La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Gabriela Bravo, comunicó ayer a los sindicatos y al resto de consellerias que el personal funcionario que todavía se encontraba en el régimen de teletrabajo deberá regresar ya a su puesto. Justicia ha justificado la decisión de poner fin al acuerdo actual por el que un tercio del personal trabajaba desde sus casas por la evolución favorable de la pandemia y el alto porcentaje de personal vacunado.
La nueva resolución entrará en vigor el próximo 15 de octubre. A partir de ese momento, el trabajo será presencial para el cien por cien de la plantilla. No obstante, a partir de ese momento, el teletrabajo deberá regularse por el nuevo decreto aprobado por el Consell, según el cual se permite hasta un máximo de tres días de teletrabajo. Las distintas subsecretarías de las consellerias deben presentar un programa mediante un procedimiento reglado. La clave es que se abandona esta modalidad como algo excepcional.
En su resolución, Justicia apunta que «la evolución favorable de la crisis sanitaria desencadenada por el covid-19 y el alto nivel alcanzado de vacunación de la población con pauta completa permiten un regreso a la normalidad de la actividad administrativa» . Por ello, se establece una presencialidad de 100% en toda la plantilla, incluida la de los organismos públicos. Ello implica dejar sin efecto «las previsiones contenidas en la resolución de 18 de mayo de 2021 respecto a la modalidad de teletrabajo en situación de crisis». Los sindicatos han aceptado la resolución sin cuestionar el fondo, si bien CSIF ha pedido que se garantice la seguridad en los puestos ante los fallos de ventilación en algunos edificios.
