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Cs se alinea con Mazón en contra del Fondo de Cooperación en Alicante

El tripartito rechaza la batería de alegaciones de la oposición y obligará a la Diputación a sumarse a un plan de reparto de fondos que los populares recurrirán por ser «inconstitucional»

Diputados del grupo popular, ayer, antes de comenzar la sesión en las Cortes. | INFORMACIÓN

El guion estaba escrito. Un final alternativo hubiera sido prácticamente un ejercicio de ciencia ficción. En la sesión plenaria de este miércoles, el PSPV, Compromís y Unides Podem siguieron adelante con su proyecto para sacar adelante la ley para regular el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. Las enmiendas de la oposición fueron rechazas en bloque y la iniciativa acabará siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional. Hasta ahí, sin novedad, nada que no se conociera ya. La única incógnita que faltaba por despejar era el posicionamiento de Cs. Finalmente, se alineó con el PP, su socio en la Diputación de Alicante, presidida por Carlos Mazón. Los naranja dejaron atrás su indefinición y anunciaron que votarán en contra de la iniciativa del Botànic, que obligará de facto a la principal institución gobernada por los populares en la Comunidad Valenciana a aportar fondos para repartir entre los municipios de la provincia tras cinco años de boicot.

No fue un debate especialmente tenso. De hecho, la batalla dialéctica fue bastante más sosegada de lo que se podía esperar en torno a un asunto que ha alimentado durante un lustro la confrontación entre la institución provincial y la Generalitat. «Esta ley solo tiene el objetivo de someter a la Diputación de Alicante», aseveró el diputado popular José Antonio Rovira, quien argumentó que con esta norma se comete una doble ilegalidad, puesto que fuerza y obliga a las diputaciones a participar del fondo de forma coactiva y por repartir el fondo con un criterio estrictamente poblacional, cuando el objetivo de las diputaciones es favorecer a los pequeños municipios. Es por ello que, tal y como la formación ha venido advirtiendo, la norma será recurrida por ser contraria a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Bases de Régimen Local.

Mamen Peris, de Cs, culpó al Botànic de haber «pasado el rodillo» tras negarse a negociar una propuesta consensuada y, de alguna forma, se vio obligada a defender por qué han apoyado el Fondo de Cooperación en las diputaciones de València y Castellón y no lo han hecho en Alicante. Y es, según explicó, porque en la institución que su partido gobierna con el PP ya se impulsa el plan Más Cerca que también reparte fondos a los municipios, incluso más que los previstos por el fondo autonómico. Peris defendió su rechazo a que la Generalitat margine a la provincia de Alicante en dotación presupuestaria para actividad cultural y mostró su desacuerdo con que la iniciativa que impulsa la Generalitat pudiera ser utilizada por los municipios para financiar gastos de personal, «para enchufismos», recalcó. Dicho eso, no le quedó otra opción que aguantar el chaparrón. «Les preocupa el enchufismo en los ayuntamientos, pero Cs tiene nueve asesores para dos diputados en Alicante», le reprochó Silverio Tena, de Compromís. Por su parte, el socialista Ernest Blanch defendió que se trata de una ley que garantiza la suficiencia financiera de las entidades locales, potencia su autonomía y «supera situaciones de clientelismo y sectarismo», mientras que desde la Diputación de Alicante «se dan caramelos a los suyos y se castiga a los municipios en los que ellos (PP y Cs) no gobiernan».

Vox también rechazó la iniciativa, pero solo el PP anunció un recurso judicial que está por ver cómo acabará. Lo que sí se da por hecho es que servirá de queroseno a una batalla que va más allá del mero conflicto competencial.

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