El vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, debutó este miércoles en las Cortes. Compareció a petición propia para desgranar los ejes sobre los que pivotará su acción política en materia de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. El conseller aprovechó el altavoz que confiere la tribuna para anunciar que contará con una inyección extra de 179 millones de euros de Bruselas para rehabilitación, regeneración urbana y promoción pública de vivienda. Una dotación que, según reivindicó, permitirá seguir implementando la hoja de ruta del Botànic y, en particular, la de Unides Podem; esa que inició su antecesor en el cargo, Rubén Martínez Dalmau, cuyo legado puso en valor.
El conseller de Podemos explicó que, de la cuantía global de fondos europeos, se destinarán 124 millones de euros para actuaciones relacionadas con la rehabilitación y la regeneración urbana. Prevén rehabilitar 17.314 viviendas, tanto públicas como particulares, entre finales de 2021 y 2023. Los 55 millones restantes servirán para reactivar las promociones de vivienda protegida a través de la colaboración público-privada tras una década de parón. Con ello, se pretende impulsar la edificación de 2.400 inmuebles.
En su alocución, Illueca recalcó la necesidad de dirigir políticas públicas en materia de vivienda por dos cuestiones fundamentales: ofrecer soluciones habitacionales, sobre todo, dirigidas personas en vulnerabilidad y jóvenes, y, de igual modo, fomentar políticas para que la construcción sea más eficiente y ecológica. De hecho, puso el énfasis en la cuestión social y las brechas de la desigualdad rescatando frases del papa Francisco, como la de «Esta economía, mata».
«Las capas humildes de nuestra sociedad, las que levantan este país, viven afligidas ante el chantaje perpetuo del mercado inmobiliario», dijo el conseller. Destacó las medidas que se han ido aprobando en lo que va de mandato, como ayudas al alquiler, la unidad antidesahucios o la ampliación del parque público con herramientas innovadoras como la compra por tanteo y retracto, así como el decreto que obliga a movilizar inmuebles vacíos en desuso de grandes tenedores, han servido como referente al Gobierno central para impulsar la nueva Ley de Vivienda. También se posicionó a favor de la descentralización y atacó a Madrid por el efecto capitalidad y su política de rebajas fiscales, que la convierten, aseveró, en «un agujero negro que absorbe las energías del país al tiempo que contribuye al declive de la España vaciada».
La radiografía de la oposición del bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) fue diametralmente opuesta, criticando que el parque público tiene «2.300 viviendas menos de las que heredaron» del PP en 2015. Criticando que su llegada al cargo haya sido para tapar los problemas internos de Podem. No obstante, Illueca defendió que es vicepresidente por la legitimidad que le otorga la mayoría política de la Cámara y advirtió que quiere que sus políticas no sean puntuales, sino «irreversibles». Recalcó que, ante todo, urge actuar contra la especulación.
Tasa turística: Unides Podem negociará «sin líneas rojas» y la CEV se posiciona en contra
El vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, aseguró este miércoles que Podem está abierto a «discutir abiertamente» la implantación de la tasa con un debate «sin líneas rojas», hablando «de absolutamente todo: cuándo debe entrar, en qué términos y cuál debe ser el destino de la recaudación». El jefe del Consell, Ximo Puig, reiteró que ahora el Gobierno está centrado en la recuperación y que en un futuro se puede debatir, pero apuesta porque tenga carácter municipal y voluntario. Fran Ferri (Compromís) espera «llegar a un consenso» para implantar la tasa en las cuentas de este año. Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, expresó su rechazo a esta posibilidad, pues supone «una falta de sensibilidad» en términos empresariales para un sector que no se ha recuperado; en términos laborales para los trabajadores que siguen en ERTE y en términos políticos por no negociar con el sector.
Mónica Oltra: El Botànic cierra filas para evitar su reprobación por la sentencia de abusos
Los tres grupos parlamentarios que sustentan al Botànic volvieron a cerrar filas en torno a la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra, para evitar su reprobación en las Cortes. Ciudadanos, a través de la diputada María Quiles, registró la propuesta que exigía «pedir responsabilidades» por la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el caso de la condena a un trabajador de un centro de menores (exmarido de Oltra) tras ser condenado a cinco años por abuso sexual a una menor. Quiles pidió la dimisión o el cese de Oltra por considerar que «abandonó a la menor para proteger su sillón» y preguntó a los diputados de la Cámara si sus sillones «valen más que la dignidad de una niña». Recibió el apoyo de PP y Vox. Tanto Compromís, como el PSPV y Unides Podem defendieron que el fallo condena al agresor, no a la conselleria, y acusaron a Cs de utilizar el discurso de la ultraderecha para atacar a la vicepresidenta.
