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Puig y Bonilla dejan de lado las siglas y se alían contra la infrafinanciación

El presidente de la Generalitat y su homólogo en la Junta de Andalucía rubrican un acuerdo para reclamar un nuevo modelo de financiación basado en el criterio de población ajustada y exigen un fondo de compensación de 1.700 millones

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente de la Generalitat, Xmo Puig, ayer, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, ubicado en Sevilla. | INFORMACIÓN

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su homólogo en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, escenificaron este martes la alianza sellada entre ambos territorios para reclamar un cambio en el sistema de reparto de fondos del Estado, la aprobación de unas nuevas reglas que pongan fin la infrafinanciación que sufren ambas regiones. Lo hicieron con la firma de una declaración institucional (que puedes consultar aquí), un documento en el que reflejan la necesidad de articular una modificación estructural que garantice la igualdad de recursos entre comunidades a través de una nueva fórmula basada en el criterio de población ajustada. Mientras tanto, exigieron al Gobierno central que apruebe un fondo transitorio de compensación, un mecanismo que les insufle oxígeno económico para paliar el agravio histórico y asegurar la igualdad de oportunidades, así como una mayor autonomía para gestionar impuestos.

El pacto rubricado entre dos barones territoriales adscritos a siglas antagonistas, PP y PSOE, no pasó ni mucho menos desapercibido en la escena estatal. El encuentro de dos horas y la posterior comparecencia conjunta desde el Palacio de San Telmo, en Sevilla, sede del Gobierno andaluz, desencadenó una considerable repercusión en el tablero político y, con ello, consiguió uno de sus objetivos, que era posicionar el debate en la agenda nacional. El acuerdo alcanzado entre Puig y Moreno Bonilla representa los intereses del 30% de la población española, según remarcaron ambos en sus intervenciones, pues son 13 millones de personas los que residen en dos comunidades que se erigen, además, como la tercera y cuarta fuerza económica del país. Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto es así que instantes después de su comparecencia pública trascendió que Aragón, las dos Castillas, Galicia, Extremadura y Asturias tienen la intención de cerrar un frente común en octubre para defender los intereses de la España despoblada en torno a la financiación.

La unión entre la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía se ha plasmado en un acuerdo de 11 puntos, la bautizada como «Declaración institucional por un nuevo modelo de financiación», que será remitida al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que define el actual sistema de financiación como «discriminatorio, complejo y poco transparente» . En el documento, los dos mandatarios exponen que son conscientes de que el nuevo sistema requiere de un amplio consenso político y admiten que eso es algo que costará tiempo. Por ello, proponen crear un fondo transitorio compensatorio de nivelación que se prorrogue automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo sistema. Es decir, que les aporten fondos extraordinarios mientras no se corrija el déficit estructural. En sus intervenciones resaltaron que Andalucía recibe del Estado 110 euros menos por habitante que el conjunto de la media estatal. En el caso de la Comunidad Valenciana, la cantidad se eleva hasta los 200 euros, siendo la región peor financiada de todo el conjunto español. Está en el vagón de cola. Moreno Bonilla cifró en 1.700 millones de euros los que el Estado debería de aportar cada año para compensar la infrafinanciación de ambas comunidades, para «tapar la hemorragia» que vienen sufriendo el territorio valenciano y el andaluz, una losa que resta las oportunidades de inversión para sostener el Estado del bienestar y, al mismo tiempo, limita su competitividad, según coincidieron en señalar ambos mandatarios.

Tanto Ximo Puig como Juan Manuel Moreno Bonilla midieron cada palabra, cada valoración, para evitar suspicacias a sabiendas de que las cúpulas de sus respectivos partidos estaban al tanto del encuentro. Cada declaración sería analizada con lupa. De esa forma, se esforzaron en trasladar el mensaje de que se persigue «forjar una alianza de cooperación en aquello que nos une, no estableciendo ningún frente», subrayó Puig. El presidente andaluz, por su parte, ahondó igualmente en la necesidad de potenciar el diálogo y destacó la oportunidad de aportar una visión conjunta de dos comunidades periféricas «situadas lejos de los centros de poder».

El eje entre la Comunidad Valenciana y Andalucía se suma, además, a los acuerdos cerrados entre el Consell y el Gobierno balear en torno a la distribución de los recursos estatales. De esa forma, se empuja a favor de que la revisión del modelo de financiación se aborde desde un punto de vista de una mayor descentralización del Estado para que todas las autonomías, y no solo las peor financiadas, puedan sumar mayores fondos para atender sus necesidades. «Hablamos de que el actual sistema tiene insuficiencia financiera en su conjunto», remarcó el jefe del Consell. Ahora bien, ¿de dónde saldrán esos fondos adicionales? Pues, según Puig, de donde salen los recursos estatales, que es de los impuestos que pagan los ciudadanos.

La necesidad de acometer una redistribución de los recursos fue otro de los puntos en común del discurso del gobernante socialista y del popular. Con esa premisa, acordaron reconocer que las comunidades autónomas de régimen común tienen una «capacidad limitada» para decidir sobre el nivel de sus ingresos porque «carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan». En esa línea, pidieron que las comunidades puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos y que son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las regiones «de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el necesario escenario de la modernización de la estructura fiscal y en materia de imposición medioambiental». Dicho de otra forma, reivindican una mayor capacidad de decisión de las comunidades autónomas. Tanto Puig como Moreno Bonilla rechazaron la posibilidad de aprobar ahora una subida de impuestos.

Morneo Bonilla, Juan Bravo, Ximo Puig y Vicent Soler. | INFORMACIÓN

Precisamente, la recaudación impositiva y una posible armonización fiscal fue uno de los asuntos por los que se pasó de puntillas, uno de los puntos en los que sí se evidenció una diferencia de criterios entre ambos presidentes. Mientras el andaluz señaló que él cree «en la corresponsabilidad fiscal de cada comunidad y en la capacidad de decidir en el ámbito autonómico», Puig fue un paso más allá y dejó claro su posicionamiento a favor de una armonización fiscal en el país que permita tener un mayor equilibrio de rentas en España; una máxima que le ha llevado a un espinoso enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso a cuenta del denominado dumping fiscal que, según el valenciano, practica la Comunidad de Madrid.

Con todo, el discurso compartido de ayer se interpreta como una llamada al diálogo para reformar un modelo de financiación que se encuentra caducado desde 2014 y en el que diferentes territorios tienen, en principio, intereses contrapuestos. Moreno Bonilla aseveró que en Génova existe interés por renovar esta ley pero a nadie se le escapa que barones como el gallego, Alberto Núñez Feijóo, no parecen estar por labor. Con todo, el presidente de Andalucía se reunirá la próxima semana con el de Murcia para tratar de sumarlo a esta cruzada compartida y el Ministerio de Hacienda prevé presentar en noviembre el criterio sobre población ajustada para el nuevo modelo de reparto. Si hay una cosa que está clara es que, esta vez sí, el debate cobra la fuerza que buscan.

Las reacciones a la cumbre celebrada este martes entre la Comunidad Valenciana y Andalucía no se hicieron esperar. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunció que está manteniendo conversaciones con los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias para celebrar una reunión el próximo mes de octubre y concretar una postura común sobre el modelo de financiación autonómica en defensa de sus intereses.

Lambán aludió a la reunión organizada en Sevilla entre Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla y dijo que «el modelo de financiación que yo defiendo tiene más que ver con el modelo que defiende Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Extremadura o Asturias». A ese respecto, recordó que «con estas comunidades ya constituimos un foro de trabajo y en septiembre de 2018 promovimos la llamada declaración de Zaragoza, donde fijábamos una posición muy concreta sobre el modelo de financiación al que aspiramos, que tiene mucho que ver con la lucha de la despoblación». El presidente aragonés consideró que las posturas de Moreno Bonilla y Puig son «perfectamente respetables», si bien dejó clara su apuesta por un sistema que apuesta por combatir la despoblación, la España rural necesitada de oportunidades y la de la baja densidad de población. Con ese objetivo se promoverá un nuevo encuentro presencial entre los dirigentes de dichas autonomías para acercar posturas sobre el modelo de financiación.

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