La base del modelo territorial español actual está en los pactos autonómicos firmados en 1981 por los principales grupos políticos en el Congreso de los Diputados y que darían lugar a la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa). En aquel momento, el secretario de Estado para las Autonomías era el valenciano Manuel Broseta, asesinado en 1992 por ETA. Cuarenta años después de aquel proceso de formación del Estado de las autonomías, el jefe del Consell, Ximo Puig, considera que es el momento de unos nuevos pactos autonómicos, con el fin de actualizar el modelo de España.
Fue la principal novedad de la participación ayer del president de la Generalitat en el Foro La Toja, donde intervino en una mesa redonda con otros tres líderes territoriales, los populares Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y el socialista Emiliano García Page (La Mancha). Los tres defienden una posición contraria a la de Puig sobre financiación autonómica.
Más allá del dinero, el socialista valenciano abrió el foco sobre el modelo de país y el nuevo impulso descentralizador que considera que necesita. Una idea que ha reiterado en diversos foros, incluido alguno en Madrid. El argumento que expuso en La Toja es que en los pactos de hace 40 años las autonomías estaban por hacer, sin estructura política ni administrativa en la mayoría de casos. Hoy el panorama es muy diferente. La pandemia ha revelado la realidad de un estado compuesto, donde los territorios ocupan un papel importante. Entre otras cosas, dependen de ellos los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y atención social). Por ello, serían necesarios unos nuevos acuerdos refundacionales, ahora con una participación activa de los territorios, no solo de los grupos políticos.
Puig insistió en algunas otras de sus reivindicaciones: el efecto capitalidad de Madrid, su papel de aspiradora de recursos y la competencia desleal en materia de impuestos (dumping) que ejerce con respecto al resto de comunidades.
Lo llamativo del acto fue la ausencia de grandes discrepancias. Más bien al contrario. Sí que hubo una diferencia de actitud. Feijóo fue optimista sobre un acuerdo territorial sobre financiación. Page se declaró pesimista. Sobre este y sobre una reforma fiscal, en torno a la cual dijo que hay mucha demagogia. Y justificó su pesimismo: «El Estado central gana cada año que no se reforma la financiación». Para ella pidió unas bases comunes para todos.
Fue llamativo también la cercanía entre el planteamiento del presidente gallego y el valenciano, pese a estar en bloques reivindicativos distintos (y enfrentados presuntamente). «Sin una buena financiación autonómica, no va a haber buenos servicios públicos. No es cuestión de territorios, sino de personas». Es una declaración de Feijóo que podría ser suscrita por Puig, como este subrayó. Se le ha escuchado varias veces.
El jefe del Consell argumentó que los pactos autonómicos serían el espacio donde abordar los grandes cambios, el primero, la financiación. «Ha habido un inicio de cogobernanza positivo en la pandemia y se pueden utilizar instrumentos federales sin grandes reformas». Se refirió a la conferencia de presidentes y el consejo de política fiscal y financiera.
Fernández Mañueco defendió por su parte no olvidar a la España del interior, la despoblada.
El asunto fiscal fue el que generó más discrepancias. Feijóo y Mañueco pidieron no competir con Madrid sobre el impuesto de patrimonio, sino eliminarlo, y repartir el ingreso en otros tipos.
