El pacto del Gobierno central sobre vivienda da alas al Consell para regular el alquiler en 27 municipios

El acuerdo rubricado entre los dos socios del Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, para intervenir en el mercado de alquiler de vivienda podría permitir al Consell del Botànic regular los precios de arrendamiento en al menos 27 municipios de la provincia de Alicante. El pacto, que ha permitido desbloquear la negociación de los presupuestos estatales, va aparejado a la aprobación de una nueva ley de vivienda que, en principio, será aplicada a través de las comunidades autónomas. Las principales novedades que introduce son dos: se pone límites a los alquileres de grandes propietarios -a partir de 10 viviendas-, y también, congela precios en las llamadas «zonas tensionadas». Desde la Vicepresidencia segunda de la Generalitat y Conselleria de Vivienda se calificó este martes como «muy positiva» la hoja de ruta fijada por el Ejecutivo a la espera de ver cómo se puede trasladar su aplicación al territorio valenciano.

Conocer cuáles son los parámetros que utilizará el Gobierno central para determinar las zonas de mercado tensionadas por la escasez de vivienda será fundamental para calcular el impacto de la nueva normativa en la Comunidad. De hecho, por ahora se desconoce si será la Administración estatal o la autonómica la que determine cuáles son esas áreas. No obstante, fuentes del departamento que lidera el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, de Unides Podem, apuntan a que la Generalitat ya tiene parte de los deberes adelantados. Hace 10 meses, la Conselleria dirigida entonces por Rubén Martínez Dalmau, elaboró el informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), un estudio que incorporó datos precisos para realizar por primera vez un diagnóstico para conocer las necesidades reales de los municipios con base en la urgencia habitacional de las familias. El estudio concluyó que existen 83 municipios situados en áreas con necesidad de vivienda alta en el territorio autonómico, entre ellos 27 de la provincia, como Alicante, Elche o Torrevieja, y otros con menor población como Alcoy, Elda o San Vicente del Raspeig. El municipio turístico por excelencia, Benidorm, se ubica enmarcado en un área con necesidad tipificada como media, al igual que Rojales o Jijona.

El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, subrayó ayer a este diario que todavía no es posible saber cómo se aplicará la nueva normativa, si bien, destacó que es posible que el Estado apueste por actuar en zonas de alta concentración de población. En esa línea, añadió que desde la Generalitat se tratará de intervenir para tener igualmente en cuenta variables como la concentración turística y el fenómeno de la gentrificación. Afirmó también que la predisposición del Gobierno regional para colaborar con el Ejecutivo central para la puesta en marcha de esta nueva normativa será total, y consideró que es una ley que «responde a demandas sociales de colectivos de jóvenes y mayores, porque la problemática en vivienda es transversal».

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Aguilar recalcó que la apuesta del Gobierno estatal por impulsar esta ley de vivienda permitirá fortalecer las políticas que el Consell ya viene desarrollando en esta materia. De hecho, el pasado viernes se dio luz verde a un decreto para la movilización de viviendas vacías deshabitadas. Entre las novedades que aporta, se encuentra la regulación de la declaración de la vivienda deshabitada y la gestión del registro de las mismas, entendiéndose por deshabitada aquella que, siendo propiedad de un gran tenedor, sea declarada como tal mediante una resolución administrativa por incumplir su función social.

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