La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha acusado a la empresa concesionaria del departamento de Salud de Torrevieja, Ribera Salud, de "obstaculizar" el proceso de reversión a la gestión pública de este área de la Vega Baja con su "negativa a facilitar cualquier tipo de información". Todo ello a poco más de una semana de que la Generalitat tome las riendas de un servicio que ha estado en manos privadas durante los últimos 15 años y que volverá a estar dirigido de forma directa por la Administración autonómica, a partir del 15 de octubre. En ese sentido, Barceló ha asegurado que ya está todo "preparado" para que el departamento esté "al cien por cien desde el primer minuto".
Barceló ha comparecido hoy en la comisión de Sanidad de las Cortes, a petición propia, para informar sobre la inminente reversión del departamento sanitario de Torrevieja a través de un proceso que, ha asegurado, se acometerá "con total seguridad jurídica y atendiendo las necesidades asistenciales de la población protegida", en este caso, 180.000 personas. No obstante, la consellera no ha ofrecido hoy en sede parlamentaria detalles sobre el decreto para la incorporación del personal ni sobre cuáles serán los principales cambios que se instaurarán en el sistema de funcionamiento, por ejemplo, con relación a la cartera de servicios. Esas incógnitas que están todavía por despejar han servido de munición a la oposición de PP, Cs y Vox, que han cargado contra la consellera y, en general, contra el Botànic, hablando de "improvisación y sectarismo" y vaticinando que se perderá calidad asistencial como ocurrió, sostienen, en la reversión de Alzira.
La intervención de la consellera ha girado en torno al boicot que, ha denunciado, está realizando la empresa concesionaria por su negativa a colaborar, y, también, sobre el modelo de gestión indirecta implantado en su día por el PP en el que la sanidad fue concebida "como un negocio". Una fórmula, ha apostillado, que "socializa pérdidas y privatiza beneficios". Y además, ha añadido, "lo hizo sin informes de ningún tipo, ni económico ni de viabilidad que sostuviera la decisión", mientras que en este momento, el Consell cuenta con un estudio, que no solo abarca la parte económica sino también la asistencial, y con otros informes que avalan la reversión.
"La planificación sanitaria de la red pública se ha diseñado en los 20 años de gobiernos del PP, en buena medida, en función de los intereses de las empresas adjudicatarias del modelo concesionario. Se han cedido a la gestión privada los departamentos más rentables y atractivos para garantizar esos beneficios", ha dicho.
Batalla judicial
Barceló ha destacado que el TSJCV ha rechazado hasta en cinco ocasiones en cinco meses las peticiones de la concesionaria para la suspensión de las normas de reversión y del proceso en sí mismo, una guerra judicial que ya ocurrió en el departamento de la Ribera -el primero en ser revertido-. Lo que la consellera ha venido a denunciar es que la empresa está incumpliendo el contrato porque, hasta el momento, ni si quiera ha entregado los datos laborales de los trabajadores. La concesionaria, ha dicho, no ha facilitado el listado porque Ribera "lo tiene sinergiado, incluido el equipo directivo, y lo comparte entre Vinalopó y Torrevieja", lo que supone para el grupo "un ahorro económico fantástico".
Aún así, ha asegurado que una vez nombrada la futura gerente del departamento, María Pilar Santos, "el equipo directivo ya está preparado y dispuesto todo lo necesario" para la reversión. En ese sentido, ha afirmado que este departamento ya está incorporado al entorno GVA y a los sistemas a pesar de que la concesionaria todavía no ha entregado las claves de acceso a determinados sistemas y confía en que se cumplan los compromisos todavía pendientes a pesar del escaso margen.
Además, ha lamentado "las graves deficiencias estructurales" de los pliegos por ser "un copia y pega", no incluir "mecanismos de control" y tener "lagunas interpretativas", lo que ha llevado a "continuos litigios en los tribunales: 62 procedimientos judiciales interpuestos por las concesionarias, el 95% de ellas por Ribera Salud".
Lo que se hará en los próximos días será la publicación del decreto para la incorporación a la conselleria de todo el personal que estaba contratado por la empresa a través de la fórmula del personal laboral a extinguir, después de que Compromís y Unides Podem impidieran al PSPV impulsar una empresa pública para asumir la gestión de la plantilla. A ese respecto, ha detallado que más de 6.000 personas se han inscrito en la bolsa de empleo para acceder al hospital, mientras que los departamentos de Orihuela y Elche prestarán apoyo en esta primera fase.
Barceló ha asegurado que el Botànic mantendrá su hoja de ruta para recuperar la gestión sanitaria directa.
Desde la bancada de la oposición, José Juan Zaplana (PP), ha criticado que la gestión se prioriza en base con "la ideología sectaria de izquierdas y ha denunciado hoy que el departamento de Torrevieja perderá 300 trabajadores tras la reversión y el Gobierno valenciano "aún no sabe si contratará personal".
El portavoz de Sanidad en el grupo popular ha preguntado a Barceló “qué va a pasar con el decreto (de trabajadores), cuándo se va a aprobar, qué pasa con el convenio colectivo de los trabajadores o con el proceso de selección del equipo directivo, así como con las empresas subcontratadas que ofrecen servicios al departamento de salud y sobre las que no ha aclarado si se prorrogarán los contratos, se licitarán nuevos o qué va a pasar con el personal. A una semana no se sabe nada”, ha concluido.
Desde Cs, Fernando Llopis ha cuestionado que la titular de Sanidad asegure que están preparados para el cambio "pero no tienen ni las claves informáticas". Se ha preguntado "si vale la pena" esta reversión cuando ahora supone "menos dinero y tiene mejor resultado". En ese sentido, ha apuntado que la reversión de la Ribera supuso "un sobrecoste de 76 millones y un incremento del 25% de la lista de espera". No obstante, ha añadido que él, personalmente, en cuestiones de sanidad no tiene ideología y que una vez que se ha tomado la decisión de revertir, la concesionaria debe entregar los datos. "Me tendrá a su lado para que la transición sea ordenada", la ha dicho a Barceló.
David García, de Vox, sostiene que la hoja de ruta de Sanidad "se basa en mentiras" y ha aseverado que la reversión en Alzira dejó en el limbo a decenas de trabajadores.
Por contra, los diputados del Botánic, pese a sus discrepancias iniciales sobre qué modelo aplicar para ejecutar la reversión, han cerrado filas en defensa de la gestión directa. Carmen Martínez, del PSPV, ha manifestado que este era un acuerdo electoral y que "la vida de una persona no se mide por el coste de un tratamiento de salud". Carlos Esteve, de Compromís, ha defendido que la reversión sí es una cuestión ideológica para acabar con un "episodio negro para la salud de los valencianos" dado que privatizar la sanidad es algo que no funciona. Pilar Lima, de Unides Podem, ha reflexionado que las condiciones laborales de los empleados de estas empresas son deplorables porque cobran menos que en el sistema público, las ratios de personal son menores, las listas de espera se ocultan, y existe obsolescencia tecnológica para ahorrar costes. "La pandemia nos ha dado la lección de que la sanidad pública no se puede entregar al mejor postor", ha concluido.
