El Consell obligará a multipropietarios a destinar las viviendas vacías a uso público

La Generalitat obligará a los grandes tenedores de viviendas, aquellos con más de once inmuebles en propiedad y que se dediquen al mercado inmobiliario, a ponerlas en uso público con un alquiler social, bajo amenaza de multa en caso de incumplimiento. El Consell podrá hacer uso de esas casas deshabitadas tras autorizar este viernes un decreto para movilizar viviendas vacías con el que pretende desarrollar la Ley de Función Social de la Vivienda de 2017 en materia de intervención y de fomento del alquiler de viviendas deshabitadas. Con esta norma, la Generalitat pretende poner a disposición de la ciudadanía viviendas deshabitadas que están en manos de los grandes tenedores con once inmuebles o más. «No afectará a viviendas deshabitadas de propietarios de uno, dos, tres o cuatro inmuebles, sino a los grandes tenedores; es decir, a los que tengan a partir de once viviendas y se dediquen a la actividad económica inmobiliaria», aclaró la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra.

Para ello, el gobierno valenciano, como propuso la Conselleria de Vivienda que dirige Héctor Illueca (Unides Podem), creará un registro de viviendas deshabitadas y se regulará el procedimiento administrativo para inspección y sanciones. El decreto entrará en vigor cuando esté disponible la aplicación informática necesaria y «en todo caso» no será antes del 1 de marzo, tras lo que habrá un plazo de 20 días tras su publicación en el Diario Oficial.

En cuanto a las sanciones, en un plazo de seis meses desde que se detecten estas situaciones, se establecerán multas coercitivas con una cuantía equivalente al precio mensual de un alquiler de una vivienda de los mismos metros. En concreto, las medidas que recoge tienen como objetivo movilizar las viviendas vacías, centrándose principalmente en las que están en manos de grandes tenedores, y establecer medidas de fomento para su alquiler, explicó la vicepresidenta del Consell. Además, se regulará el procedimiento administrativo para la declaración de la vivienda deshabitada, la creación del registro de viviendas deshabitadas y el procedimiento administrativo para la inspección y la imposición de las sanciones ante el incumplimiento de la función social de la vivienda.

También se prevé la creación de la «Red alquila» de intermediación y fomento del alquiler y de un programa de alquiler solidario como iniciativa para la rehabilitación de viviendas no habitadas que serán cedidas a la Generalitat, a fin de movilizarlas para dar cumplimiento a la función social de la vivienda. Paralelamente se creará la «Bolsa habita» que pondrá a disposición viviendas para atender las necesidades residenciales de las personas o unidades de convivencia en situación de emergencia residencial.

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