La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por Mónica Oltra, ha abierto un nuevo frente contra el Síndic de Greuges. El departamento dirigido por la vicepresidenta del Gobierno autonómico se está negando a contestar a los requerimientos de la institución que dirige Ángel Luna, relacionados con quejas de ciudadanos relativas a su gestión. La misma justificación se ha repetido en al menos una decena de procedimientos: alega que debido a la falta de personal no puede atender las peticiones de información en los plazos estipulados por ley y, además, culpa a las consellerias de Hacienda y Justicia de la carencia de medios. Y no solo eso, sino que solicita incluso al defensor del pueblo valenciano que interceda ante las áreas que encabezan Vicent Soler y Gabriela Bravo, respectivamente; una petición que ha sido rechazada en su totalidad, dejando claro que esa cuestión compete a la organización del Consell, en ningún caso a la propia Sindicatura, y advirtiéndole de que está obligada a cumplir la ley en lugar de excusarse en cuestiones de índole organizativa.
Las respuestas dirigidas desde la conselleria de Oltra al Síndic han sido rubricadas por el subsecretario de su departamento y están calcadas en toda una batería de procedimientos. En concreto, los escritos recogen que, «debido a la carga de trabajo derivada del elevado volumen de prestaciones y servicios que gestiona este departamento, no resulta posible atender su solicitud en los plazos requeridos. Tan pronto como sea factible, y en la medida en que lo permita la disposición de recursos, le facilitaremos la información que solicita». Una información que, por el momento, sigue sin llegar en lo relativo a diversos trámites.
Una de las cuestiones que más llama la atención de la estrategia emprendida por la conselleria de la líder de Compromís es su petición para que el Síndic actúe como una suerte de mediador entre áreas de la Generalitat para que se les dote de los recursos que, se asegura, les impiden atender las solicitudes.
«Sería conveniente que, si usted lo considera oportuno, recomendara a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que efectúen con rapidez las gestiones necesarias para la creación y cobertura de los puestos de trabajo que nuestro departamento ha solicitado», y añade que «solo así nos será posible atender en tiempo todos y cada uno de los procedimientos de queja iniciados por la ciudadanía y que tan valiosos resultan para la mejora de la gestión de la Administración de la Generalitat».
En sus respuestas, la institución estatutaria advierte a la conselleria de que esos escritos incumplen la ley que regula la Sindicatura dado que no manifiestan el posicionamiento con respecto, por ejemplo, de las consideraciones que se hacen en las resoluciones. Además, deja claro al departamento de Oltra que «resulta del todo ajeno a las competencias del Síndic la facultad de recomendar a las consellerias de Hacienda y Justicia que procedan a la creación y la cobertura de los puestos de trabajo solicitados».
«La capacidad de distribuir los medios humanos y materiales de que dispone el Consell forma parte de la potestad de autoorganziación de que disponen todas las administraciones públicas», cuyos problemas, le deja claro, «deben ser resueltos en el seno del propio órgano de gobierno».
De igual modo, se recalca que «este motivo está siendo utilizado, con idéntico tenor literal, para rechazar el cumplimiento de las consideraciones» que la institución viene realizando en diferentes procedimientos, «por lo que deviene, más que en una concreta motivación, en una cláusula de estilo que no puede ser admitida».
De lo contrario, prosigue el Síndic, se admitiría que la satisfacción de los derechos de la ciudadanía «puede ser eludida sine die por quien está obligado a garantizarla, con referencias indeterminadas a problemas de índole organizativo».
De las resoluciones emitidas por la Sindicatura se desprende que la institución no va a demorar el proceso de resoluciones. En ese sentido, se deja claro que, cuando el departamento de Oltra no se pronuncia sobre si acepta o no las recomendaciones efectuadas por el Síndic, se da por hecho que no las acepta. Desde el departamento de Oltra rechazaron este miércoles realizar valoraciones sobre este asunto.
El Síndic de Greuges cuenta desde marzo con un nuevo marco normativo que obliga a hacer públicas las respuestas que emiten las administraciones. Hasta entonces, solo se difundían los informes de la propia Sindicatura, pero ahora también se hacen públicas las respuestas de los investigados. Con ello, cualquier ciudadano puede consultar la evolución completa de los procesos.
Un nuevo choque tras el de los centros de menores
La relación institucional es especialmente tensa tras las acusaciones de obstrucción y falta de rigor
La polémica por la negativa de la conselleria de Mónica Oltra de cumplir con los plazos establecidos en la legislación que regula la Sindicatura salta a la palestra en un momento en el que la relación institucional entre este departamento de la Generalitat y el defensor del pueblo es especialmente tensa. El choque con el departamento que encabeza Ángel Luna llega pocos días después de que el Síndic de Greuges le culpara de obstaculizar una investigación sobre el funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. En concreto, se acusó a la conselleria de Oltra de graves intromisiones y de torpedear la investigación. Tanto es así que, finalmente, se decidió dar un paso más, y, de este modo, proceder a la visita de siete residencias para conocer de primera mano la situación. Tras ello, la vicepresidenta del Consell acusó a Luna de lanzar «insidias y sospechas» sobre su gestión. La consellera negó públicamente haber dificultado la investigación y acusó al Síndic de falta de rigor en su resolución. Las críticas y dardos de la vicepresidenta del Consell a la Sindicatura que dirige el que fuera portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes fueron constantes, acusándola de hacer resoluciones «poco taxativas».
