La vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, evidenció este viernes que está dispuesta a mantener el pulso para la aprobación de una tasa turística que grave las pernoctaciones en la Comunidad. Ni las duras críticas del empresariado ni la negativa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han frenado por el momento su pretensión de sacar adelante la propuesta que cuenta con el apoyo del tercer socio de la coalición, Unides Podem. La valencianista se mostró abierta a retrasar la entrada en vigor del gravamen hasta que se materialice la recuperación económica tras la crisis pandémica, pero dejó claro que hay dos cuestiones en las que no está dispuesta a transigir: quiere que la aprobación del tributo se vincule a la negociación de los presupuestos y, además, que el debate se produzca en exclusiva en el seno del Consell. Es algo que, según remarcó, «no afecta a la patronal», porque no son los empresarios quienes pagan, sino las personas que vienen de fuera para «contribuir al bien colectivo y reparar el impacto que genera la actividad».
La propuesta conjunta de los vicepresidentes Mónica Oltra y Héctor Illueca para gravar las estancias en alojamientos turísticos se ha convertido en uno de los principales vectores de tensión en el Ejecutivo de coalición que pilota la Generalitat. La elección del momento concreto para lanzar esta propuesta no es para nada casual. Se produce exactamente en el periodo en el que los consellers del tripartito se sumergen en un tira y afloja por el reparto de fondos de la caja autonómica de cara a 2022, un órdago que desde el entorno de Puig se ha interpretado como una deslealtad. Fue anunciado públicamente sin siquiera haberlo comunicado primero al jefe del Consell. Tanto es así, que ayer echó un poco más de leña al fuego y reivindicó la independencia de los valencianistas y los morados para poder elevar sus iniciativas sin contar con el presidente: «La propuesta no se somete a una parte, eso también es democracia», resaltó.
Toda esta maniobra ha escocido en el principal despacho del Palau porque, al fin y al cabo, la estrategia se centra ahora en afianzar la salida de la crisis y, según dijo el propio presidente, acompañar a uno de los sectores que peor lo ha pasado por el bloqueo generado por el coronavirus. De ahí que el posicionamiento del PSPV sea de rechazo sin paliativos hacia este impuesto.
Llegados a este punto, y tras una cascada de reacciones que no cesa, la portavoz autonómica, en su comparecencia posterior al pleno del Consell, puso el foco en el qué y restó importancia al cuándo, es decir, señaló que la cuestión clave es ahora acordar cómo se articula este impuesto para incluirlo en las cuentas del próximo año, sobre las que no descartó que se retrase su aprobación más allá del mes de octubre. De esa forma, hizo un llamamiento al diálogo para diseñar cómo se impone el impuesto a los turistas, ofreció cifras al azar para ejemplificar que no abonaría lo mismo quien se hospede en un hotel de cinco estrellas que el que lo haga en una casa rural, y abrió, eso sí, la posibilidad a posponer su entrada en vigor.
«El ejercicio tiene 365 días: se puede poner el 1 de enero, el 1 de julio o el 30 de noviembre, o incluso dar una ‘vacatio’ más amplia. Los apriorismos en forma de líneas rojas nunca son buenos», expuso. Lo que Oltra quiere es que sí o sí se negocie ya porque, deslizó, los socialistas llevan dando largas cuatro años y parece que «nunca es el momento» de abordarlo. Visto lo visto, el PSPV está convencido de que ahora es, precisamente, peor momento que nunca.
Nueva secretaria autonómica de Justicia respaldada por Illueca
El pleno del Consell formalizó este viernes el nombramiento de Isabel Gemma Fajardo como nueva secretaria autonómica de Justicia, una elección que, en principio, pone fin a guerra registrada en Podemos, o al menos a una de sus grandes batallas. El cargo se encontraba vacante desde mayo tras la renuncia de Mireia Llobera. Encontrar a una persona sustituta fue el germen de un agrio enfrentamiento entre el entonces vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, y la síndica de los morados, Pilar Lima. La disputa llegó a su punto álgido con la dimisión del que hasta ese entonces era el número tres de la Generalitat, una crisis que se solucionó con la incorporación de Héctor Illueca, quien ha colocado ahora a una persona de su confianza y ha rechazado los perfiles que proponían tanto su antecesor en el cargo como la portavoz en las Cortes y líder de la formación en la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, el Consell formalizó también el nombramiento del nuevo director general de Coordinación institucional de la Conselleria de Vivienda, Marc Aparisi, hasta ahora jefe de gabinete de la Vicepresidencia Segunda, y que viene a sustituir a Adoración Guamán.
Finalmente, se aprobó el cese del conseller de Hacienda, Vicent Soler, como vicepresidente segundo en el Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, y su sustitución por el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.
