La consellera de Sanidad aseguró este miércoles que la Generalitat está preparada para asumir la gestión del departamento de Salud de Torrevieja desde el 15 de octubre a pesar, según recalcó, de los intentos de la empresa concesionaria, Ribera Salud, de «obstaculizar» el proceso de reversión con su «negativa a facilitar cualquier tipo de información». Ana Barceló denunció el boicot al proceso por parte de la adjudicataria y, de paso, cargó contra el modelo de privatizaciones implantado en su día por el PP, ese que concebía el sistema «como un negocio» a través de una fórmula que «socializa pérdidas y privatiza beneficios». No obstante, garantizó que el traspaso se acometerá «con total seguridad jurídica y atendiendo las necesidades asistenciales de la población protegida», en este caso, 180.000 personas.
La comparecencia de Barceló se produjo en la comisión de Sanidad de las Cortes, en concreto, en el marco de una sesión que se convocó a petición propia. La consellera pretendía ofrecer explicaciones sobre un asunto que ha alimentado la confrontación política durante meses, también en la propia coalición del Botànic, y que ahora encara su recta final. Lejos queda el choque de trenes entre Compromís y Unides Podem frente al PSPV a cuenta de la polémica empresa pública que defendían los socialistas para asumir la plantilla de Torrevieja, un proyecto que nunca vio la luz pero que sacó a relucir la batalla interna; una más. Ahora, en cambio, la coalición de izquierdas proyecta un argumentario común frente a cómo desmontar la gestión privada y lo hace ante una oposición a la derecha que continúa tildando la hoja de ruta como «improvisada» y la decisión de «sectaria».
La titular de Sanidad dedicó la mayor parte de su alocución principal y sus turnos de réplica a arremeter contra la propia empresa y contra la marca popular sin ofrecer detalles significativos sobre el decreto para la incorporación de los trabajadores -que se rubricará en los próximos días bajo la fórmula del personal laboral a extinguir-, ni sobre cuáles serán los principales cambios en el sistema de funcionamiento, por ejemplo, con relación a la cartera de servicios. Insistió, eso sí, en que a nueve días de la reversión, la empresa ni si quiera ha entregado los datos laborales de los trabajadores ni las claves de acceso de determinados sistemas, aunque se trató de esforzar en transmitir tranquilidad, afirmando que no habrá problemas por falta de personal. De hecho, 6.000 personas se han inscrito en la bolsa de empleo específica.
La Generalitat ha librado una compleja batalla judicial contra la concesionaria, que ha interpuesto una batería de recursos para intentar paralizar el proceso y que ha perdido sistemáticamente. Es el resultado, según Barceló, de unos pliegos de concesión que carecían de «mecanismos de control» e inducían a «lagunas interpretativas». No obstante, la consellera aseguró que el método aplicado para ejecutar el traspaso está bien amarrado y manifestó que el Consell cuenta con un informe económico y asistencial que avalan la reversión; documentos que la conselleria declinó ayer revelar. Remachó que por supuesto se trata de una decisión ideológica, la de un Gobierno que abandera la gestión de lo público, una coalición a la que Barceló agradeció el apoyo.
Desde la bancada de la oposición, José Juan Zaplana (PP), incidió en que el departamento perderá 300 trabajadores tras la reversión y el Consell «aún no sabe si contratará personal». Se preguntó «qué va a pasar con el decreto, cuándo se va a aprobar, qué pasa con el convenio colectivo de los trabajadores o con el proceso de selección del equipo directivo, así como con las empresas subcontratadas que ofrecen servicios». Desde Cs, Fernando Llopis cuestionó «si vale la pena» esta reversión cuando ahora supone «menos dinero y tiene mejor resultado». La comparó con el proceso en la Ribera, del que dijo supuso «un sobrecoste de 76 millones y un incremento del 25% de la lista de espera». No obstante, y contra todo pronóstico, trasladó que una vez que se ha tomado la decisión de revertir, la concesionaria debe entregar los datos exigidos y que Barceló le tendrá «a su lado para que la transición sea ordenada». Vox se mostró contrario: la hoja de ruta de Sanidad «se basa en mentiras».
