Una intromisión muy grave en lo que debe ser la actuación del Síndic de Greuges -cuya misión es, ni más ni menos, velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades de las personas ante las administraciones local y autonómica-, obstaculizando, a la sazón, una investigación. Eso es lo que considera el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana que ha venido haciendo desde principios de este año la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), con la queja que abrió de oficio la Sindicatura en enero para supervisar el funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Así se desprende de la resolución firmada por el Síndic de Greuges, Ángel Luna, y que ya está publicada en la web de la institución.

En la resolución, se detalla que estas instalaciones ya habían sido objeto de quejas anteriores y, concretamente, en los años 2013 y 2015. Así las cosas, el 28 de enero, la institución solicitó información de toda la normativa que quedaba pendiente de desarrollar respecto a esta cuestión, pero también de las circunstancias en las que se encontraban en esos momentos los centros y las actuaciones que había impulsado la conselleria por el covid. La actuación de la Sindicatura, de hecho, llegaba cuando la Comunidad Valenciana registraba las peores cifras como consecuencia de la pandemia.

Sin embargo, desde el departamento de Oltra no contestaron hasta el 12 de marzo, cuando la Dirección General de Infancia y Adolescencia remitió un informe que dio pie al Síndic de Greuges a tratar de recabar referencias más detalladas sobre el perfil y la situación de los menores atendidos. Fue así como a mediados de abril la institución remitió a los directores y directoras de las residencias un cuestionario específico que debían cumplimentar ellos.

La primera sorpresa con la que se encontró la institución que encabeza Ángel Luna es que de forma generalizada nadie respondió. Llegó, pues, un segundo requerimiento a los destinatarios iniciales en mayo, recordándoles, además, como recuerda la resolución, “la obligación legal de prestar auxilio al Síndic en sus investigaciones”.

Dos semanas después, se encontraban con la segunda sorpresa. La Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales enviaba un oficio con “la información solicitada y aportada, directamente, por las residencias”. Todo, además, sin firma alguna, pero con un membrete de la Dirección General de Infancia y Adolescencia. Es ahí donde se recogía, por centros, la respuesta a algunas de las cuestiones solicitadas por la Sindicatura, pero sin las observaciones, opiniones y valoraciones que, de forma personal, se había requerido inicialmente al personal de dirección de los centros.

Y ahí es donde viene el reproche contundente del defensor del pueblo a Mónica Oltra y su departamento: “De estos hechos parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones para que la respuesta a los cuestionarios directos e individualizados que pidió el Síndic se remitiera, incompleta, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia para su posterior elaboración y envío a esta institución”. Hasta el punto de que el informe que se acaba de publicar en la web de la institución evidencia que el 26 de mayo, en una reunión telemática celebrada entre la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, por una parte, y el síndic y los dos adjuntos de la institución, por otra, pusieron de manifiesto “la gravedad de la intromisión cometida”, y solicitaron una respuesta por parte de la conselleria.

Tampoco ahí hubo suerte, y el 7 de junio, remitieron personalmente a la vicepresidenta y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas un escrito firmado por el síndic “poniendo en su conocimiento lo sucedido y solicitando una respuesta que permitiera recomponer la situación producida con la interferencia en la investigación que se estaba llevando a efecto”.

Tres meses después, a principios de septiembre, Oltra contestó, pero lo hizo para respaldar la actuación de su directora general de Infancia y Adolescencia. Justificaba, en este sentido, que se agruparan y modificaran los cuestionarios que se habían remitido a los directores y directoras de los centros. “No se ofrece ninguna actuación, por parte de la conselleria, que permita llevar a efecto la investigación tal y como había sido diseñada y planificada por esta institución”, se apostilla en ese punto en la resolución firmada por Ángel Luna.

Con estos puntos de partida, el Síndic de Greuges afirma que “se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha”. Por eso mismo, acuerda comenzar a visitar los siete centros que entraban en la queja planteada de oficio por la institución para conocer de primera mano su funcionamiento y la situación de los menores, con entrevistas privadas con el personal de dirección de esas residencias. En paralelo, y tras esos encuentros, pide una reunión con la directora general de Infancia y Adolescencia.