La Diputación de Alicante ha abierto un nuevo frente con la Generalitat Valenciana a cuenta de la inversión territorializada en el ámbito cultural. La institución provincial ha elaborado un informe que cifra en 2,12 euros el gasto autonómico por habitante en la provincia frente a los 15,7 euros en Valencia y los 14,1 euros de Castellón. La entidad que preside Carlos Mazón reclama al Ejecutivo que lidera Ximo Puig que ponga fin al agravio, que inyecte en el sur de la Comunidad los mismos fondos con los que se financian la actividad de museos y centros musicales en el resto del territorio. En definitiva, que acabe con la «brecha cultural» que, según denuncian, soporta la demarcación alicantina.
Cuatro millones de euros, lo que supone el 7,5% del gasto total. Esa es la cantidad que, según la Diputación, se destina en los presupuestos de la Generalitat para el mantenimiento de centros culturales adscritos a la Administración autonómica o conveniados con la institución provincial en Alicante. Un montante global que, según el análisis realizado, queda muy lejos del que percibe Valencia, con 40,7 millones de euros (el 77% del total), e incluso de Castellón, que cuenta con menos de un tercio de los habitantes de Alicante pero que recibe 8,3 millones (el 15,6% del total). El estudio encargado desde la corporación provincial concluye que existe un «desfase territorial abismal» y que la provincia pierde más de 15 millones de euros al año en desarrollo cultural, conforme a su población, en relación con Valencia y Castellón.
El informe comparativo realizado desde la Diputación ha sido aportado a la Generalitat en el marco de la comisión bilateral convocada entre ambas instituciones para tratar de ordenar sus relaciones y redefinir competencias; un cauce de diálogo que, por el momento, no ha conseguido limar asperezas ni tampoco fraguar acuerdos. De hecho, desde la institución provincial aseguran que todavía no han recibido respuesta a la petición formal para que la Administración autonómica asuma una parte de los costes culturales que financia la Diputación con tal de llegar, dicen, a un equilibrio similar al de Valencia y Castellón. En concreto, la institución alicantina asegura que destina 19,2 millones a gasto cultural (el 8% de su presupuesto total) frente al 4% que reserva la Diputación de Valencia y el 5% de la de Castellón.
La corporación que preside Mazón, dice el informe, tiene que sostener íntegramente el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y su orquesta sinfónica, con un presupuesto de 6,5 millones sin ninguna aportación de la Generalitat, mientras centros musicales semejantes con sus respectivas orquestas son financiadas totalmente por la Generalitat, como el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló (2,6 millones de euros) y el Palau de les Arts Reina Sofía de València, al que la Generalitat aporta 19,3 millones de euros a través de su fundación.
En cuanto a museos y centros de exposiciones, la Diputación señala que mantiene el Museo Arqueológico Provincial (Marq) con una presupuesto de 3,8 millones, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, con 1,4 millones, y el Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag) con 400.000 euros. De entre ellos, resalta que sólo el Marq recibe 140.000 euros de la Generalitat. Sin embargo, destaca el informe, en la provincia de Castellón la Administración autonómica financia «prácticamente la totalidad del coste de museos similares», como el Espai d’Art Contemporani de Castelló y el Museo de Bellas Artes de Castelló; mientras que en València financia el IVAM con 11,15 millones, y el Museo de Bellas Artes con 5,4 millones de euros.
El documento concluye que la Diputación de Alicante invierte de su presupuesto un importe superior a los 12 millones de euros para sostener centros culturales de carácter provincial, un coste que no asumen las diputaciones de Valencia y Castellón, dado que en sus territorios los financia la Generalitat. Un esfuerzo financiero en Alicante que, destaca, «resulta imprescindible para llenar el vacío de la política cultural de la Generalitat en la provincia». Por ello, concluye exigiendo a la Administración autonómica que asuma de forma inmediata al menos un parte de ese coste que soporta la Diputación.
