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La Ley del Fondo de Cooperación encara su semana clave con las vías de acuerdo entre Botànic y PP totalmente cerradas

PSPV, Compromís y Unides Podem impondrán su mayoría en las Cortes para obligar a la Diputación a sumarse al reparto de ayudas a municipios mientras los populares recurrirán al Constitucional

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, en un acto en Alicante.

Miércoles, 27 de octubre. Esa es la fecha grabada en la agenda de las Cortes valencianas para celebrar un debate de ámbito autonómico que tendrá especial trascendencia en la escena provincial. Ese día, los grupos parlamentarios rivalizarán en torno a un proyecto legislativo que ha alimentado la confrontación institucional y política desde hace un lustro; exactamente, los años que la Diputación de Alicante lleva boicoteando el sistema de reparto de subvenciones a entidades locales en el marco del controvertido Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. De nada ha servido la reunión bilateral impulsada para tratar de acercar posturas, con más eco mediático que resultados tangibles, según admiten a este diario desde ambas partes. Los dos bloques antagonistas, el del Botànic, por un lado, y el que lidera el PP, por otro, arriban a la sesión con posiciones absolutamente enfrentadas que transcienden el ámbito del poder legislativo y que tienen mucho que ver con la estrategia para marcar posicionamientos, precisamente, desde los dos principales centros de poder gobernados por la izquierda y la derecha en la Comunidad, los que lideran Ximo Puig y Carlos Mazón.

Lo que discurrirá previsiblemente como una agria batalla dialéctica en la que saltarán chispas en la Cámara valenciana acabará a todas luces en un endiablado laberinto judicial. La coalición que sostiene al Ejecutivo autonómico, la que conforman el PSPV, Compromís y Unides Podem, cuenta con los votos suficientes para la aprobación definitiva de la normativa. Los populares, por contra, ya están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley que, defienden, atenta contra la independencia de las diputaciones, en concreto, contra su autonomía financiera, al obligarles a aportar fondos para ser distribuidos entre las entidades locales con base en los parámetros fijados por la Generalitat.

Desde 2015, el Consell inyecta 40 millones de euros anuales en las localidades de la Comunidad, de los cuales 13,7 millones son absorbidos por los pueblos de la provincia con criterios objetivos; la misma cantidad que la Diputación se ha venido negando a aportar y que, con la promulgación de esta ley, se vería obligada a abonar. Mientras tanto, la institución provincial ha venido defendiendo que las reglas del Consell para fijar el reparto perjudican a los municipios más pequeños mientras que su modelo, el del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, según sostienen, es menos lesivo con las poblaciones con menor ratio de habitantes; un argumento que los rivales políticos de Mazón tiran por tierra al asegurar que lo que se busca es, realmente, mantener un sistema de ayudas que se decide «a dedo». Con todo, se da el caldo de cultivo perfecto para tratar de justificar un cruce de acusaciones permanente con el que el alicantino ha tratado de sumar protagonismo en el plano autonómico, más todavía desde que está al frente de la sala de mandos del PP regional, mientras Puig ha evitado el pulso directo. Ha preferido no posicionarse de igual a igual para no contribuir, de ninguna forma, a que sume notoriedad.

Si algo ha quedado meridianamente claro ha sido la incapacidad para alcanzar acuerdos en todo este asunto. De hecho, el Botànic impuso su mayoría para tumbar las 38 enmiendas registradas por el PP, Cs y Vox. Las vías de diálogo entre la izquierda y la derecha están totalmente cerradas. No obstante, los de Ruth Merino optaron en aquella sesión por la abstención, aunque no se había tenido en cuenta ninguna de sus propuestas. Está por ver si en la sesión del miércoles aprueban finalmente el botón rojo, el verde, o si se quedan de nuevo en el ámbar de la indefinición mientras gobiernan con Carlos Mazón en Alicante. Aún así, su posicionamiento es más simbólico que otra cosa, ya que no influirá en un resultado que está decidido.

La votación será el jueves y Ximo Puig comparecerá un día antes

La aprobación definitiva de la Ley del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat se producirá el próximo jueves, cuando está previsto que los grupos que sustentan al Botànic saquen adelante la normativa gracias a la mayoría que les otorgan sus 52 escaños. La sesión de control al presidente, Ximo Puig, que se celebra normalmente los jueves de la semana que hay pleno, se adelantará esta vez un día por motivos de agenda, puesto que el jefe del Consell viajará a Zaragoza para participar en un encuentro empresarial. Por otro lado, las Cortes abordarán también en esta misma sesión la aprobación de la Ley de Protección y Promoción del Palmeral de Elche.

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