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El PP tiende la mano a los grupos de las Cortes: pide un acuerdo global en defensa del agua

La formación pone el foco en la necesidad de mantener el trasvase Tajo-Segura, reivindica la activación de los aportes del Júcar-Vinalopó y conectar la desaladora de Torrevieja con el pantano de Crevillent

La síndica, María José Catalá, y el presidente del partido, Carlos Mazón, en la sede el PPCV. | ROBER SOLSONA / E.P.

El Partido Popular quiere alcanzar un acuerdo global en las Cortes para fijar un posicionamiento común en defensa de los intereses hídricos de la Comunidad, un gran pacto político para remar en la misma dirección en una cuestión que afecta especialmente a la provincia de Alicante, que ve amenazada la continuidad del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital para la actividad económica. La iniciativa se enmarca en el debate de política general, que arranca el próximo lunes en la Cámara autonómica.

La propuesta de resolución que el partido presidido por Carlos Mazón ha hecho llegar a todas las fuerzas parlamentarias a través de su síndica, María José Catalá, insta a las Cortes a adoptar dos acuerdos: uno con reivindicaciones dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez y un segundo con peticiones concretas al Consell de Ximo Puig. En el primer caso, se insta al Ejecutivo central a «acabar con el maltrato hídrico» a la Comunidad Valenciana. Se exige que se reconozca la importancia y beneficios del regadío en todo el territorio autonómico, «abandonando cualquier tipo de beligerancia contra el mismo» y adoptando soluciones equilibradas entre la protección del medio ambiente y la satisfacción de las demandas hídricas para la agricultura. Eso es algo que pasa por la incorporación de las prescripciones del Convenio de Alarcón, así como de todos aquellos acuerdos alcanzados con la Unión Sindical de Usuarios del Júcar a la planificación hidrológica actualmente en revisión. El PP considera necesario que el Gobierno incluya las inversiones pendientes para completar la modernización de regadíos del Júcar, que figuran en los planes hidrológicos del Júcar desde 1998, para su ejecución a través de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia. Otro de los puntos que consideran vitales, especialmente para el territorio alicantino, es el de la aprobación de una declaración por la que se considere que el trasvase Tajo-Segura es esencial para la economía de la provincia de Alicante y otros territorios de la nación española, debiéndose mantener y reforzar la seguridad jurídica derivada del memorándum de entendimiento suscrito el 9 de abril de 2013 entre la Administración estatal y cinco gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Comunidad Valenciana. Sobre esa infraestructura estratégica, se solicita que la derogación del decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifican las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura, recuperando su íntegra vigencia las aprobadas por el Real Decreto 773/2014, hasta que no se produzca la entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo en tramitación y dichas normas reguladoras sean consensuadas con los regantes beneficiarios del trasvase y la Generalitat Valenciana, de forma que se mantendrían los aportes actuales.

Otro de los puntos recalca la necesidad de considerar el trasvase Júcar-Vinalopó como una infraestructura de importancia estratégica para la Comunidad , así como el reconocimiento de su necesaria puesta en marcha en el menor tiempo posible para paliar la insostenibilidad de la actual situación, derivada de la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, que debe ser corregida. También, la elaboración de unas reglas de explotación para su funcionamiento, con unos costes repercutibles ajustados, o reivindicar la a conexión de la planta desaladora de Torrevieja con el pantano de Crevillent, entre otros.

Mejor depuración, evitar inundaciones y cambio climático

La propuesta que el PP extiende al resto de grupos parlamentarios incluye instar al Consell a elaborar y ejecutar desde la EPSAR un plan de Inversiones destinado a las plantas depuradoras de la Comunidad para potenciar la regeneración de aguas residuales. También, la puesta en funcionamiento de una estrategia para ejecutar obras hidráulicas y de defensa contra inundaciones. En tercer lugar, se insta a ejecutar las infraestructuras hídricas necesarias para hacer frente a los efectos del calentamiento global, responder a la declaración de emergencia climática, y minimizar el impacto de futuras posibles lluvias torrenciales y evitar inundaciones.

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