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La comisión de expertos de la reforma fiscal rechaza la tasa turística: resta competitividad

El informe encargado por el Botànic aboga por no incrementar los costes de un sector estratégico en un momento de crisis, para ayudar a su supervivencia y proteger el empleo - Proponen aliviar impuestos a las rentas bajas, fiscalidad verde y gravar las bebidas azucaradas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los vicepresidentes, Mónica Oltra y Héctor Illueca, en las Cortes valencianas. | M. A. MONTESINOS

La comisión de expertos nombrada por el Botànic para abordar las claves de una posible reforma tributaria ha elaborado un informe que supone todo un revés a las aspiraciones de Compromís y Unides Podem de imponer una tasa turística en la Comunidad, al menos en el actual escenario. El dictamen concluye que el turismo es el motor económico de la región y argumenta que, en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia de covid, lo que se recomienda es, precisamente, proteger al sector, en lugar de impulsar medidas que pueden restarle competitividad. Lo que sí sugiere al Consell es que se avance hacia una fiscalidad progresiva, de forma que se alivien impuestos a las rentas medias y bajas, que se aprueben nuevos impuestos verdes y que se inste al Estado a acordar un marco normativo que garantice la armonización con tal de evitar el dumping fiscal entre comunidades. El documento, además, llega sólo un mes después de que el presidente del PPCV, Carlos Mazón, presentara la reforma fiscal de los populares como su principal proyecto estrella.

En las circunstancias actuales, recoge el documento, es más certero optar por no establecer un impuesto sobre las estancias en alojamientos turísticos. Los expertos creen que en estos momentos lo que se debe hacer es exactamente lo contrario, que no es otra cosa que «apostar por minimizar los costes del sector en orden a incrementar su atractivo económico en un sector fuertemente competitivo». Ello con el objetivo de «incrementar las posibilidades de su supervivencia como sector económico estratégico en la Comunidad, tratando de preservar en una época de fuerte crisis por la covid-19 los puestos de trabajo». Son Compromís y Unides Podem quienes empujan para la aprobación de este gravamen, mientras el PSPV se muestra reticente.

El informe ha sido elaborado por catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de diferentes universidades de la Comunidad, profesores de Economía Aplicada y por la dirección de la Agencia Tributaria Valenciana, todos ellos integrados en dicha comisión. El estudio «Sobre el ejercicio de la Autonomía Financiera de la Comunidad Valenciana mediante el desarrollo de su propio sistema tributario e impuestos cedidos» fue entregado este viernes al Consell y recoge una serie de recomendaciones que, ahora, el Gobierno autonómico estudiará y que «servirán de base para futuros proyectos legislativos sobre fiscalidad», precisó la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra.

En el apartado de tributos propios extrafiscales dirigidos a garantizar la suficiencia financiera de la Generalitat, se propone la creación de impuestos verdes para gravar las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y la emisión de gases de efecto invernadero por actividades y grandes establecimientos comerciales, entre otros. También abre la posibilidad a establecer un posible impuesto valenciano sobre bebidas con azúcares añadidos.

Sobre tributos cedidos a la Generalitat, el informe respalda en su integridad el diseño actual del Impuesto de Patrimonio en la parte correspondiente al Consell y propone modificar las bonificaciones en el de Sucesiones y Donaciones. En concreto, los expertos apuestan por generalizar el porcentaje de bonificación del 75%, que se aplicaría tanto a familiares de los grupos I y II, como a personas con discapacidad, si bien con el límite máximo fijado en 100.000 euros. De esa forma, se mantendría el número de beneficiarios de la bonificación, pero se beneficiaría más a quienes menos reciben y menos a los que más perciben.

Con relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, propone bonificaciones para municipios en riesgo de despoblación. Se plantea también una reforma de las tarifas autonómicas sobre el IRPF con dos opciones distintas en las que, en ambos casos, se avanza todavía más en la progresividad y en el efecto redistributivo, manteniéndose la recaudación prácticamente constante. Las dos opciones proponen una bajada de tipos para rentas bajas y medias, y un incremento de los tipos para las rentas altas, manteniéndose constantes tanto los 10 tramos como el tipo máximo en el 29,50%.

Solicitan al Estado medidas contra el dumping fiscal

El dictamen refuerza una de las líneas estratégicas del Botànic, como es la de luchar contra el dumping fiscal entre comunidades. En concreto, urge a la Generalitat a solicitar al Estado que se prime la progresividad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la introducción de un mínimo exento, de forma que los patrimonios mínimos quedarían excluidos de su pago, así como la fijación estatal de límites mínimos y máximos dentro de los cuales las comunidades pudieran ejercer su poder tributario, «de forma que se reduciría la competencia entre territorios y el fraude fiscal motivado por deslocalizaciones».

Con respecto al Impuesto de Patrimonio, se solicita al Estado una armonización y limitación de determinadas potestades normativas de las comunidades en materia de deducciones y bonificaciones de la cuota de este impuesto, limitándolo a circunstancias personales de discapacidad, sin que en ningún caso puedan suponer una reducción de la cuota superior al 50%. En materia de IRPF, el dictamen propone al Gobierno central seguir la estela de la Comunidad Valenciana e introducir deducciones fiscales para fomentar la repoblación de zonas con baja densidad demográfica.

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