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El PP reactiva su calendario para renovar sus liderazgos en la provincia y empieza por Alicante

El comité ejecutivo inicia el proceso en 66 municipios entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre y deja sin fecha otros como Orihuela, San Vicente o Alcoy

El comité ejecutivo del PP inicia el proceso para renovar liderazgos en 66 municipios entre el 24 de octubre y el 15 de diciembre.

El Partido Popular de la provincia ha activado el calendario de asambleas para renovar liderazgos locales, siendo la primera gran cita la programada en Alicante ciudad, prevista el 27 de noviembre para reelegir al alcalde, Luis Barcala. Aunque todavía no se ha concretado la fecha, la intención en estos momentos es que la cita en Elche también tenga lugar ese mismo fin de semana. El proceso asambleario se desarrollará entre el 24 de noviembre al 15 de diciembre, con una primera tanda prevista para un total de 66 municipios. 

El comité ejecutivo y la junta directiva provincial de los populares acordaron en una reunión celebrada el jueves impulsar el proceso que se ha visto retrasado diez meses de la previsión inicial. Primero, por los condicionantes del covid. Después, por el congreso regional de julio que aupó a Mazón y, por último, debido a la convención nacional celebrada hace dos semanas en València. Ahora, el PP de la provincia ha decidido retomar las asambleas pendientes. Lo hará comenzando por los municipios de menor población, a excepción de la capital provincial, donde ya se está buscando emplazamiento para organizar el cónclave. 

Por el momento, el PP provincial ha dejado sin fecha los procesos de agrupaciones de grandes municipios como Orihuela, San Vicente del Raspeig o Alcoy, que todo apunta a que se organizarán de cara a 2022. Sí que están previstos los de Alicante, El Campello, Busot y Mutxamel, en L’Alacantí; los de Ibi, Agres, Almudaina, Benifallim, Muro, Tollos, Benimassot, Confrides, Famorca, L’Orxa, Planes, Benillup, Beniarrés, Gaianes, Penàguila y Alcoleja, en La Muntanya; Elche, Albatera y Guardamar, en la demarcación del Baix Vinalopó; Almoradí, Torrevieja, Benijófar, Formentera, Redován, Cox y Pilar de la Horadada, en la Vega Baja; Benidorm, La Nucía, Bolulla, Finestrat, Callosa d’en Sarrià, Relleu, Polop, Altea y Beniardà, en la Marina Baixa; Lliber, Murla, Ondara, Tormos, Vall d’Alcalà, Els Poblets, Beniarbeig, Benissa, Alcalalí, Teulada, Benidoleig, Calp, Senija, Gata de Gorgos, Xàbia y Pedreguer, en la Marina Alta; Agost, Algueña, Salinas, Aspe, Elda y Monóvar, en el Medio Vinalopó; y Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada y Sax, en el Alto Vinalopó.

Precisamente, el cónclave celebrado hace dos semanas en València y la exhibición de músculo de la delegación alicantina, que aportó un tercio de los 12.000 asistentes a la jornada en la que se celebró el mitin de la plaza de toros, motiva que se afronte la renovación de asambleas municipales en un contexto de euforia popular, una sensación de entusiasmo que, además, se sostiene en las 140 nuevas afiliaciones en las filas populares de la provincia desde la convención nacional. 

Afianzar estructuras locales sólidas se ha convertido, ahora sí, en una prioridad para el partido en la provincia, un paso al frente necesario para afinar el organigrama que, a fin de cuentas, debe pelear por movilizar a la base social que necesita para tratar de recuperar la Generalitat y, también, para sostener o recuperar poder municipal. El proceso en territorio alicantino estaba previsto que arrancara en enero, pero la pandemia lo impidió y la concatenación de acontecimientos posteriores ha motivado el retraso. Por en medio ha quedado el traspaso de poder de Mazón a Toni Pérez en la cúpula provincial, después de que el primero se pusiera al frente de la sala de máquinas del PPCV, y una convención nacional en la que el aparato regional se ha volcado para garantizar un baño de masas al jefe de Génova.

La reunión organizada por la cúpula de los populares alicantinos sirvió para presentar la reforma fiscal que proponen para la Comunidad Valenciana. Se trata de un proyecto abanderado por el presidente regional del PP, Carlos Mazón, que asegura que, de aplicarse, el 80% de los contribuyentes pagaría menos que el resto de España. La propuesta fue presentada por los diputados autonómicos José Antonio Rovira y Rubén Ibáñez. 

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