Precisamente si hay un área que tradicionalmente ha liderado el ranquin de quejas presentadas ante el Síndic de Greuges ésa es la de Igualdad y Políticas Inclusivas, que, al fin y al cabo, se focaliza en todo lo relativo a los servicios sociales. Hasta el punto de que, en el último informe anual -el del primer año de pandemia, presentado en abril- el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana evidenciaba que precisamente una de cada cuatro quejas recibidas por la institución van dirigidas al departamento que dirige Mónica Oltra. Algo, por otra parte, que el propio síndic, Ángel Luna, consideraba lógico. «Es normal que acudan al Síndic de Greuges personas que necesitan prestaciones muy elementales, imprescindibles, y que, además, tienen un carácter muy definido en las leyes. Que el departamento que mayor número de quejas concite sea la Conselleria de Igualdad, la de servicios sociales, siempre va a ser así, por la propia configuración del Síndic, y por las personas a las que va dirigida su función», alegaba. Eso no quita para que, aún así, admitiera que son demasiadas, en muchos casos, por la complejidad de los procesos. Menos lógica, sin embargo, tiene lo ocurrido con la queja de oficio que abrió la Sindicatura en enero de este año para supervisar el funcionamiento de los centros de protección de menores con problemas de conducta. La resolución, publicada ya en la web de la institución, no puede ser más contundente: acusa a la conselleria de Oltra de graves intromisiones y de torpedear la investigación.
Al final, y visto lo visto, la Sindicatura ha optado por dar un paso más, y, de este modo, por proceder a la visita de las siete residencias para conocer de primera mano la situación. Posteriormente, convocará a la directora general de Infancia y Adolescencia para examinar todas las actuaciones desarrolladas desde que empezó este periplo.
Ahora bien, si esperpéntico puede resultar que una conselleria trate de biocotear la labor de una institución cuya misión es, ni más ni menos, velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades de las personas ante las administraciones local y autonómica, más lo es que, desde el departamento de Mónica Oltra, a preguntas de este periódico, optaran por el silencio y aplazaran al viernes cualquier tipo de explicación.
En cualquier caso, en la resolución, se detalla que estas instalaciones ya habían sido objeto de quejas anteriores y, concretamente, en los años 2013 y 2015. Así las cosas, el 28 de enero, la institución solicitó información de toda la normativa que quedaba pendiente de desarrollar respecto a esta cuestión, pero también de las circunstancias en las que se encontraban en esos momentos los centros y las actuaciones que había impulsado la conselleria por el covid, en plena ola de contagios.
Sin embargo, desde el departamento de Oltra no contestaron hasta el 12 de marzo, cuando la Dirección General de Infancia y Adolescencia remitió un informe que dio pie al Síndic a tratar de recabar referencias más detalladas sobre el perfil y la situación de los menores atendidos. Fue así como a mediados de abril la institución mandó a los directores y directoras de las residencias un cuestionario que debían cumplimentar ellos.
La primera sorpresa con la que se encontró la institución es que, de forma generalizada, nadie respondió. Llegó, pues, un segundo requerimiento a los destinatarios iniciales en mayo, recordándoles, además, como subraya la resolución, «la obligación legal de prestar auxilio al Síndic en sus investigaciones».
Dos semanas después, llegaba la segunda sorpresa. La Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales enviaba un oficio con «la información solicitada y aportada, directamente, por las residencias». Todo, además, sin firma alguna, pero con un membrete de la dirección general. Sí, se recogía, aunque por centros, la respuesta a algunas de las cuestiones solicitadas por la Sindicatura, pero sin las observaciones, opiniones y valoraciones que, de forma personal, se había requerido inicialmente a los equipos de dirección de los centros.
Y ahí es donde viene el primer reproche contundente del defensor del pueblo a Mónica Oltra y su departamento: «De estos hechos parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones para que la respuesta a los cuestionarios directos e individualizados que pidió el Síndic se remitiera, incompleta, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia para su posterior elaboración y envío a esta institución». Hasta el punto de que el informe que se acaba de publicar en la web de la institución evidencia que el 26 de mayo, en una reunión telemática celebrada entre la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, por una parte, y el síndic y los dos adjuntos de la institución, por otra, pusieron de manifiesto «la gravedad de la intromisión cometida», y solicitaron una respuesta de la conselleria.
Tampoco ahí hubo suerte, y el 7 de junio, enviaron personalmente a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas un escrito firmado por el síndic «poniendo en su conocimiento lo sucedido y solicitando una respuesta que permitiera recomponer la situación producida con la interferencia en la investigación que se estaba llevando a efecto».
Respaldo a las actuaciones
Tres meses después, a principios de septiembre, Oltra contestó, pero lo hizo para respaldar la actuación de su directora general de Infancia y Adolescencia. Justificaba, en este sentido, que se agruparan y modificaran los cuestionarios que se habían remitido a los directores y directoras de los centros. «No se ofrece ninguna actuación, por parte de la conselleria, que permita llevar a efecto la investigación tal y como había sido diseñada y planificada por esta institución», se apostilla en ese punto en la resolución firmada por Ángel Luna.
Con este escenario de partida, el Síndic de Greuges afirma que «se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha». Por eso, acuerda comenzar a visitar los siete centros que entraban en la queja planteada de oficio por la institución para conocer de primera mano su funcionamiento y la situación de los menores, con entrevistas privadas con el personal de dirección de esas residencias. En paralelo, y tras esos encuentros, convocará una reunión con la directora general de Infancia y Adolescencia para analizarlo todo.
El PP insiste con la vicepresidenta: pide a Puig su cese por falta de transparencia
No se hizo esperar demasiado la respuesta del PPCV a la obstaculización por parte del departamento de Mónica Oltra a la investigación de los centros de protección de menores promovida por el Síndic de Greuges. Nada extraño, después de que este mismo lunes la síndica del PPCV en la Cortes, María José Catalá, focalizara buena parte de su intervención en el debate de política general en pedir la dimisión de la vicepresidenta, Mónica Oltra, a raíz de la condena a su exmarido por abusar de una menor tutelada. Por boca de la portavoz adjunta de los populares en la Cámara valenciana, Elena Bastidas, los populares volvieron a pedir al jefe del Consell, Ximo Puig, que cese a Oltra, «por la falta de transparencia y por su negativa reiterada a investigar su gestión en los centros de menores». Bastidas subrayó que «esta actitud de no querer llegar al fondo de lo que está ocurriendo en los centros de menores es ya reiterativa por parte de Oltra. ¿Qué oculta? ¿Qué es lo que no quiere que se sepa de su gestión en la política de menores?», y recordó que el PP ya presentó en su día una queja ante la Sindicatura por esta misma cuestión.
