Ximo Puig se enfrenta esta semana a una batalla dialéctica que será el reflejo de la virulencia que agita el escenario político de la Comunidad. El presidente de la Generalitat arriba al debate de política general, que arranca este lunes en las Cortes, con una oposición dispuesta a recrudecer su ofensiva para erosionar al Consell y de la mano de unos socios de Gobierno, Compromís y Unides Podem, dispuestos a echar un pulso al líder del PSPV a cuenta de la controvertida tasa turística, enmarcada en la sempiterna guerra botánica por la elaboración de los presupuestos. La brecha abierta en torno a una cuestión, la de gravar las pernoctaciones en alojamientos, tiene una especial trascendencia en la provincia de Alicante, una plaza en la que el presidente tiene significativos frentes abiertos que centrarán parte del discurso del PP, Cs y Vox. La amenaza del recorte al trasvase Tajo-Segura, la polémica por el reparto de fondos de la Agencia Valenciana de la Innovación, la vieja reivindicación sobre el uso del valenciano o la gestión sanitaria y las restricciones para atajar la pandemia son cuestiones clave que formarán parte de la munición y que, en el contexto actual, se suman al ruido de sables que resuena en las filas propias del Ejecutivo.
Tras un año y medio de la irrupción de la pandemia que lo ha cambiado todo, el jefe del Consell centrará su discurso en la salida de la crisis sanitaria, económica y social propulsada por el maná de los fondos europeos con los que se trata de cimentar la estrategia de recuperación, transformando el modelo productivo, generando empleo, fortaleciendo el Estado del bienestar y recalcando la importancia de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. El viento, a priori, sopla a su favor en lo relativo a datos sanitarios. El favorable resultado de esa radiografía posibilitará que esa misma mañana, antes del debate sobre el estado de la Comunidad, se celebre una reunión de la interdepartamental sanitaria en la que se darán pasos importantes para recuperar parte de la vieja normalidad, para relajar las restricciones y reactivar el sector productivo. Será precisamente en el marco del debate donde Puig sacará pecho de su gestión. La reivindicación por un modelo de financiación justo centrará igualmente buena parte de su alegato, con la vista puesta en la triple manifestación convocada el 20 de noviembre y en la propuesta de reforma de reparto de fondos que, se supone, presentará el Gobierno central.
El principal partido de la oposición, el PP, llega al debate con nueva síndica, María José Catalá, quien está llamada a ser la voz del presidente del partido, Carlos Mazón, en las Cortes. La formación asegura que afronta el debate de política general con un marcado carácter propositivo enfocado a aportar soluciones a los colectivos que más lo necesitan tras la crisis, con una especial relevancia para el empleo joven, la agricultura o la urgencia de reforzar la sanidad. Su propuesta de rebaja fiscal generalizada será otra de las reivindicaciones. Agua y turismo serán igualmente dos de las apuestas para defender los intereses de la provincia. Está prevista una encendida defensa del trasvase al Segura y se pedirán inversiones para la modernización de regadíos del Júcar, o la consideración del trasvase Júcar-Vinalopó como una infraestructura de importancia estratégica. El rechazo frontal a la tasa turística y presentar una resolución sobre financiación autonómica apuntalan de igual forma su línea de ataque.
También Ruth Merino, síndica de Cs, estará por primera vez al frente de un debate en el que reprochará a Puig sus «errores» en previsión y prevención por la pandemia, con restricciones que, considera, han limitado excesivamente las libertades. Pedirá un refuerzo de la sanidad, pondrá el foco en los sectores afectados duramente por las restricciones, pedirá trabajar en una estrategia de recuperación sólida para el turismo y el ocio nocturno, y reclamará una bajada del IRPF y eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Desde el grupo de Vox, Ana Vega pondrá el acento en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, en el «abandono y la falta de inversión en sanidad», en la defensa del trasvase Tajo-Segura o en la inmigración.
Desde la bancada contraria, Manolo Mata, síndico del PSPV, destacará la resistencia y el esfuerzo de la ciudadanía y el trabajo de los poderes públicos que, defiende, han garantizado que nadie se quede atrás, y apostará por diseñar un futuro más sostenible, con una nueva cultura del trabajo y de la protección social, en el que las inyecciones europeas contribuyan a afrontar la emergencia climática. La reivindicación de una financiación justa estará también muy presente en su discurso.
Fran Ferri, de Compromís, defenderá el Botànic como una fórmula de cogobierno que garantiza medidas valientes para mejorar la vida de la ciudadanía, y enfatizará la urgencia de afrontar la emergencia climática y social con una transición ecológica que consideran una oportunidad para generar empleo y, especialmente, en la necesidad de elevar el tono por la discriminación de los sucesivos gobiernos centrales por la infrafinanciación.
La portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, es otra de las que se estrena en el debate más importante del año. Defenderá una reconstrucción económica en el País Valencià que debe ser inclusiva, sin dejar a nadie atrás, situando la igualdad y la reducción de las desigualdades socioeconómicas en el centro y poniendo el acento en la juventud, tanto en cuestiones laborales como las relacionadas con la salud mental, así como en el derecho de acceso a la vivienda. La financiación autonómica formará, como no podía ser de otra forma, parte de sus reivindicaciones, y se apoyará en el contundente posicionamiento a favor de esa cuestión de Yolanda Díaz.
