la autonomía financiera de los municipios.

María José Català. Síndica del PPCV

"El Consell se mueve más por el sectarismo que por la gestión. Nuestras iniciativas no son aceptadas ni tramitadas. Esperamos que la propuesta de bajar impuestos se debata"

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Critica que el Botànic ha impedido debatir propuestas de su grupo de cosas importantes como una ley de educación. «Están más preocupados por salvar sus sillones o por imponer sus ideas, como ocurre con la Ley de Transparencia, Ley electoral o la del Fondo de Cooperación».

Ruth Merino. Síndica de Ciudadanos

"Uno de los proyectos más relevantes será el de Economía Circular, pero la falta de diálogo lo ha convertido en una chapuza que genera inseguridad jurídica"

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Creen que el Consell debería retirar el proyecto de ley y rehacerlo cuando se conozca la norma nacional y se negocie el texto con los sectores implicados. «Tratamos de mejorar cada proyecto con enmiendas, pero el Botànic es reacio a escuchar».

Ana Vega. Síndica de Vox

"El Botànic no ha aprobado ninguna ley que beneficie al ciudadano. Al contrario. Son leyes ideológicas que conllevan graves recortes de derechos"

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Desde la formación de ultraderecha sostienen que algunas de las leyes impulsadas por el Consell no solo recortan derechos, sino que son «claramente inconstitucionales como la Ley de Función Pública o del Fondo de Cooperación Municipal».

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